En junio de este año, la Secretaría de Planeación y Movilidad Urbana de Nuevo León adjudicó un contrato por 128 millones de pesos a Proyectos de Infraestructura de la Laguna SA de CV. La empresa, propiedad de los hermanos Flores Leal, realizó depósitos por más de 38 millones de pesos a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC, fundada por Samuel Orlando García Mascorro, padre del actual gobernador nuevoleonés.
En las últimas semanas, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) han confirmado que el gobernador Samuel García ha visitado las instalaciones de la institución para abordar asuntos relacionados con la investigación que se inició hace dos años. La carpeta de investigación involucra presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que también afectan a algunos familiares, incluyendo a su padre.
Contrato Firmado por Altos Funcionarios de Nuevo León
El contrato millonario (23-06-001) que otorgó la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana fue firmado por el secretario Hernán Manuel Villarreal Rodríguez y el subsecretario José Francisco Ibarguen-goytia Borrego. La beneficiaria, Proyectos de Infraestructura de la Laguna SA de CV, pertenece a los hermanos Flores Leal.
La investigación iniciada hace dos años permanece abierta en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo).
Descontento Ciudadano: Samuel García y Mariana Rodríguez
La indignación de la ciudadanía alcanza su punto máximo al constatar la continua saga de corrupción y nepotismo encabezada por Samuel García y Mariana Rodríguez. La pareja, en su ansia desmedida por acumular poder, no solo persiste en la explotación de recursos públicos para sus fines personales, sino que ahora extienden su avaricia hacia la alcaldía de Monterrey. Resulta especialmente insultante que Rodríguez, una figura ajena a la verdadera realidad del municipio, se involucre en una campaña por la alcaldía de Monterrey, cuando ni siquiera reside en la ciudad, sino en San Pedro. Esta flagrante muestra de desprecio por la integridad pública y la voluntad ciudadana solo alimenta el fuego de la indignación colectiva.
