El Río Santa Catarina, uno de los símbolos naturales más importantes de Monterrey, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica gracias a Samuel García. La construcción de la Línea 4 del Metro, impulsada por el gobierno estatal, ha dejado toneladas de escombro y relleno en su cauce, generando una alerta entre activistas y especialistas ambientales que denuncian el riesgo para el ecosistema y la falta de coherencia con el discurso ambientalista oficial.
A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó el retiro inmediato de estos materiales hace más de un mes, las autoridades estatales no han actuado para cumplir la instrucción. Este incumplimiento no solo vulnera el permiso de impacto ambiental otorgado por la Semarnat, sino que también pone en evidencia la negligencia en la gestión ambiental y la contradicción con las promesas de protección ecológica que el gobernador Samuel García ha promovido públicamente.
Denuncian falta de cumplimiento con Río Santa Catarina
De acuerdo con el biólogo Antonio Hernández, el depósito de escombros en el Río Santa Catarina representa una grave amenaza para la vegetación y la infraestructura de la ciudad. Según explicó, el relleno limita el crecimiento de plantas en el tramo norte del río, reduce la capacidad de flujo y debilita la barrera natural que protege a Monterrey de posibles desbordamientos y daños durante la temporada de lluvias.
“El Metro cuenta con una autorización de impacto ambiental emitida por la Semarnat, la cual establece condiciones estrictas para el manejo de residuos”, detalló Hernández. “Los escombros deben tener una disposición final segura y autorizada. No cumplir con esta condición significa una violación clara al permiso, y la autoridad encargada de vigilarlo, la Profepa, debería intervenir de inmediato”, agregó.
El especialista también criticó la falta de supervisión efectiva por parte de la Profepa, quien es responsable de garantizar el cumplimiento de los resolutivos ambientales. Hernández enfatizó que este incumplimiento debería derivar en sanciones tanto por parte de la Conagua como de la propia Profepa, dado el daño potencial al entorno y a la población.
Mientras tanto, el gobierno estatal continúa presentando a la Línea 4 como una obra emblema para la movilidad, sin reconocer públicamente los impactos ambientales negativos que la acompañan. Esta incongruencia alimenta el descontento social y refuerza la percepción de que las prioridades ambientales quedan relegadas frente a los intereses políticos y económicos.
Activistas exigen coherencia a Samuel García
Las críticas hacia Samuel García no provienen únicamente de expertos. Andrea Villarreal, miembro del colectivo Un Río en el Río, señaló que el gobierno ha mostrado una falta de congruencia preocupante. “Exigimos que se retire el escombro y que exista una verdadera coherencia entre el discurso de protección y las acciones reales”, afirmó Villarreal.
El colectivo ha mantenido una vigilancia constante sobre las intervenciones en el río y sostiene que la presencia de escombro no solo afecta la calidad ambiental, sino que también agrava el riesgo de inundaciones en colonias aledañas. Para la organización, el incumplimiento de la orden de Conagua refleja un desprecio por las obligaciones legales y por la seguridad de la ciudadanía.
El pasado 24 de mayo, un reportaje publicado por EL NORTE evidenció la acumulación de residuos provenientes de las obras de la Línea 4 en la Avenida Constitución. Las imágenes y testimonios documentaron cómo el material de construcción ha permanecido en el cauce durante meses, sin medidas visibles de contención o retiro.
A pesar de la presión mediática y social, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, responsable de la obra, no ha anunciado un plan concreto ni un calendario para cumplir con el retiro ordenado. Este silencio oficial solo incrementa la indignación y las sospechas de negligencia deliberada.
Riesgos para la ciudad y el ecosistema
El Río Santa Catarina no es solo un cauce de agua; constituye un ecosistema vital para Monterrey. Sus márgenes sirven de hábitat a diversas especies vegetales y animales urbanas, y su función como canal de desagüe natural es fundamental para mitigar inundaciones.
La colocación de toneladas de escombro compromete la capacidad de absorción y flujo del río, lo que podría traducirse en desbordamientos y afectaciones severas en futuras temporadas de lluvia. Además, la presencia prolongada de residuos modifica el equilibrio natural y afecta la regeneración de vegetación, reduciendo la capacidad de filtración y aumentando la erosión.
La ciudadanía observa con preocupación cómo un proyecto de infraestructura que prometía beneficios en movilidad termina generando conflictos ambientales de gran escala. Para muchos habitantes, la situación refleja la falta de planificación integral y la carencia de una visión ambiental sostenible por parte de las autoridades estatales.
El discurso ambientalista del gobierno, caracterizado por promesas de “cuidar el río” y “proteger la naturaleza”, queda en entredicho frente a acciones concretas que demuestran lo contrario. El caso del Río Santa Catarina se ha convertido en un ejemplo palpable de la distancia entre la narrativa oficial y la realidad en el terreno.
El Río Santa Catarina en peligro gracias a Samuel García
La situación del Río Santa Catarina tras las obras de la Línea 4 revela una crisis de gestión ambiental que va más allá de un simple incumplimiento administrativo. Se trata de una problemática estructural donde la protección ambiental queda subordinada a intereses de obra pública y a la presión por mostrar resultados rápidos.
El llamado urgente de expertos y colectivos a la Profepa y a la Conagua no es solo una solicitud de inspección o sanción, sino una exigencia de respeto a la legalidad y al derecho de la población a vivir en un entorno sano.
El futuro del río dependerá de la capacidad de las autoridades para rectificar y garantizar un manejo responsable. La falta de respuesta puede derivar en consecuencias graves para el ecosistema y en una pérdida de confianza ciudadana que ya comienza a manifestarse.
En este contexto, la sociedad civil, académicos y medios de comunicación seguirán atentos a la evolución del caso, esperando que se priorice la salud ambiental y la seguridad de los habitantes sobre los intereses políticos y económicos que, hasta ahora, parecen dominar la agenda gubernamental.
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