El pasado domingo 1 de junio se celebraron en México las elecciones judiciales, proceso en el que se definieron jueces clave para el sistema de justicia federal. En este contexto, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, no pasó desapercibido, pero no por participar activamente en las urnas, sino por todo lo contrario: no acudió a votar, a pesar de haber promovido una intensa movilización para asegurar votos a favor de sus intereses. Mientras la jornada transcurría con baja participación ciudadana, Samuel compartía momentos familiares en redes sociales, alejado de su casilla y del proceso electoral.
Este contraste entre lo que exigía y lo que hizo no pasó desapercibido. La ausencia del mandatario provocó críticas de diversos sectores sociales y políticos, que cuestionaron la incongruencia del gobernador. Especialmente porque, durante semanas previas, trabajadores del Gobierno estatal denunciaron haber sido presionados para participar activamente en la elección, incluso bajo amenaza de perder sus empleos.
Presión oficial: el “Operativo Acordeón”
Durante al menos dos meses antes de la jornada electoral, distintos empleados del Gobierno de Nuevo León denunciaron haber sido forzados a participar en lo que se conoció como el “Operativo Acordeón”, una estrategia que buscaba movilizar votantes a favor de los candidatos preferidos por el Gobernador. El nombre se originó por el uso de acordeones —papeles o imágenes con instrucciones específicas de voto— que se distribuían entre los empleados públicos.
De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales, funcionarios de alto nivel exigieron a empleados de distintas secretarías, organismos y hasta instituciones educativas del estado que entregaran al menos diez credenciales de elector de personas que pudieran votar conforme a lo indicado. A quienes se negaban, se les amenazaba con sanciones laborales o incluso despido.
Además, las órdenes no solo eran verbales: se solicitaban pruebas fotográficas para confirmar que los votos eran emitidos según lo planificado. Esta práctica no solo pone en duda la legalidad del proceso, sino que socava la confianza ciudadana en la imparcialidad de los comicios.
🔴⏯️ Tras una maratónica jornada, en la que por primera vez se realizan unas elecciones judiciales en México, las cuatro mil casillas instaladas en Nuevo León cerraron en punto de las 18:00 horas.
— ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) June 2, 2025
Tras el cierre de casillas, funcionarios se alistan a realizar el conteo de votos,… pic.twitter.com/yrIwlcJ4aZ
Samuel García faltó a su casilla
Pese a haber impulsado toda una operación política para garantizar una alta participación de su base laboral, el gobernador Samuel García brilló por su ausencia en las urnas. Conforme al registro del Instituto Nacional Electoral, el mandatario debía votar en la Sección 1410, ubicada en la Colonia Del Paseo Residencial, al sur de Monterrey, lugar donde está registrada su credencial de elector.
Funcionarios de casilla confirmaron que tanto él como su esposa, Mariana Rodríguez, estaban enlistados en la lista nominal. Sin embargo, ninguno de los dos se presentó. “Regularmente viene como a las 10 o 10:30 de la mañana”, comentó uno de los trabajadores de casilla. No obstante, la jornada avanzó y cerró a las 6 de la tarde sin que el gobernador hiciera acto de presencia.
La misma casilla reportó una participación de apenas 194 personas de un total de mil 906 inscritos en la lista nominal, es decir, apenas un 10.2% de participación, lo que acentúa aún más el impacto de la ausencia del jefe del Ejecutivo estatal.
Un domingo entre alberca y redes sociales
Mientras la jornada electoral avanzaba y sus funcionarios acudían —voluntaria o forzadamente— a las urnas, Samuel García decidió pasar el domingo en otro tipo de “agenda pública”: su vida familiar. A través de sus redes sociales compartió imágenes y videos disfrutando del sol y de la alberca en su casa, en compañía de su familia, ignorando por completo la jornada electoral.
Las imágenes fueron interpretadas por muchos como un gesto de indiferencia, incluso de burla, hacia un proceso que él mismo impulsó activamente desde su administración. La incongruencia entre obligar y no participar generó críticas incluso entre simpatizantes, quienes esperaban una postura más comprometida con el proceso electoral.
Además, diversos analistas políticos han señalado que este tipo de actitudes debilitan la democracia al enviar un mensaje de que las elecciones pueden ser utilizadas como herramienta política, pero no como un ejercicio de responsabilidad ciudadana.
Array
