Durante el 2024, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha intensificado el uso de recursos provenientes de la Red Estatal de Autopistas (REA), extrayendo un total de 2 mil 900 millones de pesos, cifra que representa casi el triple de lo recaudado y transferido el año anterior. Esta cantidad equivale al 44 por ciento del total de ingresos de dicho organismo descentralizado, lo cual ha generado fuertes cuestionamientos por parte de expertos y legisladores locales.
La Red Estatal de Autopistas es una institución que opera y administra las principales carreteras de cuota del estado. En teoría, su función principal es garantizar el mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura vial. Sin embargo, su función financiera ha cobrado un rol mucho más protagónico dentro de la administración actual, al convertirse en una fuente constante de ingresos directos para el Ejecutivo estatal, sin que medie la supervisión legislativa adecuada.
El retiro de estos fondos coincide con la negativa del gobierno a reducir las tarifas de peaje, una exigencia constante de empresarios del sector transporte que consideran que el costo actual es excesivo y limita la competitividad económica. A pesar de las múltiples solicitudes, el gobierno sólo ha ofrecido descuentos mínimos en tramos poco transitados, como el de Juárez a Montemorelos.
En paralelo, la REA continúa arrastrando una deuda histórica superior a los 15 mil millones de pesos, sin que se conozca un plan de amortización claro o una estrategia de largo plazo que garantice su viabilidad financiera.
Autopistas: Aumenta extracción y mantiene cuotas
El dato que más llama la atención en el informe financiero del 2024 es el salto en el porcentaje de ingresos transferidos por la REA al Gobierno estatal. En 2023, se reportaron 900 millones de pesos como transferencia, lo que representaba un 16% del total recaudado. Un año después, esa cifra se disparó a 2 mil 900 millones de pesos, representando el 44% de los ingresos.
Esta extracción masiva de recursos se da en un contexto de reconducción presupuestal, pues el Ejecutivo estatal no ha contado con un presupuesto aprobado por el Congreso para el presente año. Al carecer de esta aprobación, el gobierno ha recurrido a organismos descentralizados como la REA para obtener liquidez y financiar diversas acciones del Ejecutivo, lo cual ha sido interpretado por analistas como una forma de evitar el control legislativo.
A pesar de que en otros estados las tarifas de casetas han sido revisadas y ajustadas a la baja para fomentar la circulación y apoyar a sectores productivos, en Nuevo León las tarifas se han mantenido sin cambios sustanciales. La administración ha defendido esta decisión argumentando que los recursos se destinan al mantenimiento de la red vial, aunque los datos de extracción apuntan a un uso muy distinto.
Los empresarios transportistas han criticado abiertamente esta postura. Consideran que el costo por circular por el Periférico de Monterrey y otras autopistas estatales es el más alto del país. La situación ha obligado a muchas empresas a reconsiderar sus rutas, evitando circular por estas vías o trasladando los costos al consumidor final, lo que impacta directamente en la inflación local.
Deuda creciente y sin transparencia
La situación se agrava aún más si se observa el endeudamiento acumulado por la Red Estatal de Autopistas. Con pasivos que superan los 15 mil millones de pesos, y sin ingresos estables que garanticen su pago, el futuro financiero del organismo es cada vez más incierto.
El retiro de casi 3 mil millones en 2024, sumado a la ausencia de un presupuesto aprobado por el Congreso, ha sido interpretado como una maniobra riesgosa que compromete aún más la estabilidad de la institución. Además, la falta de claridad sobre el destino final de esos recursos alimenta la percepción de que se está utilizando a la REA como una especie de “caja chica” del Ejecutivo.
El propio informe de Cuenta Pública revela que la cifra extraída durante 2024 representa casi lo mismo que todas las transferencias realizadas por la REA entre 2016 y 2023, que juntas suman 3 mil 048 millones de pesos. Es decir, lo recaudado durante ocho años fue prácticamente igualado en sólo un ejercicio fiscal, lo que marca un precedente sin comparativo reciente.
En años anteriores, la mayor extracción se había registrado en 2022, con 1 mil 100 millones de pesos, lo cual ya entonces fue motivo de críticas por parte del Congreso local. No obstante, el monto del 2024 supera con creces cualquier cifra anterior, consolidando un récord histórico en el uso de recursos de esta red de autopistas.
Por si fuera poco, en 2024 también se estableció un nuevo cobro en el cruce fronterizo de Colombia, otro punto estratégico cuya recaudación ha generado inquietud por la falta de transparencia en su manejo. Aunque esta operación está a cargo de Codefront, otro organismo estatal, se percibe como parte del mismo modelo de financiamiento paralelo que evade los contrapesos institucionales.
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