Funcionarios del Gobierno de Nuevo León han comenzado a denunciar públicamente un presunto esquema de coacción electoral operado desde el interior de la administración estatal con el propósito de influir en las elecciones judiciales. Las acusaciones apuntan directamente al entorno del Gobernador Samuel García, quien presuntamente estaría utilizando la estructura pública para condicionar el voto de sus trabajadores en la próxima elección del 1 de junio. El objetivo: asegurar la designación de jueces federales considerados cercanos a Movimiento Ciudadano.
Diez denuncias han sido formalmente presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado. Las quejas, en su mayoría anónimas, comparten un mismo patrón: presión sistemática sobre trabajadores de diversas dependencias para que entreguen credenciales del INE —propias y ajenas—, participen en simulacros de votación y finalmente confirmen, mediante fotografías y códigos QR, su voto por candidatos aún no definidos públicamente.
Gobierno del 'nuevo' Nuevo León de Samuel García despide a empleados que se oponen a votar por candidatos afines a Samuel en elección judicial.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 19, 2025
Increíble que Congreso local no lo sancione pese a múltiples delitos electorales.
Entendible que Morena frene sanciones.
Son los mismos. pic.twitter.com/pFQNDTl0a3
Empleados relatan amenazas y despidos
Según relataron empleados de distintas secretarías y organismos descentralizados, las instrucciones llegaron de manera escalonada desde principios de mayo, un mes antes de las elecciones judiciales. Algunos fueron incorporados a grupos de mensajería donde coordinadores, identificados como operadores políticos, les explicaron que debían colaborar con la operación electoral impulsada desde el Palacio de Gobierno.
Los participantes fueron informados de que debían conseguir hasta 10 credenciales de elector, ya sea de compañeros, amigos o familiares, y estar disponibles para ensayos que simulan las condiciones del día de la jornada. En dichos simulacros, se les instruyó tomar fotos de su credencial del INE, de una boleta electoral, y de un código QR personalizado que supuestamente garantizará que votaron “por los que se les indique”.
La presión no se ha limitado a palabras. Según denunciaron trabajadores, quienes se han negado a colaborar han comenzado a sufrir represalias. En dependencias como el Instituto de Control Vehicular y el sector educativo, se reporta que aquellos que no cumplieron con las tareas asignadas ya han sido notificados de que no se les renovarán sus contratos temporales a partir de junio. Algunas bajas ya se han concretado, sobre todo entre personal por honorarios.
En al menos dos organismos se les informó a los trabajadores que no habría más contratos temporales “por razones presupuestales”, pero los afectados coinciden en que fueron precisamente aquellos que se negaron a entregar credenciales o participar en simulacros.
Una operación documentada y jerárquica rumbo a las elecciones judiciales
Los testimonios recabados por medios locales señalan que la operación está estructurada y cuenta con un esquema jerárquico de coordinación. A través de grupos de WhatsApp, coordinadores de distintas dependencias han sido integrados en chats donde se organizan entregas, listas y reportes. Entre los nombres que aparecen como administradores figuran Eduardo Gaona, actual Jefe de la Oficina de la Gubernatura, y los diputados locales Miguel Ángel Flores y Baltazar Martínez, aunque según los informantes, su participación es limitada y operan principalmente como supervisores simbólicos.
Además, se ha señalado que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, habría establecido contacto con algunos aspirantes a jueces para “garantizarles apoyo”, a cambio de compromisos posteriores. Esto sugiere que no sólo se trata de una operación para asegurar ciertos resultados en las urnas en las elecciones judiciales, sino también de construir un esquema de lealtades dentro del Poder Judicial.
Una característica que ha generado especial preocupación entre los empleados es la utilización de códigos QR personalizados, los cuales les fueron entregados a inicios de mayo. Estos códigos, según explicaron los trabajadores, contienen un número individual que permite a los operadores del Gobierno identificar a cada votante. Durante los simulacros se les exige que el código esté visible en la fotografía del sufragio, como una especie de firma digital que certifique su obediencia.
“Nos dijeron que si no votamos como nos indican, nos van a correr. Ya todos sabemos que no es opcional”, relató una empleada de la Secretaría de Educación. “Incluso nos adelantaron que nos darán un acordeón con el color o el número para identificar a quién debemos marcar”.
Fiscalía local recibe denuncias y evalúa competencia
El Fiscal Electoral de Nuevo León, Gustavo Javier Solís, confirmó en entrevista que la dependencia ha recibido más de 10 denuncias en los últimos días por presunta coacción del voto. Aunque declinó mencionar nombres de funcionarios implicados por tratarse de una investigación en curso, aseguró que la mayoría de las quejas describen un mismo esquema operativo, consistente en presión institucional, recolección de documentos oficiales y simulacros con pruebas fotográficas.
Solís explicó que, dado que se trata de una elección federal —para la renovación de jueces del Poder Judicial de la Federación— se está valorando si las denuncias deben quedarse en el ámbito local o ser canalizadas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Estamos en proceso de estudio para determinar si iniciamos investigaciones o si remitimos directamente a la Fisel”, señaló el Fiscal, quien además reiteró que, aunque la elección es federal, la fiscalía estatal tiene facultades para recibir y analizar las denuncias.
Cabe destacar que en las elecciones judiciales del 1 de junio sólo se renovarán jueces federales, ya que el Poder Judicial local será reconfigurado hasta el año 2027. No obstante, la intervención del Gobierno estatal en esta votación ha generado inquietud entre organizaciones civiles y trabajadores del sector público, que temen una politización abierta del sistema judicial.
Inquietud ciudadana ante control del voto en elecciones judiciales
A medida que se acerca el día de las elecciones judiciales, el ambiente en las oficinas gubernamentales se ha tensado. Trabajadores de áreas que tradicionalmente no están involucradas en procesos electorales —como el Centro de Información para la Seguridad, Evaluación y Control de Confianza, las Regiones Sanitarias de la Secretaría de Salud o incluso el Canal 28— han reportado haber sido incluidos en la operación.
Esto ha generado temor entre el personal, especialmente quienes tienen contratos eventuales y dependen de la renovación mensual o trimestral para mantener sus ingresos. En redes sociales, también se ha comenzado a visibilizar el tema, aunque de forma anónima, ante el riesgo de represalias administrativas o incluso acusaciones fabricadas de mala conducta.
Mientras tanto, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha emitido postura oficial sobre las denuncias de presión política dentro del aparato estatal. La administración del gobernador Samuel García tampoco ha ofrecido declaraciones públicas en torno a estas acusaciones.
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