El Gobierno de Nuevo León de Samuel García ha iniciado la renovación de 65 mil tarjetas destinadas a la entrega de apoyos sociales como parte de los programas “Hambre Cero”, “Impulso a Cuidadoras”, “Personas con Discapacidad” y “Jefas de Familia”. Lo que debía ser un proceso administrativo más ha generado una fuerte controversia, ya que los nuevos plásticos dejaron de ser blanco con rosa —colores institucionales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión— para ahora ser completamente naranjas, el color distintivo de Movimiento Ciudadano, partido del gobernador Samuel García.
Las críticas no tardaron en llegar. Para múltiples sectores sociales y políticos, esta modificación en el diseño de las tarjetas tiene un trasfondo electoral. La elección del color, sumada a la manera en que se están distribuyendo los apoyos, ha generado acusaciones de uso partidista de recursos públicos.
El proceso de entrega, que contempla 109 eventos masivos en los 51 municipios del estado, incluye además brigadas de servicios estatales. La primera entrega tuvo lugar en Juárez, un municipio gobernado por MC y cercano al Ejecutivo estatal, lo cual ha sido interpretado como un acto de posicionamiento político.
Reactivan pagos tras meses suspendidos
El reparto de estas nuevas tarjetas ocurre luego de una suspensión de pagos que generó molestias entre los beneficiarios. Desde septiembre del año pasado, miles de personas que dependían del ingreso mensual de entre 500 y 800 pesos dejaron de recibir los depósitos sin explicación oficial.
Aunque las transferencias se reanudaron en 2025, no se repusieron los meses anteriores, lo que provocó aún más descontento entre quienes dependen de estos apoyos para cubrir necesidades básicas. Ahora, la entrega de nuevas tarjetas ha sido presentada por el Gobierno de Samuel García como parte de un nuevo ciclo, aunque sin aclarar por qué se interrumpió el anterior ni por qué no se cubrieron los atrasos.
La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, declaró que los programas “están pensados con un acompañamiento integral”, pero no respondió a los cuestionamientos sobre el retraso ni sobre el cambio de imagen de las tarjetas. Esta falta de respuestas alimenta la percepción de que los apoyos sociales están siendo usados con fines distintos a los originalmente planteados.
Color naranja despierta sospechas hacia Samuel García
El detalle del color no es menor. En política, los símbolos importan, y el color naranja está directamente asociado con Movimiento Ciudadano. Por eso, que los plásticos ahora tengan ese tono y que su entrega se haga en eventos públicos con cobertura mediática genera sospechas de que se busca capitalizar políticamente un programa social financiado con recursos públicos.
Diversas voces han advertido que esto podría constituir una forma velada de promoción electoral, especialmente porque el gobernador Samuel García ha mostrado interés en posicionarse nacionalmente.
El cambio de imagen no fue consultado ni comunicado de forma anticipada. Tampoco se explicó el criterio para seleccionar Juárez como el primer punto de entrega, más allá de que es un bastión político del partido oficialista. En el contexto actual, con la confianza en las instituciones debilitada, cualquier señal de ventaja partidista genera descontento ciudadano.
Además, organizaciones civiles que han monitoreado programas sociales en el país han señalado que este tipo de acciones —uso de símbolos partidistas en instrumentos de política pública— son prácticas comunes en contextos donde se difuminan los límites entre Gobierno y partido de Samuel García.
Polémica en plena crisis social
La controversia por las tarjetas naranjas llega en un momento crítico para Nuevo León, donde la población enfrenta problemas estructurales graves: inseguridad creciente, caos en la movilidad urbana, falta de servicios básicos en algunas regiones y una percepción de lejanía entre el Gobierno estatal y las necesidades reales de la gente.
En este escenario, el uso de programas sociales como herramienta de imagen y propaganda genera un profundo malestar. Mientras los beneficiarios esperan transparencia, continuidad y profesionalismo en los apoyos, lo que reciben es una tarjeta que parece más una herramienta política que una solución social.
La ciudadanía no solo observa con atención, sino que también exige que los programas públicos se mantengan alejados de cualquier lógica electoral. Si bien es responsabilidad del Estado distribuir apoyos a los sectores vulnerables, es igualmente su deber garantizar que dichos beneficios no sean condicionados ni utilizados como plataforma política.
Lo ocurrido con las tarjetas es un ejemplo claro de cómo una acción aparentemente menor puede convertirse en símbolo de algo mucho más grande: la instrumentalización de lo social con fines partidistas.
