Las extorsiones y abusos en cobros de grúas que padece el transporte de carga en municipios de Nuevo León han llegado a un punto crítico. Este problema se ha trasladado hasta la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, donde representantes del sector transportista han lanzado un enérgico llamado al Gobernador Samuel García para que tome cartas en el asunto.
Denuncias en la Cámara de Diputados
Francisco Javier Borrego, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integrante de Morena, junto con miembros de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), exigió una respuesta inmediata de las autoridades estatales. Borrego acusó directamente al Gobernador Samuel García y al Presidente municipal de Salinas Victoria, Raúl Cantú, de usar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para su propio beneficio financiero.
Casos de Abuso en Salinas Victoria
Diego Bolio, delegado de la Conatram Jalisco, evidenció un caso concreto de abuso en Salinas Victoria. Según Bolio, una unidad de transporte de carga fue detenida injustamente bajo el pretexto de circular por una vialidad restringida. Los agentes de Tránsito exigieron un pago exorbitante para liberar la unidad, incluyendo 15 mil pesos inicialmente, y luego sumas adicionales que ascendieron a 53 mil 500 pesos en total. Este caso ejemplifica la manera en que las autoridades locales están explotando la normativa de movilidad para extorsionar a los transportistas.
Un Llamado al Gobernador Samuel García
Borrego y Bolio, junto con otros miembros de la Conatram, han urgido al Gobernador Samuel García a recibir una comitiva del sector transportista para dialogar y buscar soluciones a este grave problema. El uso indebido de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, presentada por Movimiento Ciudadano, ha generado una situación insostenible para los transportistas, quienes están siendo víctimas de extorsiones sistemáticas.
La situación de extorsiones viales en Nuevo León es un reflejo de una problemática más amplia de corrupción y abuso de poder. El Gobernador Samuel García tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para proteger a los transportistas y garantizar que la ley no sea utilizada para fines indebidos. La atención inmediata a las denuncias y la apertura al diálogo con los afectados son pasos necesarios para resolver esta crisis y restaurar la confianza en las autoridades locales.
