La administración encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda en Nuevo León ha vuelto a estar en el ojo del huracán, esta vez debido a un polémico aumento en el gasto destinado a publicidad en redes sociales. Un análisis detallado revela que el estado duplicó el monto máximo para contratar servicios a través de la empresa Indatcom, una empresa vinculada al principal asesor de comunicación de García, Rafael Valenzuela.
La Relación Entre Samuel García y Rafael Valenzuela
El contrato, firmado el pasado 2 de octubre del 2023, asigna a Indatcom la considerable suma de 100 millones de pesos, destinados a publicidad en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Este desorbitado gasto debía ejecutarse en los últimos seis meses del 2023, justo antes de que Samuel García tomara licencia para postularse como candidato presidencial. El acuerdo, que eleva la cantidad inicialmente pactada en junio pasado, presenta claros indicios de favoritismo hacia Rafael Valenzuela y sus empresas asociadas.
EuZen y La Covacha Beneficiadas por Samuel García
No solo se adjudicó un segundo contrato a Indatcom, sino que EuZen y La Covacha, otras empresas vinculadas al asesor, también han cosechado millonarios contratos publicitarios durante el sexenio de Samuel García. EuZen, por ejemplo, se convirtió en proveedor del estado apenas dos meses después de que García asumiera el cargo, firmando un primer contrato por 580 mil pesos para tan solo 12 días de servicios. Esta compañía, a lo largo de los años, ha recibido contratos cada vez más lucrativos, llegando a sumar 6.9 millones de pesos en el 2022, y en el 2023, curiosamente, un acuerdo sin establecer un monto específico.
Contratos Sin Límite y Conflictos de Intereses
Por otro lado, La Covacha, también vinculada a Rafael Valenzuela, ha sido contratada para la producción de contenidos publicitarios a precios unitarios considerablemente elevados: 445 mil pesos por spots, 155 mil por reportajes para redes sociales y 80 mil por videos informativos. Este patrón de contrataciones levanta serias interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso de asignación de recursos públicos.
En un contexto donde la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son necesarios para Nuevo León, el gobierno de Samuel García y Mariana Rodríguez debería rendir cuentas y explicar detalladamente las razones detrás de este robo. La ciudadanía merece transparencia y responsabilidad en la gestión de sus impuestos, y es deber de las autoridades garantizar que el dinero público se utilice de manera justa y en beneficio de todos, no solo de unos pocos privilegiados.
