El pasado 30 de abril, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, realizaron un evento público para presumir el arranque de obras del nuevo Hospital Infantil en el municipio de Guadalupe. Vestidos con chalecos naranjas, cascos de seguridad y palas en mano, ambos protagonizaron una escena que buscaba dar la impresión de que comenzaba la construcción formal del nosocomio. Sin embargo, días después se confirmó que todo fue una simulación: no existen permisos de construcción, no hay trabajadores en el sitio y las maquinarias utilizadas para la foto fueron retiradas tan pronto terminó el acto.
La puesta en escena fue parte de un evento que se realizó sobre un terreno en la zona conocida como La Ciudad de los Niños. Ahí, el matrimonio gubernamental arrojó simbólicamente una mezcla de cemento sobre un reducido espacio de terracería, mientras se tomaban fotografías. Según testimonios y reportes vecinales, ese ha sido el único movimiento visible en el predio. Tras el evento, no ha habido actividad real, ni señales de construcción en curso.
La situación ha provocado indignación entre ciudadanos, vecinos del sector y observadores del quehacer público, al considerar que el gobierno estatal utiliza este tipo de actos más como herramientas de promoción en redes sociales que como compromisos reales con la salud y el bienestar de la infancia en Nuevo León.
No hay permisos ni trabajos reales
Obras detenidas y sin sustento legal
De acuerdo con información proporcionada por el propio Municipio de Guadalupe, el supuesto arranque de obra no cuenta con los permisos correspondientes. Esto se confirmó días después del evento público, cuando vecinos inconformes con la ejecución del proyecto recibieron una respuesta oficial del Secretario de Infraestructura municipal, Guillermo Hernández. En el documento se indicaba que el proyecto se encuentra apenas en fase de estudios y trámites, por lo que no puede proporcionarse información técnica al respecto.
El texto señala con claridad: “Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de estudios y preparación de documentación para iniciar el trámite de permisos y licencias correspondientes, en estricto apego a la ley”. Es decir, no hay autorización alguna para iniciar obras en ese predio, lo que deja en evidencia que el acto encabezado por el Gobernador y su esposa fue estrictamente simbólico.
Los vecinos también habían solicitado anteriormente al Alcalde de Guadalupe, Héctor García, que transparentara toda la documentación relacionada con el proyecto. Entre los documentos exigidos se encontraban el proyecto ejecutivo, el contrato de compra-venta del terreno, estudios técnicos, dictámenes de impacto urbano regional y la acreditación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal. Sin embargo, ninguna de estas solicitudes ha sido atendida de forma satisfactoria.
Incluso se había pedido formalmente que se realizara una consulta pública para evaluar la pertinencia de construir un hospital en esa zona específica. Hasta el momento, no se ha convocado a la ciudadanía ni se ha establecido un canal claro de diálogo con los habitantes afectados.
Repetición de una estrategia mediática
Más arranques falsos en la gestión estatal
Este no es el primer caso en el que el gobierno de Samuel García es señalado por simular inicios de obra sin respaldo técnico, financiero o legal. En octubre de 2023, el mandatario estatal protagonizó un acto similar con la colocación simbólica de la primera piedra de un Hospital Infantil en el antiguo terreno del Penal del Topo Chico. Aquel proyecto fue desechado tras el rechazo de vecinos del sector y, tiempo después, el gobierno retiró la piedra.
Otro ejemplo se dio con la Carretera Interserrana, específicamente su segundo tramo. El gobernador organizó el 1 de mayo de 2024 un evento en Montemorelos para anunciar el arranque de la obra. No obstante, días más tarde se confirmó que el proyecto no contaba con recursos asignados ni avances técnicos reales, por lo que el anuncio quedó únicamente como un acto de propaganda.
A estas simulaciones se suman también los anuncios sobre las Líneas 4 y 6 de Metrorrey. A pesar de que se han difundido imágenes promocionales y mensajes celebrando su arranque, los proyectos todavía no cuentan con los permisos municipales necesarios en varios municipios clave, como Monterrey, Guadalupe, Apodaca y San Nicolás.
En cada uno de estos casos, el patrón se repite: eventos públicos con fuerte carga visual y presencia en redes sociales, pero con escasa o nula evidencia de avance físico o jurídico en las obras. Lo anterior ha provocado crecientes críticas hacia el mandatario estatal y su equipo, a quienes acusan de priorizar la imagen por encima de los resultados tangibles.
Indignación ciudadana por actos simbólicos de Samuel García
Desconfianza creciente en la administración
Los recientes episodios de inauguraciones simuladas han generado malestar e incredulidad entre los ciudadanos, quienes cuestionan si el gobierno estatal realmente está comprometido con resolver las necesidades de la población o si únicamente busca mantener presencia mediática. El caso del Hospital Infantil ha sido especialmente delicado, por tratarse de una obra que tendría un impacto directo en la salud y el bienestar de niñas y niños en el estado.
Vecinos de Guadalupe han expresado su molestia ante lo que consideran una burla a sus demandas, pues no solo no fueron consultados, sino que ahora descubren que el anuncio de construcción fue parte de un montaje sin sustento legal. La ausencia de trabajadores, de maquinaria y de avances en el terreno refuerza la percepción de que el evento fue un acto más para alimentar la imagen pública del gobernador y de Mariana Rodríguez.
La desconfianza ciudadana también se alimenta del hermetismo con el que las autoridades han manejado la información. A pesar de múltiples solicitudes formales por parte de la comunidad, no se ha dado acceso a los estudios técnicos ni a los contratos relacionados con el hospital. Este tipo de opacidad complica aún más la relación entre el gobierno y los habitantes de los municipios donde se planean grandes proyectos de infraestructura.
Además, este tipo de prácticas contribuye al deterioro de la credibilidad institucional. Si los ciudadanos perciben que las autoridades manipulan la información o que utilizan recursos públicos solo para generar contenido en redes sociales, se debilita la confianza en las decisiones gubernamentales, afectando también otros proyectos legítimos que sí cuentan con bases sólidas.
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