En Nuevo León, el costo del refrendo vehicular se ha convertido en uno de los principales motivos de inconformidad ciudadana. Con tarifas que oscilan entre los 1,030 y los 3,368 pesos, dependiendo del modelo del vehículo, los automovilistas regios enfrentan la cuota más elevada de todo el país.
Lo más polémico de esta situación no es únicamente el monto, sino la percepción generalizada de que los ingresos no se traducen en mejoras visibles en las calles, vialidades o servicios públicos. Mientras en otros estados los conductores pagan cifras mucho menores, e incluso en algunos lugares ni siquiera se exige el pago del refrendo, en Nuevo León la ciudadanía se pregunta con insistencia: ¿a dónde va todo ese dinero?
La indignación crece porque, a pesar de los altos ingresos recaudados, las vialidades metropolitanas continúan deterioradas, los baches abundan y los proyectos de infraestructura parecen no reflejar el esfuerzo económico que cada año realizan miles de automovilistas.
Comparaciones con otros estados
Un aspecto que vuelve más evidente el descontento es la comparación con otras entidades. Mientras que en Puebla y Guanajuato el refrendo vehicular cuesta apenas 670 pesos, en la Ciudad de México el monto fijo es de 731 pesos y en Jalisco, de 900 pesos, incluyendo además el replaqueo.
El contraste es aún más marcado cuando se observa que, en lugares como Baja California Sur, los automovilistas están exentos de este cobro. Incluso en estados vecinos como Coahuila o Tamaulipas, el costo es menor al de Nuevo León.
De esta forma, manejar en territorio neolonés se percibe como un lujo: los ciudadanos pagan hasta cinco veces más que en otras partes del país. Esta disparidad genera malestar no solo entre los contribuyentes locales, sino también entre quienes comparan lo que reciben a cambio de su pago en términos de infraestructura vial.
🏅Primer lugar en refrendo.
— Daniel Reyes (@dreyesmty) August 27, 2025
No hay otro Estado que cobre más por tener derecho a circular por las calles que Nuevo León: hasta el triple de lo que cobran CDMX o Jalisco.
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Recaudación histórica del refrendo
El debate no solo se centra en el presente, sino también en la evolución del cobro a lo largo de los últimos años. Tras la eliminación del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos en 2019, la administración estatal encabezada entonces por Jaime Rodríguez Calderón incrementó el costo del refrendo en un 40%.
Desde entonces, la recaudación ha mostrado un crecimiento exponencial. En 2015, el Estado contemplaba recibir alrededor de 831 millones de pesos por contribuciones vehiculares. Para 2019, la cifra proyectada ya era de 2,361 millones. Y bajo la administración actual, con Samuel García al frente, la recaudación por este concepto alcanzó en 2024 más de 4,559 millones de pesos, es decir, un aumento del 93% respecto a lo registrado apenas cinco años antes.
El refrendo vehicular se ha convertido así en una de las fuentes de ingresos más importantes para el Gobierno estatal, aunque persisten las críticas sobre la falta de transparencia en el uso de estos recursos.
Críticas ciudadanas y colectivas
Diversos colectivos y ciudadanos han manifestado su inconformidad. Juan Manuel Ramos, integrante de la organización Redes Quinto Poder, señaló que el verdadero problema no es que se cobre un impuesto elevado, sino que ese esfuerzo económico no se ve reflejado en beneficios tangibles.
“En una entidad donde se proveen servicios básicos, los contribuyentes no tendrían ningún empacho en hacer su parte, que es pagar sus impuestos. El problema es que no se ve reflejado en mejores servicios”, afirmó.
La crítica va más allá de las condiciones de las calles. Ramos cuestionó también el destino del dinero recaudado: “¿Para qué quieren más lana? Para pagar campañas, bailes y promocionales, y llenar la ciudad de panorámicos para decirnos que es el mejor estado del mundo cuando te caes en un bache en Gonzalitos o se te puede caer un pedazo de techo en un complejo vial”.
Estas declaraciones reflejan un sentir generalizado: los ciudadanos sienten que financian un gobierno que privilegia la promoción de su imagen sobre la solución de los problemas cotidianos.
Servicios y vialidades en entredicho
La principal queja de los automovilistas es la falta de correspondencia entre el pago del refrendo y las condiciones de las vialidades. Monterrey y su área metropolitana enfrentan diariamente un caos vial marcado por obras inconclusas, baches, falta de mantenimiento y una movilidad deficiente.
En este contexto, el alto costo del refrendo resulta aún más difícil de justificar. Los ciudadanos aseguran que, si realmente los recursos se destinaran a mejorar calles, puentes y avenidas, pagar el impuesto sería mucho menos controversial. Sin embargo, la realidad que perciben día a día es distinta: el dinero entra a las arcas, pero no se traduce en una mejor experiencia al transitar por la ciudad.
Además, en una entidad que presume crecimiento económico y atracción de inversiones internacionales, la falta de atención a las necesidades básicas de movilidad se interpreta como un contraste que mina la confianza en el Gobierno.
El debate sobre transparencia
La falta de claridad en la aplicación de los recursos provenientes del refrendo es uno de los temas más sensibles. Aunque el Gobierno estatal reporta la recaudación, pocas veces se presenta un desglose detallado del destino del dinero.
Esto genera sospechas entre la ciudadanía, que asocia los millonarios ingresos con el despliegue de publicidad oficial, campañas de imagen y gastos que no necesariamente repercuten en el bienestar colectivo.
Para los críticos, la verdadera solución pasa por establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan a los contribuyentes conocer con precisión cómo y en qué se gastan sus aportaciones. Sin transparencia, la percepción de que el refrendo vehicular funciona más como un mecanismo de recaudación política que como una herramienta para mejorar los servicios públicos seguirá creciendo.
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