En los últimos días, se ha desatado un nuevo escándalo que involucra al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su familia. Este caso se centra en la triangulación de 820 millones de pesos desde el DIF estatal hacia Comercializadora Don Cacahuato, un proveedor vinculado a un grupo empresarial que contrató los servicios del despacho jurídico propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro. La transacción fue reportada originalmente por el medio Latinus, desatando una ola de indignación y cuestionamientos.
Un Beneficio a Tan Solo 11 Días de Gobierno
No es la primera vez que se señala al gobernador Samuel García por beneficios irregulares. Con tan solo 11 días en el cargo, su despacho familiar se vio beneficiado con 200 millones de pesos recibidos por Suministros MYR, una comercializadora de alimentos para penitenciarias favorecida por el gobierno estatal. Este hecho ha levantado sospechas sobre la manera en que se manejan los contratos y recursos dentro de su administración.
Un Modus Operandi de Samuel Evidente
Lo que podría parecer un simple conflicto de interés se revela como un sofisticado modus operandi para triangular recursos entre el gobierno estatal, sus contratistas y el despacho familiar de los García Sepúlveda. Las operaciones de este esquema no se limitan a simples transacciones financieras, sino que reflejan una red de poder cuyo epicentro se encuentra en los pisos 30 a 33 de la Torre Helicon, en San Pedro Garza García, lejos del Palacio de Cantera, sede del gobierno estatal de Samuel García.
Monetizando Relaciones Políticas
La “solución fiscal” que ofrece la familia de Samuel García ha trascendido su objetivo inicial para convertirse en un instrumento de monetización de relaciones políticas. La integración de los servicios jurídicos del despacho familiar en los contratos gubernamentales sugiere una estrategia deliberada para maximizar beneficios económicos a costa de los recursos públicos.
La exposición de estos casos genera serios cuestionamientos sobre la integridad y transparencia en el manejo de recursos públicos por parte del gobierno de Nuevo León. La ciudadanía y las autoridades deben evaluar las implicaciones de estos hallazgos y considerar las acciones necesarias para garantizar un gobierno más transparente y justo.
El caso de Don Cacahuato no solo expone irregularidades específicas, sino que revela un patrón preocupante que podría tener repercusiones a largo plazo para la administración pública en Nuevo León.
