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Inquietudes sobre el Presupuesto de Movilidad5 min read

El futuro de la movilidad y accesibilidad en el Estado depende en gran medida de la capacidad del g…
Presupuesto-Moviidad-Accesibilidad

El pasado 3 de octubre, durante la Junta de Aclaraciones organizada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) del Estado, surgieron importantes interrogantes por parte de diversos proveedores. El tema en cuestión fue el proyecto de arrendamiento de unidades de transporte por un período de seis años, cuya viabilidad y protección legal fueron cuestionadas por los representantes de las empresas. La discusión se centró en la sostenibilidad del presupuesto destinado a este proyecto y la existencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de pago a lo largo de la duración del contrato.

Sostenibilidad del presupuesto

Durante la reunión, empresas como Volvo Grupo México, Integra Arrenda y LDR Solutions plantearon preocupaciones sobre la existencia de un fideicomiso que garantizara el pago del arrendamiento. Las inquietudes estaban centradas en cómo se podía asegurar que el presupuesto era suficiente y que existía un respaldo jurídico sólido. Los representantes de Integra Arrenda interrogaron al IMA: “¿Cómo se puede garantizar que el presupuesto existe y es suficiente para la duración del contrato de arrendamiento de seis años, y que la obligación de pago de la unidad convocante siempre existirá?”. Esta pregunta refleja la creciente desconfianza sobre la estabilidad financiera del proyecto.

Además, se planteó otra pregunta crítica sobre la viabilidad del documento presupuestario: “¿El documento presupuestario para este proyecto es sostenible y está protegido jurídicamente? ¿Si el presupuesto no puede aprobarse o es insuficiente en un año determinado, se rescindirá sin más el contrato de servicios?”. Estas dudas apuntan a la inestabilidad que podría generar un cambio en la situación económica del estado, lo que podría afectar el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos.

Algunos proveedores también hicieron hincapié en las complicaciones que podrían surgir de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local. Resaltaron las dificultades que enfrentan anualmente para aprobar los paquetes fiscales, lo que podría interferir en la aprobación del presupuesto necesario para el arrendamiento. En este contexto, señalaron que con solo tres años restantes en el actual mandato gubernamental y un contrato de arrendamiento de seis años, era imperativo que el presupuesto se aprobara cada año por el Congreso estatal.

Un punto crucial destacado por los proveedores fue la incertidumbre que generaría un posible cambio de administración. En este sentido, plantearon la pregunta: “¿Cómo se garantiza que estos seis años de obligaciones de pago no se vean afectados por un cambio de gobierno?”. Este cuestionamiento subraya el escepticismo respecto a la continuidad del compromiso financiero por parte de futuras administraciones.

Respuestas del Estado

Frente a las inquietudes planteadas por los proveedores, el Estado se limitó a comunicar que la contratación se llevaría a cabo bajo la modalidad de proyecto autofinanciable, tal como lo establece la Ley de Administración Financiera para el Estado. Esta respuesta, aunque formal, no logró despejar las dudas que persistían entre los asistentes. La falta de una garantía concreta en términos de fideicomiso y la manera en que se administraría el pago del arrendamiento durante la próxima administración continuaron siendo puntos de discusión.

El representante de Volvo Grupo México enfatizó la necesidad de que la convocante confirmara la existencia de un fideicomiso de pago que garantizara la amortización del arrendamiento de los camiones. Este requerimiento es fundamental, considerando que el actual Gobierno estatal que gestiona la licitación concluirá en tres años, mientras que el contrato de arrendamiento abarca un período de seis años. Esta discrepancia en los tiempos de las administraciones es una fuente de preocupación, ya que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Sin embargo, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad reiteró su respuesta inicial, aunque los cuestionamientos formulados por los proveedores variaban. Ante la insistencia de los proveedores, el IMA finalmente admitió que sí existía un fideicomiso destinado a la administración y pago del arrendamiento. A pesar de esta aclaración, las preocupaciones sobre la sostenibilidad del proyecto y el futuro del financiamiento continuaron siendo temas de debate.

Los proveedores, incluido Volvo Grupo México, también se mostraron interesados en entender cómo se garantizaría el pago durante la próxima administración, lo que plantea un desafío adicional en términos de continuidad en el cumplimiento de los compromisos. La necesidad de claridad en este aspecto es vital, especialmente dado el contexto político y económico en el que se lleva a cabo este tipo de contratación pública.

Reflexiones sobre el proceso de licitación

La situación descrita pone de manifiesto la complejidad del proceso de licitación en el ámbito de la movilidad y accesibilidad en el Estado. La interacción entre los proveedores y el IMA resalta la importancia de la transparencia y la claridad en los procesos de contratación pública, especialmente cuando se trata de proyectos que requieren una inversión significativa y un compromiso a largo plazo.

La existencia de un fideicomiso que garantice el pago es un elemento clave para asegurar la confianza de los proveedores en la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, es igualmente importante que exista un marco jurídico que brinde garantías adicionales, especialmente en un contexto donde los cambios en la administración pueden alterar las condiciones acordadas inicialmente.

La falta de un entendimiento claro sobre cómo se financiará el proyecto durante su vigencia es un tema que merece atención. Los proveedores deben tener la certeza de que los compromisos asumidos serán respetados y que habrá mecanismos en lugar para asegurar el cumplimiento de estos. Este tipo de claridad es fundamental para fomentar la participación de empresas en procesos de licitación y contribuir al desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad.

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