El gobierno del estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García, se encuentra en el centro de una polémica por un contrato millonario que involucra a la empresa Ego Móvil. Según investigaciones de medios locales, esta compañía, que recibió $3,307 millones de pesos para el arrendamiento de 600 autobuses de transporte público, está bajo sospecha de ser parte de una red de empresas factureras. Estas denuncias han levantado serias preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y la legitimidad de los procesos de contratación.
Contrato multimillonario genera dudas
El contrato adjudicado a Ego Móvil, destinado a renovar la flota de transporte público con autobuses marca Golden Dragon, ha despertado dudas debido a irregularidades detectadas en su operación. Documentos oficiales indican que la empresa estuvo inactiva durante 19 años y modificó su objeto social para incluir servicios de transporte apenas días antes de participar en la licitación pública. Este cambio repentino en sus actividades, combinado con un domicilio fiscal ubicado en una colonia habitacional, ha llevado a cuestionar su capacidad para cumplir con el contrato.
Además, se descubrió que gran parte de los recursos asignados a Ego Móvil fueron desviados a otras empresas con características propias de compañías factureras, como Servicios Javit y Transportes Macario’s. Ambas firmas, sin experiencia en el sector de transporte, emitieron facturas millonarias por autobuses que, según los documentos, ya estaban negociados directamente con el fabricante chino.
Vínculos con empresas de dudosa procedencia
Entre las irregularidades más alarmantes destacan las características de las empresas involucradas en la ejecución del contrato. Servicios Javit, que recibió $1,045 millones de pesos, y Transportes Macario’s, que facturó $699 millones, presentan domicilios modestos y registros de actividad recientes que no coinciden con su participación en un proyecto de esta envergadura. Estas empresas, cuyos giros comerciales no incluyen el transporte, parecen haber sido incorporadas al esquema para justificar los movimientos financieros de Ego Móvil.
Por ejemplo, Transportes Macario’s opera desde un pequeño local en Texcoco, mientras que su sitio web carece de información detallada sobre servicios o proyectos anteriores. Esta falta de transparencia ha llevado a expertos y legisladores a cuestionar el destino final de los recursos y a exigir investigaciones más profundas sobre los vínculos entre estas compañías y el gobierno estatal.
A pesar de las evidencias, el gobierno de Nuevo León ha negado que Ego Móvil sea una “empresa pantalla”. Funcionarios del Instituto de Movilidad y Accesibilidad argumentaron que el proceso de licitación cumplió con los requisitos legales y que los autobuses arrendados ya están en operación. Sin embargo, las críticas no han cesado, y voces en la oposición han señalado que esta defensa no explica las inconsistencias detectadas.
Falta de transparencia preocupa a ciudadanos en Nuevo León
La falta de transparencia en este caso ha generado preocupación tanto en la sociedad como entre los legisladores. Diputados de la oposición han calificado el contrato como un posible esquema para desviar recursos estatales. Además, señalaron que la adjudicación a una empresa sin historial operativo ni experiencia en el sector compromete la credibilidad del gobierno en su manejo del erario.
El caso de Ego Móvil se suma a otros escándalos de corrupción que han marcado la administración estatal. La opinión pública ha reaccionado con escepticismo ante las explicaciones del gobierno, y varios sectores han exigido mayor rendición de cuentas. Analistas consideran que este caso podría ser solo la punta del iceberg, revelando una red más amplia de empresas factureras que operan con contratos públicos.
Por otro lado, la ciudadanía se encuentra dividida respecto a los posibles beneficios del proyecto. Si bien la modernización del transporte público es una necesidad urgente en el estado, la manera en que se han manejado los recursos pone en entredicho la efectividad y legitimidad de estas acciones.
Investigación pendiente por esclarecer
A medida que avanza la investigación, surgen más interrogantes sobre el destino de los $3,307 millones de pesos asignados a Ego Móvil. La inactividad prolongada de la empresa, los domicilios modestos de sus principales colaboradores y los vínculos con compañías sin experiencia en transporte son indicios de una operación opaca que podría estar desviando recursos estatales hacia fines ilícitos.
Diversas voces en la política y la sociedad han instado a las autoridades a realizar una auditoría exhaustiva del contrato y a garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Mientras tanto, la falta de respuestas claras por parte del gobierno estatal ha aumentado la presión sobre la administración de Samuel García, que enfrenta uno de los escándalos más grandes de su gestión en Nuevo León.
Array
