Durante el primer semestre del 2025, Nuevo León ha registrado un incremento preocupante en los delitos de despojo, alcanzando un total de 699 carpetas de investigación abiertas por este tipo de crimen, lo que representa un incremento del 9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 641 casos.
Los datos provienen de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ha señalado que este delito, aunque no encabeza la lista de incidencia, ya ocupa el lugar número 15 entre los más reportados en la entidad. Su crecimiento constante refleja una situación que afecta directamente a la ciudadanía, pues se trata de delitos relacionados con el despojo de bienes inmuebles y recursos hídricos, lo que implica pérdida patrimonial y afectaciones legales para muchas familias.
Lo alarmante no es solo el crecimiento porcentual, sino la frecuencia con la que ocurren estos casos. Con una media diaria de casi cuatro carpetas de investigación por día (3.86 exactamente), este fenómeno se ha vuelto parte del paisaje delictivo del estado. Solo en el mes de enero no se rebasó la barrera de los 100 casos mensuales. A partir de febrero, los registros se mantuvieron por encima de esta cifra mes con mes.
Sube 9% el delito de despojo en Nuevo León durante primer semestre del añohttps://t.co/jLe2ITTg1G
— Milenio Monterrey (@MilenioMty) July 15, 2025
Tendencia Mensual Al Alza
El análisis detallado por mes muestra que en enero se denunciaron 98 casos de despojo, seguido por 125 en febrero, 129 en marzo, 102 en abril, 122 en mayo y 123 en junio. Esta distribución refleja una constancia preocupante, en la que los números no solo se mantienen altos, sino que no hay indicios de reducción o contención por parte de las autoridades.
Además, si se observa el comportamiento histórico del delito durante el actual gobierno estatal, los datos se vuelven aún más inquietantes. Desde octubre del 2021 hasta junio del 2025, se han acumulado un total de 4,944 casos de despojo, lo cual equivale a un promedio de 109.87 delitos al mes durante toda la administración.
De esos casi cinco mil casos, 332 ocurrieron entre octubre y diciembre de 2021, 1,360 durante todo el año 2022, 1,318 en 2023, 1,235 en 2024 y 699 solo en los primeros seis meses del 2025. Esta evolución muestra una problemática persistente, sin una estrategia visible que logre contener o revertir la tendencia.
Falta De Estrategia Estatal
A pesar del crecimiento sostenido de este tipo de denuncias, el gobierno estatal ha mantenido un bajo perfil respecto al problema. A diferencia de otros temas como la movilidad, la educación o la inversión pública, los delitos relacionados con el despojo de bienes inmuebles o aguas no han sido objeto de campañas informativas ni de estrategias de prevención por parte del Ejecutivo.
Este silencio institucional resulta preocupante, sobre todo si se considera que los despojos afectan directamente la seguridad jurídica, el patrimonio familiar y la confianza en las instituciones. Además, se suman a otros fenómenos que han erosionado la percepción de seguridad en el estado, como el incremento en la violencia familiar, que ocupa el primer lugar en la estadística de delitos denunciados.
La ausencia de respuestas por parte del gobierno también alimenta la impresión de impunidad y abandono. Las familias afectadas por estos casos no solo enfrentan el problema del despojo, sino también la lentitud institucional para resolver sus casos, la falta de información clara sobre cómo proceder legalmente, y la escasa difusión de programas de apoyo jurídico gratuito.
En este contexto, el crecimiento del delito también puede interpretarse como una consecuencia de la debilidad institucional para proteger el patrimonio ciudadano. La falta de resultados concretos en materia de seguridad y justicia agrava un panorama ya complicado para muchas personas en la entidad.
Urge Acción Concreta Del Gobierno
La ausencia de una estrategia visible para atender el creciente problema del despojo en Nuevo León deja en evidencia una falta de voluntad política o de capacidad operativa por parte del gobierno estatal. Aunque el delito no lidera la estadística de incidencia, su persistencia y su impacto directo en el patrimonio de cientos de familias debería bastar para considerarlo una prioridad en la agenda pública.
Además, la tendencia acumulada durante los últimos años revela que el problema no es nuevo ni aislado, sino estructural. Los casi cinco mil casos registrados en menos de cuatro años exigen más que declaraciones: hacen falta mecanismos eficaces de denuncia, respuesta rápida y justicia oportuna, así como programas de prevención y asistencia legal a las víctimas.
De continuar sin una política clara, el despojo podría escalar aún más y convertirse en un factor adicional de tensión social y desconfianza ciudadana hacia las instituciones. El gobierno de Samuel García tiene la responsabilidad de dejar de mirar hacia otro lado y comenzar a actuar con firmeza para garantizar la seguridad jurídica de la población.
