A medio año del colapso del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro, los familiares de las 10 víctimas mortales y los cientos de heridos continúan esperando justicia. Aunque la Fiscalía ya cuenta con el peritaje del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, no se han imputado responsabilidades. La frustración de los afectados crece mientras las autoridades mantienen el caso sin avances claros.
Accidente de San Pedro Sigue Impuse. No Hubo Imputaciones Tras Peritaje
El accidente del 22 de mayo marcó a decenas de familias en Nuevo León. Durante un mitin político en la colonia El Obispo, ráfagas de viento derribaron el escenario donde se encontraban los candidatos Lorenia Canavatti y Jorge Álvarez Máynez. El saldo oficial fue de 10 muertos y 246 hospitalizados, de los cuales 63 quedaron con lesiones de incapacidad prolongada.
La última actualización del caso fue el 21 de octubre, cuando la Fiscalía recibió el peritaje del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL. Dicho informe apuntó a los encargados del montaje del escenario y a los supervisores del evento como posibles responsables. Sin embargo, un mes después no se ha procesado a ninguna persona, ni se han reportado avances significativos en la investigación.
A pesar de las comparecencias de funcionarios clave como los directores de Protección Civil estatal y municipal, el proceso legal sigue estancado. La falta de imputaciones mantiene a los familiares de las víctimas en un estado de frustración e impotencia.
Víctimas y Familiares Exigen Respuestas y Acciones Concretas
Entre los afectados, las emociones varían desde resignación hasta indignación. Blanca, hija de Olga Rodríguez, una de las víctimas mortales, lamentó la falta de acción por parte de las autoridades. “Nadie se ha hecho responsable”, expresó. Como ella, otros familiares exigen que se castigue a quienes resulten responsables del accidente.
Aunque el evento fue organizado por Movimiento Ciudadano, el gobierno estatal, liderado por Samuel García, asumió los costos de las hospitalizaciones y otras necesidades inmediatas. Sin embargo, esto no ha aliviado las críticas hacia la administración ni hacia el partido político, que según informes, ha mantenido en secreto detalles del incidente.
La falta de justicia no solo afecta a las familias de las víctimas mortales, sino también a los cientos de heridos que quedaron con secuelas físicas y psicológicas. Algunos aún enfrentan procesos de rehabilitación prolongados, mientras que otros luchan por volver a sus actividades cotidianas.
Críticas Hacia las Autoridades y Movimiento Ciudadano
La tragedia no solo puso en evidencia la vulnerabilidad en la planeación de eventos masivos, sino también la poca transparencia de las autoridades y los organizadores. Los familiares señalan que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas de prevención adecuadas. Las ráfagas de viento estaban pronosticadas, pero los supervisores del evento no actuaron a tiempo.
Por su parte, Movimiento Ciudadano ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, lo que ha generado críticas entre la opinión pública. Aunque el gobierno de Samuel García asumió los costos inmediatos, no se ha deslindado la responsabilidad del partido en el incidente. Este silencio ha alimentado la percepción de que hay un intento por minimizar la gravedad del caso.
Mientras tanto, las autoridades judiciales enfrentan la presión de las familias y de la sociedad para dar resultados. La tardanza en la investigación pone en duda el compromiso de las instituciones para garantizar justicia en casos que involucran a figuras políticas.
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