El Congreso local de Nuevo León ha vuelto a rechazar la reforma al Código Fiscal propuesta por el gobernador Samuel García, lo que representa una nueva derrota para la administración estatal en su intento de implementar cambios clave en el sistema fiscal del estado. Esta decisión fue tomada por la Comisión de Presupuesto del Congreso, y se da en el contexto del Paquete Fiscal 2025, que incluye varias medidas para mejorar la recaudación y modernizar las estructuras fiscales en la entidad. Sin embargo, la propuesta no ha logrado el respaldo suficiente entre los legisladores, lo que ha generado una gran reacción tanto en la política local como entre los contribuyentes.
Este rechazo a la reforma, que ya había sido desestimada por los diputados la semana pasada, se da en medio de un clima de tensiones políticas y económicas. A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal para impulsar estas reformas como parte de su estrategia para fortalecer las finanzas del estado, la oposición ha logrado detener la iniciativa, argumentando que las medidas planteadas afectarán negativamente a los ciudadanos y darían al gobierno estatal facultades excesivas. De hecho, las críticas a la reforma no se han hecho esperar, y muchos sectores han expresado su apoyo al rechazo de esta propuesta, destacando los posibles efectos adversos sobre los contribuyentes.
La postura de la oposición en el Congreso
La decisión tomada por la Comisión de Presupuesto fue una victoria para los legisladores de oposición, quienes han calificado la reforma como una medida excesiva e injusta para los contribuyentes. Los diputados del PRI, PAN y otros partidos de la oposición se han pronunciado en contra de la reforma, argumentando que las reformas fiscales propuestas por el gobernador Samuel García no solo perjudicarían a las personas que ya enfrentan altos impuestos, sino que también darían al gobierno estatal poderes desmesurados para intervenir en las finanzas privadas de los ciudadanos. En este sentido, los opositores han usado términos contundentes, como “terrorismo fiscal”, para describir las medidas que se intentaban implementar, señalando que estas propuestas llevarían a un endurecimiento de las cargas fiscales y afectaría directamente a los pequeños y medianos contribuyentes.
Por su parte, los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, que se alinean con el gobernador, han defendido la reforma, argumentando que las propuestas buscan simplemente una homologación con las normas fiscales federales. De acuerdo con estos legisladores, la reforma tenía como objetivo mejorar la recaudación fiscal y simplificar los procesos administrativos, lo que en su opinión beneficiaría tanto al gobierno como a los ciudadanos, al crear un sistema fiscal más eficiente y transparente.
Un paso atrás para la administración estatal
El rechazo de la reforma fiscal por segunda vez refleja la resistencia que enfrenta el gobernador Samuel García en su intento de imponer cambios significativos en el sistema fiscal del estado. Aunque la administración ha justificado la reforma como una necesidad para mejorar la recaudación y alinearse con las políticas fiscales federales, la oposición ha mostrado una postura firme en su rechazo, considerando que las medidas propuestas no solo son innecesarias, sino también perjudiciales para los ciudadanos.
Este nuevo rechazo en el Congreso pone en evidencia las diferencias políticas y las tensiones entre el gobierno estatal y los legisladores locales. A pesar de que el gobernador cuenta con el respaldo de Movimiento Ciudadano, su propuesta no ha logrado superar las barreras de la oposición en el Congreso, lo que refleja las dificultades que enfrenta el mandatario para lograr la aprobación de sus iniciativas legislativas, especialmente aquellas que afectan directamente al bolsillo de los contribuyentes.
El impacto de la reforma en los contribuyentes
Uno de los principales puntos de controversia en torno a esta reforma al Código Fiscal ha sido su impacto en los contribuyentes. Según los críticos, las medidas propuestas podrían llevar a un aumento en los impuestos y a un endurecimiento de las sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales. Además, se argumentó que la reforma otorgaría al gobierno estatal poderes discrecionales, lo que podría abrir la puerta a abusos y a una mayor carga administrativa para los contribuyentes, en especial para las pequeñas empresas y los ciudadanos de a pie.
En este sentido, muchos de los que se oponen a la reforma han destacado la importancia de garantizar que los cambios en la política fiscal sean justos y no terminen afectando a quienes ya enfrentan dificultades económicas. Por otro lado, el gobierno estatal ha defendido su propuesta asegurando que las reformas son necesarias para actualizar el sistema fiscal y que el objetivo es reducir la evasión fiscal, un problema que afecta a todos los niveles del gobierno.
El futuro de la reforma fiscal en Nuevo León
A pesar del rechazo por parte del Congreso, la reforma al Código Fiscal no está completamente descartada. El gobierno estatal podría intentar nuevamente presentar una versión modificada de la propuesta, buscando una mayor conciliación con la oposición. Sin embargo, dada la resistencia que ha generado la reforma, es probable que el gobierno de Samuel García deba reconsiderar ciertos aspectos de la iniciativa antes de volver a presentarla.
Mientras tanto, el rechazo a esta reforma también ha puesto de manifiesto las crecientes tensiones políticas en Nuevo León, que reflejan las diferencias ideológicas y de gestión entre el gobernador y los legisladores locales. La discusión sobre el Código Fiscal podría ser solo el principio de una serie de enfrentamientos que marcarán el futuro político del estado en los próximos meses, especialmente con la cercanía de nuevas elecciones y la posibilidad de que la oposición busque capitalizar el descontento ciudadano por la propuesta fiscal.
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