La activista conocida como Chola Fem, quien es fundadora y vocera de la colectiva Morras Feministas de Monterrey, ha exigido una disculpa pública tanto del gobernador Samuel García como de su esposa, Mariana Rodríguez, después de que se difundieron sus datos personales en redes sociales. Este hecho ocurrió tras su participación en las protestas contra el aumento de las tarifas del transporte público en Nuevo León, una medida que, según la activista, ha generado un ambiente de acoso y vulnerabilidad para ella y sus compañeras de colectivo. La activista denuncia que, a través de este acto, tanto el gobernador como su esposa no solo invadieron su privacidad, sino que también pusieron en peligro su seguridad.
Acoso por la difusión de datos personales
El conflicto comenzó cuando la cuenta de redes sociales “Chismecito Político” compartió información personal de Chola Fem y la vinculó erróneamente con grupos políticos del PRI de Nuevo León que se manifestaron en contra del aumento a las tarifas del transporte público. En un giro inesperado, tanto el gobernador Samuel García como su esposa, Mariana Rodríguez, replicaron esta información en sus plataformas, lo que aumentó el nivel de exposición y acoso hacia la activista. Según Chola Fem, el acto de difundir sus datos personales no solo fue irresponsable, sino que también generó un riesgo para su integridad, además de dañar la confianza que había depositado en las instituciones.
Chola Fem subraya que este tipo de situaciones no solo afectan su bienestar personal, sino que también deslegitiman el derecho a la libertad de expresión. La activista ha sido firme en su postura, exigiendo que tanto el gobernador como su esposa ofrezcan una disculpa pública y aclaren sus acciones. Para Chola Fem, este incidente es una violación grave a sus derechos fundamentales y un acto que atenta contra su seguridad y la de su comunidad.
Rechazo a la politización de las protestas
El 6 de enero de 2024, Chola Fem y otros grupos sociales se unieron en una protesta contra el aumento de las tarifas del transporte público, que fue anunciado por el gobierno estatal. La protesta incluyó bloqueos en importantes avenidas de Monterrey, como la avenida Constitución y Morones Prieto. Durante la manifestación, diversos colectivos se unieron, tales como Voz de los Usuarios, Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, y Morras Feministas de Monterrey. A pesar de la magnitud de la protesta y sus objetivos legítimos, el gobierno de Samuel García intentó deslegitimarla, vinculándola erróneamente con intereses políticos contrarios a su administración.
Según la narrativa oficial del gobierno estatal, las protestas fueron descritas como movimientos impulsados por grupos políticos de oposición, especialmente aquellos relacionados con el PRI, un partido político históricamente rival de la administración de García. Este enfoque generó una fuerte reacción entre los activistas, quienes negaron categóricamente que su lucha fuera política, destacando que sus protestas eran impulsadas por la necesidad de frenar el aumento de las tarifas de transporte, que consideran injusto e ineficaz.
Las acusaciones de politización de la protesta se sintieron como un intento de descalificar el movimiento, y para Chola Fem, la difusión de sus datos personales fue una extensión de este ataque. No solo se le vinculó erróneamente con un partido político, sino que se utilizó su identidad para avivar el ambiente de polarización y rechazo, lo que resultó en un ataque directo a su libertad de expresión.
Un llamado a la responsabilidad pública
Chola Fem ha enfatizado que este incidente no debe verse solo como una invasión de su privacidad, sino como un reflejo de una cultura de desinformación y hostilidad hacia quienes ejercen su derecho a protestar y cuestionar decisiones gubernamentales. La activista ha declarado que el actuar del gobernador Samuel García y de su esposa, Mariana Rodríguez, ha generado un clima de inseguridad y hostigamiento para ella y sus compañeras. La divulgación ilegal de sus datos personales ha tenido repercusiones directas en su vida cotidiana, dejándola vulnerable a ataques tanto en línea como en el mundo real.
El llamado de la activista no solo se limita a una disculpa pública, sino a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad de los líderes políticos y de las plataformas sociales al manejar la información personal de los ciudadanos. El hecho de que figuras públicas con tanto poder y alcance puedan tomar decisiones que afecten la seguridad de los individuos es un tema que debería ser tratado con mucha más seriedad. En este contexto, Chola Fem exige que el gobernador y su esposa no solo se disculpen, sino que también ofrezcan una aclaración pública sobre el asunto, ya que el daño causado va más allá de una simple difusión de información errónea.
El futuro del activismo en Nuevo León
Este incidente ha dejado claro que, en el contexto político actual de Nuevo León, los movimientos sociales enfrentan no solo la resistencia del gobierno, sino también el riesgo de ser atacados y descalificados a través de medios que distorsionan la información. La lucha por los derechos humanos y por un acceso más justo al transporte público ha sido históricamente una de las principales preocupaciones de los colectivos sociales, y aunque la respuesta gubernamental suele ser indiferente, las consecuencias de acciones como las de Samuel García y Mariana Rodríguez podrían desalentar la participación de más personas en movimientos de protesta.
La activista concluyó que las demandas sociales y políticas no deben ser sujetas a un trato desigual ni ser atacadas con estrategias de desinformación y acoso. Además, subrayó que las colectivas feministas de Monterrey y los grupos que apoyan esta causa seguirán luchando de manera apartidista y sin alinearse a intereses políticos específicos, tal como lo han hecho desde sus inicios.
Array
