El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que vetará el alza en los valores catastrales solicitada por Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, argumentando que los ajustes son “desproporcionados”. Sin embargo, esta decisión contrasta con su postura en 2021, cuando aprobó sin objeciones un aumento similar solicitado por Luis Donaldo Colosio, entonces alcalde de Monterrey y compañero de partido de García en Movimiento Ciudadano.
Un veto fuera de tiempo
La solicitud de De la Garza, aprobada por el Congreso local, contemplaba un aumento de hasta el 30% en algunos sectores de Monterrey. No obstante, el plazo legal para objetar esta medida venció el pasado 28 de noviembre de 2024. A pesar de esto, el Gobernador ha insistido en que no permitirá su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Por otro lado, en 2021, García permitió la implementación de un incremento promedio del 19% en los valores catastrales solicitado por Colosio, con ajustes que llegaron hasta el 50% en algunas áreas. Esta medida fue publicada en tiempo y forma en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de ese año, sin enfrentar objeciones por parte del Ejecutivo estatal.
Acusaciones para Samuel García de parcialidad
La decisión del Gobernador ha generado críticas por lo que algunos consideran un trato desigual entre los alcaldes. Mientras De la Garza enfrenta obstáculos para la implementación de los ajustes catastrales, Colosio, aliado político de García, logró la aprobación sin inconvenientes. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre si las decisiones de García están influenciadas por criterios políticos en lugar de técnicos.
Impacto en el predial y polémica pública
Los ajustes en los valores catastrales tienen un impacto directo en el impuesto predial, una fuente clave de ingresos para los municipios. Mientras que los aumentos aprobados en 2021 beneficiaron las finanzas de la administración de Colosio, el veto actual podría limitar los recursos disponibles para los proyectos municipales de De la Garza.
El Gobernador argumenta que su decisión busca proteger a los ciudadanos de Monterrey de incrementos desproporcionados, pero el debate sobre la imparcialidad de estas medidas continúa creciendo en el ámbito político y social de Nuevo León.
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