A medida que 2024 se acerca a su final, Nuevo León enfrenta una preocupante realidad: los homicidios han alcanzado niveles alarmantes, superando incluso los números registrados en 2012, uno de los años más violentos de la historia reciente. Con una cifra de 1,465 asesinatos, este año se coloca como el segundo más violento en el estado, solo por detrás de 2011, cuando la llamada “narcoguerra” cobró un alto número de vidas. La situación actual ha generado cuestionamientos y reflexiones sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado, incluso a pesar de las multimillonarias inversiones en equipamiento y tecnología.
Durante el sexenio de Samuel García, quien asumió la gobernación en 2021, 2024 ha sido el año con más violencia, a pesar de las estrategias implementadas para contener el crimen. Las cifras de homicidios han expuesto las limitaciones de las autoridades locales para frenar la escalada de violencia, generando debates sobre la verdadera raíz del problema y la necesidad de un enfoque integral que vaya más allá de la respuesta inmediata.
Inversión en seguridad sin frenar la violencia
Para enfrentar la inseguridad, el Gobierno estatal ha hecho inversiones considerables en infraestructura y recursos de seguridad, con la compra de helicópteros Black Hawk y unidades blindadas Black Mamba. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para disminuir los índices de violencia, lo que ha llevado a varios expertos y ciudadanos a cuestionar la efectividad de estas estrategias.
El estado ha mantenido un enfoque centrado en mejorar la tecnología y el equipo de sus fuerzas de seguridad, sin embargo, este año ha demostrado que solo equipar a la policía con tecnología avanzada no es suficiente para contrarrestar la violencia y la criminalidad. Ana María Esquivel, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, expresó que Nuevo León, al igual que el resto del país, enfrenta un problema complejo, cuyas causas deben ser atendidas en un contexto más amplio que abarque tanto la prevención como la reacción ante el crimen.
“Es necesario un enfoque transversal y multidisciplinario para abordar el problema desde sus raíces,” comentó Esquivel, “ya que los ciudadanos no solo perciben la violencia a través de las cifras, sino también por la falta de seguridad en sus comunidades. Es momento de que las autoridades se enfoquen en las causas generadoras de la violencia y no solo en una respuesta inmediata.”
Estrategias de contención en el área metropolitana
La estrategia de seguridad actual en Nuevo León ha intentado limitar la presencia de grupos delictivos fuera del área metropolitana de Monterrey, en un esfuerzo por proteger los principales centros urbanos. Sin embargo, esta medida ha tenido un impacto limitado y ha sido cuestionada debido a la escalada de homicidios en 2024. La dificultad para mantener a estos grupos fuera de las zonas urbanas refleja los desafíos que enfrenta el estado para combatir a organizaciones criminales bien estructuradas, que constantemente buscan nuevos territorios.
Ante la falta de resultados, el Gobierno de Nuevo León también ha reestructurado su Secretaría de Seguridad, con cambios en el liderazgo para intentar mejorar la situación. Gerardo Palacios Pámanes, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad, fue relevado de su cargo en julio y sustituido por Gerardo Escamilla, entonces jefe de Fuerza Civil. A pesar de estos cambios, la violencia continúa siendo un problema persistente que afecta la vida cotidiana de los habitantes de Nuevo León.
A medida que se implementan nuevas estrategias y cambios en la dirección de la seguridad estatal, los ciudadanos aún esperan que estas modificaciones se traduzcan en mejoras concretas. La creciente tasa de homicidios en el área metropolitana y en otros municipios pone en evidencia que la violencia sigue siendo una amenaza que no ha podido ser contenida, generando un clima de incertidumbre y preocupación en la población.
Perspectivas y retos de seguridad en Nuevo León
El contexto de violencia en el estado ha suscitado un debate sobre el verdadero alcance de las políticas de seguridad y las medidas que deben adoptarse para reducir los índices de criminalidad. La respuesta inmediata es esencial, pero también lo es la prevención y el abordaje de factores subyacentes que alimentan el crimen. La falta de oportunidades, la desigualdad y la corrupción son algunas de las causas profundas que, según expertos, deben ser abordadas para reducir la violencia de forma sostenible.
Los esfuerzos realizados hasta ahora por el Gobierno de Nuevo León, aunque significativos, parecen insuficientes para enfrentar el problema en su totalidad. La estrategia de contención y el aumento en recursos de seguridad han mostrado limitaciones evidentes, ya que no han logrado detener la escalada de violencia en el estado. Este panorama plantea una reflexión sobre la necesidad de adoptar una visión integral en la que se priorice la intervención temprana, la educación y el desarrollo social para abordar las causas estructurales de la delincuencia.
La presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Ana María Esquivel, subrayó que la seguridad requiere de una perspectiva amplia que integre múltiples disciplinas y sectores de la sociedad. “La percepción de inseguridad de los ciudadanos no solo se refleja en las estadísticas de homicidios, sino en el temor constante y la falta de confianza en las instituciones,” señaló. Para Esquivel, es indispensable implementar un enfoque integral que considere tanto la prevención del delito como la rehabilitación social y económica de las comunidades más afectadas.
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