Un caso que sacude a Nuevo León
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta una nueva polémica tras revelarse presuntos vínculos entre su familia y una red de corrupción encabezada por Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia. El centro de esta investigación es Lergar, S.A. de C.V., una empresa fundada en 2013 por Rosario Asenat García, media hermana del mandatario. Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), la compañía habría realizado transferencias sospechosas hacia empresas vinculadas a Álvarez Puga, conocido por su participación en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Lergar, una empresa bajo la lupa
Desde su creación, Lergar ha reportado ingresos millonarios que alcanzaron un máximo de 370 millones de pesos en 2019. Sin embargo, estos recursos han sido acompañados de egresos y movimientos financieros que generan dudas sobre su transparencia. De acuerdo con la FGJNL, la compañía también se relaciona con otras operaciones fraudulentas que conectan a la familia García con redes de corrupción de alto perfil, como los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna.
Red de corrupción nacional: los vínculos con Álvarez Puga
Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de manejar empresas fantasma y desviar más de 3 mil millones de pesos, habría sido un receptor indirecto de recursos provenientes de Lergar. Este empresario prófugo, junto con su esposa Inés Gómez Mont, ha sido señalado como parte de una estructura de corrupción que operó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las investigaciones también revelan la participación de Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor, en estas operaciones fraudulentas.
Implicaciones políticas y legales
La relación de Lergar con estas redes delictivas pone en entredicho la administración estatal de Samuel García. Aunque el gobernador ha negado las acusaciones, las investigaciones en curso mantienen la atención en Nuevo León y generan cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos. Este caso no solo afecta la imagen del mandatario, sino también la confianza ciudadana en las instituciones del estado.
