A medio año de la tragedia del colapso del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro, los familiares de las 10 víctimas mortales y los cientos de heridos continúan esperando justicia. Aunque la Fiscalía cuenta con un peritaje técnico que señala responsables potenciales, no se han presentado imputaciones formales. El caso pone en evidencia fallas en la seguridad y falta de transparencia en los procedimientos legales. La frustración de los afectados crece mientras las autoridades mantienen el caso sin avances claros.
Accidente de San Pedro Sigue Impune. No Hubo Imputaciones Tras Peritaje
La tragedia del 22 de mayo marcó a decenas de familias en Nuevo León. Durante un mitin político en la colonia El Obispo, ráfagas de viento derribaron el escenario donde se encontraban los candidatos Lorenia Canavatti y Jorge Álvarez Máynez. El saldo oficial fue de 10 muertos y 246 hospitalizados, de los cuales 63 quedaron con lesiones de incapacidad prolongada.
La última actualización del caso fue el 21 de octubre, cuando la Fiscalía recibió el peritaje del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL. Dicho informe apuntó a los encargados del montaje del escenario y a los supervisores del evento como posibles responsables. Sin embargo, un mes después no se ha procesado a ninguna persona, ni se han reportado avances significativos en la investigación.
A pesar de las comparecencias de funcionarios clave como los directores de Protección Civil estatal y municipal, el proceso legal para hacer justicia a esta tragedia sigue estancado. La falta de imputaciones mantiene a los familiares de las víctimas en un estado de frustración e impotencia.
Sin Avances en la Investigación: Familias Frustradas
El colapso del escenario ocurrió el 22 de mayo durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, excandidata de MC a la alcaldía de San Pedro. El evento, que se llevó a cabo en el campo de béisbol “El Obispo”, incluyó la participación del grupo Bronco y reunió a cientos de personas. Sin embargo, ráfagas de viento de hasta 90 km/h derribaron la estructura, dejando un saldo de 10 muertos y 246 heridos.
El Instituto de Ingeniería Civil de la UANL elaboró un peritaje que atribuye responsabilidad a los encargados del montaje del escenario y a los supervisores del evento. No obstante, desde la recepción del informe en octubre, las autoridades no han avanzado significativamente en el proceso legal. Las comparecencias de funcionarios de Protección Civil no han derivado en acciones concretas, y los responsables continúan sin rendir cuentas.
Para los familiares de las víctimas, la falta de imputaciones representa una injusticia y una negación de sus derechos. Blanca Rodríguez, hija de una de las fallecidas, expresó su indignación: “Nadie se ha hecho responsable”.
Promesas Incumplidas: La Lucha por el Apoyo a las Víctimas
Tras el accidente, el gobernador Samuel García y dirigentes de Movimiento Ciudadano prometieron apoyo a las víctimas y sus familias. Sin embargo, seis meses después, muchas personas afectadas denuncian haber sido abandonadas.
Sandra Hernández, una de las heridas, narró cómo recibió ayuda inicial para medicamentos y traslado al hospital, pero luego dejó de recibir atención. A pesar de haber gastado más de 5,000 pesos en tratamientos para ella y su hija, las promesas de apoyo psicológico y económico quedaron en el aire.
El gobierno estatal proporcionó ayudas económicas de 400,000 pesos a las familias de las víctimas mortales y 100,000 pesos a algunas personas lesionadas. Sin embargo, la mayoría de los afectados, que no cumplían con ciertos requisitos, quedaron fuera de los apoyos. Las críticas hacia la administración de Movimiento Ciudadano se han intensificado debido a la falta de transparencia y seguimiento.
Negligencia y Falta de Prevención: Una Tragedia Evitable
Uno de los puntos más polémicos del caso es si el accidente pudo haberse evitado. De acuerdo con reportes meteorológicos de la Conagua, el día del evento se pronosticaban fuertes vientos y lluvias en la región. Sin embargo, tanto la dirección de Protección Civil estatal como los organizadores del mitin decidieron continuar con el evento.
Videos del colapso muestran que el escenario no estaba debidamente anclado, lo que permitió que la estructura se viniera abajo con facilidad. Las familias afectadas consideran que hubo negligencia tanto en la planificación como en la supervisión del evento. “Esto no fue un accidente, fue negligencia”, declaró la exsenadora Indira Kempis en sus redes sociales.
La empresa encargada del montaje del escenario, ProAudio del Norte, ya había trabajado con MC en eventos anteriores, lo que aumenta las sospechas de que el partido político podría haber tenido conocimiento de las deficiencias en la seguridad.
Críticas Hacia las Autoridades y Movimiento Ciudadano Ante Omisiones de la Tragedia
La tragedia no solo puso en evidencia la vulnerabilidad en la planeación de eventos masivos, sino también la poca transparencia de las autoridades y los organizadores. Los familiares señalan que el accidente pudo haberse evitado si se hubieran tomado medidas de prevención adecuadas. Las ráfagas de viento estaban pronosticadas, pero los supervisores del evento no actuaron oportunamente.
Por su parte, Movimiento Ciudadano ha evitado pronunciarse sobre el tema, lo que ha generado críticas entre la opinión pública. Este silencio ha alimentado la percepción de que hay un intento por minimizar la gravedad del caso.
Mientras tanto, las autoridades judiciales enfrentan la presión de las familias y de la sociedad para dar resultados. La tardanza en la investigación pone en duda el compromiso de las instituciones para garantizar justicia en casos que involucran a figuras políticas.
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