En 2024, el gobierno estatal de Nuevo León, bajo la administración de Samuel García, regularizó 21 instalaciones de Zinc Nacional que operaban sin autorización de impacto ambiental desde 2005. A cambio, la empresa debía realizar una “compensación ambiental”, que incluía la opción de hacer aportaciones económicas. Sin embargo, el monto de estas aportaciones no fue revelado en la versión pública de la resolución, lo que ha generado especulaciones sobre que no hay una regularización correcta.
La Secretaría de Medio Ambiente, liderada por Alfonso Martínez Muñoz, justificó la regularización como una medida para subsanar los daños ambientales acumulados. Sin embargo, críticos señalan que el proceso careció de transparencia y que pudo haber sido más una transacción financiera que un compromiso real con la remediación ambiental. La autorización condicionada permitía la operación de instalaciones como bodegas, naves industriales y almacenes de chatarra, pero dejaba fuera el control del proceso productivo de la planta, que sigue bajo jurisdicción federal.
Alta contaminación y revisiones pendientes a Zinc Nacional
Zinc Nacional ha estado bajo el escrutinio público por sus altos niveles de emisiones tóxicas. Un estudio de 2024, realizado por el experto de la UNAM Martín Soto Jiménez y publicado por The Guardian y Quinto Elemento Lab, reveló concentraciones alarmantes de plomo, cadmio y arsénico en viviendas y escuelas cercanas a la planta, ubicada en la colonia Lomas del Roble, en San Nicolás.
Tras estas revelaciones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en la planta. Como resultado, clausuró de forma precautoria dos de los seis hornos de Zinc Nacional, argumentando deficiencias en sus sistemas de control de emisiones. Este operativo se suma a una sanción previa de 2020, cuando la empresa fue multada con 15 millones de pesos por 49 irregularidades detectadas.
¿Compensación o encubrimiento?
La resolución estatal de 2024 estableció que la autorización condicionada solo entraría en vigor después de recibir la compensación económica o la implementación de un programa ambiental equivalente. Sin embargo, la falta de claridad sobre el monto de la compensación y el destino de estos recursos ha levantado sospechas de que podría tratarse más de un soborno que de una verdadera compensación ambiental.
Expertos y vecinos cuestionan si el gobierno estatal realmente actuó en favor del medio ambiente o si simplemente buscó un arreglo económico que permitiera a Zinc Nacional continuar operando sin enfrentar las consecuencias de años de contaminación.
“Es alarmante que no se haya dado seguimiento a las actividades de la planta tras recibir el dinero”, comentó un activista local, quien señaló que la autorización parecía más un permiso para continuar contaminando que una solución al problema.
Un problema heredado y sin resolver
Zinc Nacional no es ajena a las sanciones y señalamientos. Desde 2020, se han acumulado denuncias por contaminación y riesgos para la salud pública en comunidades cercanas. A pesar de ello, las acciones del gobierno estatal parecen centrarse más en acuerdos financieros que en garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Mientras Profepa intenta reforzar su presencia en la planta, la falta de un monitoreo continuo por parte del gobierno estatal refuerza la percepción de que el problema ha sido desatendido deliberadamente. Con el antecedente de clausuras y sanciones, la regularización de las instalaciones en 2024 se percibe como un intento de legitimar irregularidades previas sin abordar el impacto ambiental real.
El caso de Zinc Nacional deja en evidencia la fragilidad de los mecanismos de regulación ambiental en Nuevo León. La falta de transparencia en la compensación económica, sumada a la inacción posterior del gobierno estatal, genera dudas sobre el compromiso de las autoridades con el medio ambiente y la salud pública.
La pregunta persiste: ¿fue esta regularización un paso hacia la sostenibilidad ambiental o un arreglo financiero para silenciar críticas? La comunidad y los expertos exigen respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que las actividades industriales no sigan poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
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