A pesar de las promesas del Gobernador Samuel García de que los recursos recaudados por los llamados “Impuestos Verdes” serían destinados principalmente al combate de la contaminación y otras iniciativas ambientales, la realidad es que solo un 5% de la recaudación se asignará al cuidado ambiental en 2025. Esto se refleja en el bajo presupuesto que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado tiene proyectado para el próximo año, lo que genera dudas sobre el compromiso real del gobierno estatal con el bienestar del medio ambiente.
Presupuesto reducido para Medio Ambiente: un 5% de los ingresos por impuestos ecológicos
De acuerdo con el Paquete Económico del Estado para 2025, se contempla una recaudación de 2,936.6 millones de pesos por los impuestos ecológicos, una cifra considerable. Sin embargo, solo 147.52 millones de pesos, es decir, apenas el 5% de lo recaudado, serán destinados a la Secretaría de Medio Ambiente. Este monto es una fracción ínfima de lo que el Estado prevé ingresar a través de estos impuestos, lo que ha generado críticas por la baja asignación de recursos al cuidado del entorno.
Lo más alarmante de este panorama es que la Secretaría de Medio Ambiente ocupa el lugar número 14 en cuanto a importancia en el presupuesto estatal proyectado para el 2025, con solo el 0.36% del total de los recursos asignados a las 17 dependencias estatales. Este dato pone en evidencia la falta de prioridad que el gobierno parece darle al medio ambiente, a pesar de las promesas realizadas por el mandatario estatal.
Un compromiso sin respaldo en el presupuesto
Cuando el Gobernador Samuel García presentó la iniciativa de los “Impuestos Verdes”, en noviembre de 2021, lo hizo con un discurso enfocado en la mejora del medio ambiente. En esa ocasión, aseguró que los recursos recaudados serían utilizados específicamente para reforestar, mejorar el transporte público y remediar los daños ambientales que, según él, se habían acumulado a lo largo de los años.
Sin embargo, la falta de claridad en la distribución de estos recursos y la baja asignación presupuestaria para la Secretaría de Medio Ambiente han generado cuestionamientos. La promesa de García en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) de que los impuestos ecológicos serían utilizados para proyectos concretos y ambientales ha quedado en entredicho.
La falta de transparencia en el destino de los fondos “impuestos verdes”
Un experto en el tema, que prefirió no ser identificado, señaló que uno de los mayores problemas es la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados. Aseguró que, aunque el gobierno asegura que los recursos se destinarán a iniciativas ambientales, en la práctica, estos fondos se “meten a un costal y se revuelven con todo”. Esta falta de especificidad y de seguimiento a las promesas realizadas ha dejado a la ciudadanía y a los expertos en medio ambiente, preocupados por la efectividad de estos impuestos.
La necesidad de mayor inversión en el sector ambiental
El mismo experto opinó que si la Secretaría de Medio Ambiente recibiera una mayor asignación presupuestaria, se podrían contratar más inspectores para garantizar que las empresas y ciudadanos cumplan con las normativas ambientales. Además, más fondos permitirían la creación de programas educativos y de sensibilización ambiental, así como el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes) que busquen implementar proyectos de eficiencia energética o hídrica.
El investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Emilio Sánchez, también se refirió a la recaudación de impuestos ecológicos en Nuevo León, destacando que el Estado tiene la cifra más alta de recaudación per cápita entre los 14 estados que implementan este tipo de gravámenes.
En 2024, la recaudación por impuestos ecológicos en Nuevo León alcanzó los 242 pesos por persona, un monto considerable. Sin embargo, Sánchez señaló que, aunque el objetivo principal de estos impuestos es recaudatorio, también deben estar enfocados en mitigar el impacto ambiental, algo que, hasta el momento, no parece estar ocurriendo en el Estado.
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