Un mes después de que la inseguridad vinculada al crimen organizado obligara a retirar a los pasantes de Medicina de hospitales y clínicas en la zona rural de Nuevo León, la situación de seguridad en la región no ha mejorado. Como resultado, el 70% de estos estudiantes decidió no regresar a los centros de salud, a pesar de la presión de la Secretaría de Salud Estatal para que concluyan su servicio social, un requisito indispensable para su graduación.
Fuentes cercanas a los hospitales rurales han indicado que la asistencia de médicos pasantes ha disminuido notablemente. “De cada diez estudiantes, quizás solo tres han vuelto”, aseguró un directivo de uno de los hospitales afectados. Esta cifra refleja el temor y la inseguridad que aún persisten en estas áreas, donde la violencia ha dejado una huella indeleble.
Los pasantes han expresado su frustración y preocupación, señalando que la Secretaría de Salud, bajo la dirección de Alma Rosa Marroquín, no ha proporcionado garantías adecuadas de seguridad.
En numerosas ocasiones han solicitado información clara sobre cómo actuar en caso de emergencias, pero han recibido respuestas insatisfactorias. “Desde que aumentaron los índices de inseguridad, no hemos recibido ninguna solución concreta”, afirmó uno de los afectados, quien prefirió permanecer en el anonimato.
La falta de protocolos claros también ha generado inquietud. “No nos han explicado la ruta de evacuación ni nos han indicado el protocolo de seguridad a seguir en caso de un ataque”, añadió otro estudiante. Esta incertidumbre ha contribuido al clima de miedo y desconfianza en el que se encuentran.
Situación Crítica de Inseguridad en la Jurisdicción 7
El 19 de septiembre, las autoridades y universidades decidieron retirar a los pasantes de varios municipios de la Jurisdicción 7, que incluye localidades como Allende, General Terán, Hualahuises, Linares, Montemorelos, Rayones y Santiago. Esta medida fue tomada en respuesta al creciente clima de inseguridad que ha asolado la región.
Un día después, se hizo público que la decisión también se extendía a la Jurisdicción 8, que abarca zonas como Doctor Arroyo, Aramberri, Galeana, General Zaragoza, Mier y Noriega, e Iturbide. A pesar de que la Secretaría de Salud estatal había indicado que la retirada de los pasantes sería temporal, señalando que solo sería por una semana, la situación de violencia y riesgo ha llevado a los estudiantes a cuestionar esta afirmación.
En las últimas semanas, ha habido episodios alarmantes que han evidenciado la persistencia de la violencia. Recientemente, un enfrentamiento entre Fuerza Civil y un grupo armado tuvo lugar frente al Hospital General de Montemorelos, donde un criminal fue abatido y otro detenido.
“Fue una experiencia realmente desagradable”, comentó una fuente del centro médico. “El tiroteo ocurrió justo en el terreno del hospital, lo cual es completamente inaceptable”.
Algunos pasantes intentaron comunicarse con sus superiores para expresar su preocupación, pero las respuestas no fueron tranquilizadoras. “Lo único que nos dijeron fue que era una situación ajena al hospital y que debíamos regresar”, compartió uno de ellos. Esta falta de apoyo ha alimentado la frustración entre los estudiantes, quienes sienten que sus vidas y seguridad no están siendo tomadas en cuenta.
Inoperancia de Protocolos de Seguridad
La desconfianza se ha acentuado por fallos en los sistemas de seguridad de los hospitales. “Ese día, el sistema de alarmas del hospital no funcionó. Esto es inaceptable”, reprochó una de las fuentes internas. Aunque comprenden que no se pueden garantizar entornos completamente seguros, el hecho de que no se les informe sobre qué hacer en situaciones de crisis es, según ellos, deplorable.
Los pasantes insisten en que, para poder cumplir con su servicio social, es fundamental que la Secretaría de Salud proporcione un ambiente seguro y protocolos claros. “Estamos dispuestos a ayudar a las comunidades, pero necesitamos garantías de que podremos hacerlo sin ponernos en peligro”, subrayó un estudiante.
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