El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, otorgó en mayo de 2023 un contrato por 3 mil 307 millones de pesos a Ego Móvil, una empresa con domicilio fiscal en una casa habitacional en Querétaro y sin historial previo de operaciones o clientes en sus 19 años de existencia. El contrato es para el arrendamiento de 600 camiones chinos destinados al transporte público estatal.
Operaciones millonarias, pero pocos resultados de empresa
Desde que obtuvo el contrato, Ego Móvil ha facturado al menos mil 312 millones de pesos al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), además de 700 millones adicionales a la institución financiera Bansi, participante en la adquisición de los autobuses. Sin embargo, hasta ahora solo ha entregado el 55% de los camiones prometidos, muy lejos de cumplir con el plazo original del 31 de octubre de 2023.
Modificaciones de último momento en empresa
Ego Móvil, creada en 2004 para comercializar equipos electrónicos y consultorías en cómputo, cambió su giro empresarial días antes de la licitación pública para incluir la importación de equipos de transporte y movilidad. Estas modificaciones fueron realizadas el 6 y 7 de marzo de 2023, menos de dos semanas antes del concurso.
A pesar de estas irregularidades y de no tener experiencia previa, Ego Móvil fue la única empresa en pasar la etapa técnica del concurso, mientras que otras, como Volvo Group México, quedaron fuera tras no obtener extensiones en los plazos de entrega.
Domicilios cuestionables y ausencia de ingresos
El padrón de proveedores estatal señala que el domicilio fiscal de Ego Móvil se encuentra en una casa en Querétaro, mientras que en el contrato se menciona una bodega en García, Nuevo León, sin razón social visible. Además, documentos fiscales muestran que la empresa no reportó ingresos entre 2019 y 2022, comenzando a generar entradas únicamente tras recibir el contrato estatal.
Empresas vinculadas y falta de experiencia
El representante legal de Ego Móvil, Édgar Eduardo Rosales, y su nuevo accionista, José Luis Salas Sánchez, están vinculados a otras empresas con giros variados, como consultorías inmobiliarias y gestión ambiental, pero sin experiencia en transporte público. Esto genera más dudas sobre los criterios utilizados para otorgarles el contrato millonario.
Poca transparencia en el uso de recursos
La Auditoría Superior del Estado, en su informe de la Cuenta Pública 2023, calificó como opaco el manejo del contrato, señalando que al cierre del año sólo se habían recibido 328 de los 600 camiones prometidos. Mientras tanto, la gestión del transporte público en Nuevo León enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados tangibles y el aparente favoritismo hacia una empresa sin antecedentes sólidos.
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