Recientemente, se llevó a cabo una reunión privada en el Salón Juárez del Palacio estatal donde se congregaron el Gobernador Samuel García y ediles de diversas fuerzas políticas, incluyendo el PRI, PAN, Morena, MC y PVEM.
Este encuentro, aunque cerrado al público, se convirtió en un espacio para discutir las tensiones existentes entre los alcaldes y el Gobernador. Durante la reunión, se abordaron una serie de cuestionamientos, justificaciones e incluso disculpas que reflejan la complejidad de las relaciones intergubernamentales en Nuevo León.
La discusión inició con la intervención del alcalde panista de San Nicolás, Daniel Carrillo, quien no dudó en manifestar su descontento hacia el mandatario. Carrillo destacó la falta de respeto del gobierno estatal hacia los municipios, señalando específicamente la ausencia de entrega de recursos que, de acuerdo con la ley, deberían haber sido proporcionados.
En su exposición, Carrillo hizo referencia a un controversial fondo de 2,500 millones de pesos, que fue aprobado en el Presupuesto 2023. Sin embargo, el alcalde aseguró que el gobierno solo había liberado el 30% de esta cantidad, utilizando lo que él describió como “chicanadas legales” para justificar la retención de los recursos.
García argumentó que la retención de los fondos se debió a que el Congreso local había iniciado juicios políticos en su contra y contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro. Este cruce de acusaciones entre el Gobernador y los alcaldes subrayó la creciente tensión y desconfianza en la relación entre el gobierno estatal y los municipios.
La situación se tensa con Samuel García
Además de las críticas sobre la falta de recursos, Carrillo también planteó que el Gobernador había invadido la vida personal de los alcaldes durante sus cuestionamientos, lo que generó una atmósfera incómoda en la reunión. Otro tema candente fue el embargo de cuentas municipales, que estuvo bajo la responsabilidad de Félix Arratia, ex titular del SAT estatal, durante el periodo de 2022 y 2023. Ayer, Arratia estaba presente en la mesa, pero en su nueva función como alcalde de Juárez, lo que contribuyó a aumentar la tensión entre los asistentes.
Los ediles, en un esfuerzo por expresar sus preocupaciones, relataron que el Gobernador les había indicado que “nadie está obligado a lo imposible” en relación con las demandas por el fondo de recursos. Sin embargo, Carrillo insistió en que la situación no era imposible, subrayando que los fondos estaban debidamente etiquetados en el presupuesto y que el Estado había decidido gastar esos recursos de manera diferente.
Para intentar aliviar la tensión generada por las críticas, García se vio obligado a ofrecer disculpas por los daños y lesiones causadas, subrayando la necesidad de buscar una nueva relación con los alcaldes, en un contexto donde ambos lados intentan reestablecer un entendimiento mutuo. Sin embargo, a pesar de este intento de reconciliación, otros alcaldes continuaron reclamando al Gobernador por la falta de publicación de decretos de deuda que habían sido aprobados por el Congreso local, lo que también había afectado a municipios como Escobedo y Guadalupe.
Demandas de los alcaldes
El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, un representante del PAN, se unió a las críticas hacia el Gobernador al cuestionar por qué se había vetado la actualización catastral en su municipio. García, en su defensa, admitió que la Federación no había aprobado la contratación de deuda a largo plazo, lo que obligó al Estado a recurrir a un financiamiento a corto plazo por 6,000 millones de pesos, con la obligación de saldarlo antes de que finalice 2024.
Durante la reunión, el Gobernador hizo un llamado urgente para que se apruebe el presupuesto, indicando que condicionaría la entrega de recursos a los municipios a la aprobación legislativa. Este enfoque provocó la reacción del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien advirtió que el Estado no puede mantener a los municipios como rehenes, presionándolos para que se conviertan en cabilderos ante el Congreso.
De la Garza instó a García a reconstruir su relación con los legisladores locales, mencionando que el Gobernador no había querido reconocer a la Presidenta del Congreso, Lorena de la Garza, ni a la Mesa Directiva, ambos impugnados. El edil consideró que era fundamental para el bienestar de la ciudadanía que el ejecutivo reconsiderara su postura y trabajara en conjunto con los legisladores.
Por otro lado, el alcalde morenista de Escobedo, Andrés Mijes, propuso que ambas partes, tanto el PRIAN como el Estado, desistieran de los litigios y pusieran fin a la pugna política. Sin embargo, su propuesta no encontró eco entre los presentes, lo que refleja la dificultad de encontrar un terreno común en medio de un ambiente político polarizado.
La reunión finaliza sin solución
La reunión finaliza sin solución
Este encuentro entre los alcaldes y el Gobernador ha puesto de manifiesto las tensiones persistentes en la administración pública de Nuevo León. Las quejas sobre la falta de recursos, la gestión de deudas y el manejo de los asuntos políticos han creado una atmósfera de desconfianza que complica la cooperación necesaria para el bienestar de los ciudadanos. La reunión no solo reveló las diferencias entre el ejecutivo y los alcaldes, sino que también subrayó la urgencia de un diálogo constructivo y sincero para abordar las necesidades y preocupaciones de los municipios.
Mientras el Gobernador y los alcaldes continúan lidiando con sus diferencias, la población de Nuevo León observa con atención. La capacidad de colaboración y entendimiento entre el gobierno estatal y los municipios será fundamental para enfrentar los desafíos futuros y garantizar que los recursos destinados al desarrollo local se utilicen de manera efectiva y responsable.
