Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León dejó muy en claro que los juicios políticos en contra de Samuel García, gobernador de Nuevo León y del secretario general de gobierno, Javier Navarro, seguirán su curso. La relación entre García y el Congreso local se encuentra en una encrucijada a pesar de que el mandatario ha mostrado disposición para colaborar.
La presidenta señaló que los procesos políticos que involucran al gobernador y a su secretario general no serán archivados ni desestimados. Los casos se encuentran ya en la Comisión Anticorrupción de la 76ª Legislatura y deberán ser atendidos. De la Garza indicó que estos procesos forman parte del expediente que la Comisión debe revisar, asegurando que el cabildeo con el gobernador no influirá en su tratamiento. “La ley no se negocia, se aplica”, reiteró, haciendo énfasis en que estas cuestiones son competencia exclusiva de la Comisión y no del Ejecutivo estatal.
Tras la instalación formal de la Comisión Anticorrupción, la diputada explicó que el siguiente paso consiste en recibir toda la documentación necesaria para proceder con el análisis detallado de los juicios. Además, enfatizó que el cabildeo con sus compañeros legisladores será crucial en las próximas sesiones para determinar cómo proceder con cada caso. Lorena de la Garza subrayó que no habrá posibilidad de “guardar” los procesos, y que deberán llegar a su conclusión de acuerdo con lo estipulado por la ley.
No habrá concesiones en la aplicación de la ley
La presidenta del Congreso subrayó que, a pesar de cualquier posible acuerdo político con el gobernador, no habrá concesiones que vayan en contra del cumplimiento de la ley. En este sentido, recalcó que, aunque el diálogo con Samuel García podría centrarse en otros temas, no se permitirá que las cuestiones legales sean negociadas. “Nosotros no podemos acordar no acatar la ley. Por eso digo que eso no se negocia porque nosotros no podríamos ser omisos en la aplicación de la ley”, comentó De la Garza.
El Congreso de Nuevo León tiene bajo su análisis un total de 40 casos, algunos de ellos con varios años de antigüedad. La Comisión Anticorrupción evaluará qué asuntos continúan vigentes y cuáles deben desecharse por haber caducado. De este modo, la revisión de los procesos se centrará en aquellos que aún requieran atención, sin dejar de lado la importancia de resolver el rezago legislativo. Esta evaluación será clave para determinar el futuro de los casos que involucran a funcionarios de alto perfil, como el gobernador y su secretario general.
Dudas sobre el cabildeo del gobernador
Lorena de la Garza también lanzó una advertencia en relación con las supuestas acciones del gobernador Samuel García ante la Suprema Corte de Justicia. Según informes, García habría estado gestionando ante el máximo tribunal temas relacionados con la elección del Fiscal del Estado. Si esto se confirmara, pondría en entredicho la intención de García de establecer un nuevo comienzo en su relación con el Congreso.
“No tengo la certeza de que esté en la CDMX para ese tema, pero si sí es así, si se confirma que él está ahí para ver ese asunto en lo particular, pues creo que habla muy mal de sus intenciones de poder hacer un nuevo comienzo con el Congreso”, apuntó la diputada. Para Lorena de la Garza, la posibilidad de que el gobernador esté interviniendo en estos temas en un ámbito judicial significaría un doble discurso por parte del Ejecutivo estatal, contradiciendo su aparente voluntad de trabajar de manera coordinada con los legisladores.
La relación entre el Congreso y el gobernador Samuel García se ha visto marcada por la confrontación, en especial por cuestiones clave como la designación del Fiscal del Estado y los procesos de juicio político. Aunque el mandatario ha intentado proyectar una imagen de cooperación, las acciones que se le atribuyen en la Suprema Corte podrían evidenciar que la disputa está lejos de resolverse.
Lorena de la Garza declara sobre los procesos judiciales
El futuro político de Samuel García y su equipo está directamente vinculado a estos juicios políticos, que podrían tener consecuencias significativas para su administración. Lorena de la Garza ha dejado claro que estos procesos no se detendrán, y que el Legislativo está comprometido con la transparencia y el cumplimiento de la ley. En este sentido, el desarrollo de los casos en la Comisión Anticorrupción será decisivo para determinar si García y sus colaboradores enfrentarán consecuencias legales por las acusaciones en su contra.
El caso no solo implica una lucha de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también está en juego la percepción pública de ambos actores. El manejo de estos juicios será observado de cerca por la ciudadanía, que espera que las instituciones políticas actúen con responsabilidad y en apego a la ley. Para Samuel García, el resultado de estos procesos podría influir en su legado como gobernador, mientras que para el Congreso representa una oportunidad de consolidar su papel como contrapeso efectivo en el sistema político de Nuevo León.
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