Las acusaciones de extorsión y corrupción han colocado a Samuel García, gobernador de Nuevo León, en el centro de una tormenta política. Según informes, sus despachos de abogados han generado ingresos millonarios a través de prácticas ilícitas que afectan a transportistas y empresarios de hidrocarburos.
Extorsión y ganancias millonarias
Durante la administración de Samuel García, dos despachos de abogados vinculados a él, Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal S.C., han visto un aumento significativo en sus ingresos, superando los 1,781 millones de pesos. Este incremento se debe, en parte, a una presunta red de extorsión que implica la incautación de mercancías y cobros indebidos a transportistas y empresarios de hidrocarburos.
Empresarios afectados han señalado que la Dirección General de Comercio Exterior del estado está detrás de estas acciones, cobrando entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina retenida. Para liberar sus bienes, los empresarios se ven obligados a contratar los servicios legales de los despachos de García, lo que ha incrementado sus ingresos de manera considerable. Esta situación ha generado una fuerte indignación y demandas de transparencia en el uso de los recursos públicos.
Implicaciones y cuestionamientos legales hacia Samuel García
El escándalo no se limita solo a las presuntas extorsiones. Investigaciones periodísticas han revelado que uno de los despachos de García recibió 200 millones de pesos de un proveedor estatal, sin detalles sobre los servicios prestados. Esta triangulación de fondos ha generado serias dudas sobre la ética y la legalidad de estas operaciones, poniendo en riesgo la credibilidad de García y su administración.
El principal operador de estas acciones sería Carlos Contreras Segovia, director de la Dirección General de Comercio Exterior. Con un historial de denuncias por corrupción durante su tiempo en el SAT, Contreras Segovia ha sido acusado de manipular documentos para beneficiar a empresas evasoras de impuestos. Su papel en esta trama refuerza las acusaciones de prácticas corruptas dentro de la administración de García.
Impacto en el sector hidrocarburos
El esquema de extorsión ha tenido un impacto devastador en el sector de hidrocarburos de Nuevo León. Empresas como Petrolíferos Lobo S de RL de CV, Enerey Latinoamérica S de RL de CV y Maquiladora de Lubricantes SA de CV han pagado millones de pesos a los despachos de García para liberar sus bienes retenidos. Esta dinámica de coerción no solo perjudica a las empresas afectadas, sino que también erosiona la confianza en las instituciones gubernamentales.
El monto acumulado por estas prácticas asciende a 370 millones de pesos, mostrando la magnitud de la red de extorsión. Las repercusiones económicas y reputacionales para las empresas y el gobierno estatal son profundas, incrementando las demandas de una auditoría exhaustiva y la implementación de medidas correctivas.
¿Cuál es la importancia de este caso para Samuel García?
Este escándalo subraya la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Las presuntas extorsiones y el enriquecimiento ilícito durante la administración de Samuel García destacan la urgencia de implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el gobierno.
