En el estado de Nuevo León, las estadísticas oficiales indican una notable disminución en los casos de trata de personas, pasando de 91 en 2021 a apenas 8 en 2024. Sin embargo, diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil han expresado escepticismo hacia estos datos, señalando que podrían estar manipulados y no reflejan la realidad de la situación. Luz María Ortiz Quintos, integrante de la organización ciudadana Asfamilia, ha sido una de las voces más críticas, argumentando que estas cifras “no son reales” y que existe una subestimación del problema debido a la falta de denuncias y la desconfianza hacia las autoridades.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata de personas abarca una variedad de formas de explotación, incluyendo explotación sexual, trabajos forzados y tráfico de órganos, afectando en gran medida a mujeres y niños. Ante esta situación, la ciudadanía y los expertos han pedido mayor transparencia en las estadísticas y una estrategia preventiva efectiva que atienda el problema de fondo y no se limite a publicar cifras.
Organizaciones piden mayor transparencia
La reducción en los reportes de trata de personas en Nuevo León, que han caído un 91.2% en los últimos cuatro años, no ha pasado desapercibida para los colectivos de derechos humanos y seguridad. Estos grupos aseguran que el descenso no necesariamente refleja una mejora real en la situación, sino una falta de denuncias o, incluso, una manipulación de las estadísticas. Ortiz Quintos, de Asfamilia, sostiene que las cifras actuales son absurdas y no corresponden a la realidad, pues muchos de los delitos no se denuncian debido a la desconfianza en las autoridades, mientras que el número de desapariciones y reportes de incidentes sigue en aumento.
“La situación es preocupante. No todas las víctimas de trata denuncian, y cuando lo hacen, muchas veces se enfrentan a una respuesta inadecuada por parte de las autoridades. Si comparamos con administraciones anteriores, notamos que la información ahora parece manipulada para minimizar el problema,” comenta Ortiz Quintos.
La activista también mencionó que muchos de los casos de trata involucran a personas que son forzadas a trasladarse a otros estados o incluso fuera del país, con la intención de explotarlas de distintas maneras. Las víctimas, en muchos casos, son mujeres y niños que son robados y sometidos a explotación sexual o laboral, y en algunos casos, sus órganos son extraídos para el mercado negro. Esta violencia extrema y la falta de medidas preventivas generan un ambiente donde el delito sigue ocurriendo, aunque los registros oficiales indiquen una baja.
ONU alerta sobre explotación y tráfico de órganos
La ONU ha publicado reportes en los que advierte sobre la complejidad de la trata de personas, un delito que afecta tanto a hombres como a mujeres y niños, y que incluye la captación, transporte y explotación de las víctimas mediante amenazas, coerción o engaños. Según la ONU, dos tercios de las víctimas en el mundo son mujeres, y uno de cada cinco afectados es un niño, lo cual refleja el alcance devastador de este problema.
La explotación toma muchas formas, desde prostitución hasta trabajos forzados y esclavitud, así como la extracción de órganos para fines ilícitos. Las víctimas no solo son obligadas a realizar trabajos o actos en contra de su voluntad, sino que son sometidas a condiciones inhumanas y privaciones severas. “Es alarmante que, a pesar de la gravedad de este delito, no haya una imagen clara de la magnitud del problema en regiones como Nuevo León,” afirma la ONU en sus reportes. La organización destaca también que la diversidad en los perfiles de las víctimas y las modalidades de la trata dificultan tener una cifra exacta y confiable, lo que exige de los gobiernos una metodología rigurosa para la recopilación de datos.
Ley local y demandas de ciudadanos en Nuevo León
Nuevo León cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, promulgada en 2010 y reformada en 2023. Esta reforma establece una serie de principios para atender este delito con una perspectiva de derechos humanos, priorizando la dignidad y seguridad de las víctimas y aplicando una visión de género y protección infantil en los casos que involucran a menores. Sin embargo, colectivos y ciudadanos consideran que esta ley, aunque positiva, requiere una implementación efectiva y constante.
Recientemente, Sandra Pámanes, diputada local por el partido Movimiento Ciudadano, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas enérgicas contra la trata en el estado. Su demanda se produjo tras el rescate de un bebé de dos meses que había sido secuestrado por dos mujeres. Aunque el rescate fue un éxito, Pámanes subrayó que estos casos reflejan una falta de intervención más efectiva en los problemas relacionados con la trata de personas. La diputada sugiere que si las autoridades actuasen con igual diligencia en todos los casos de desaparición y explotación, los resultados serían más visibles y alentadores.
En esta misma línea, Ana María Esquivel, directora del Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León, también pidió una mayor claridad en los datos sobre desapariciones, argumentando que muchos de estos casos podrían estar relacionados con la trata de personas. Esquivel explica que, sin una comprensión clara de las circunstancias de cada desaparición, es difícil hacer un diagnóstico adecuado y proponer soluciones preventivas. Además, resaltó que la trata de personas debe ser combatida con una estrategia integral que contemple acciones de prevención y no solo reacciones ante los casos ya ocurridos.
Para Esquivel, aunque la ley y los esfuerzos legislativos representan un avance, se requiere también una política pública que trabaje en la sensibilización y concientización de la población, además de una coordinación interinstitucional que permita identificar las redes y patrones de operación de los tratantes.
Array
