El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, suspendió la convocatoria para repartir más de 100 millones de pesos destinados a organizaciones civiles que realizan labores altruistas y sociales en el estado. La decisión, justificada por la falta de un Presupuesto 2025 aprobado, ha generado una ola de críticas y preocupaciones entre los sectores afectados.
Más de 100 organizaciones en riesgo en Nuevo León
La convocatoria suspendida había beneficiado en años anteriores a 197 organizaciones civiles, entre ellas Cáritas de Monterrey, Casa Monarca y Cruz Rosa, que brindan apoyo esencial a miles de personas vulnerables en el estado. Estas instituciones ofrecen servicios como alimentación, atención médica, asesoría legal y refugio para personas en situación de vulnerabilidad.
Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, calificó la suspensión como un golpe directo a los sectores más necesitados. “Estos recursos no deberían depender de conflictos políticos. Estamos viendo cómo la gobernanza se convierte en un obstáculo para el bienestar de quienes más lo necesitan”, señaló Zavala, cuya organización apoya a migrantes en el estado.
El impacto de la suspensión es significativo. Muchas de estas organizaciones dependen de los recursos estatales para operar y continuar con sus servicios. La incertidumbre generada por esta decisión amenaza con reducir el alcance y, en algunos casos, provocar el cierre de instituciones que han sido pilares en la atención social de Nuevo León.
Conflicto político detrás de la suspensión
La decisión de cancelar los apoyos se da en medio de un conflicto entre el Gobernador Samuel García y el Congreso local, compuesto por una mayoría opositora. Según la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el presupuesto aún no ha sido aprobado, lo que genera incertidumbre sobre los recursos disponibles para 2025. Sin embargo, legisladores aseguran que el Congreso ya aprobó el presupuesto, pero el Gobernador lo ha rechazado debido a modificaciones realizadas por los diputados, quienes buscan limitar la capacidad del estado para adquirir más deuda.
Rebeca Clouthier, integrante del Grupo de las 6, acusó al Gobierno estatal de politizar los apoyos sociales para presionar al Congreso. “Es grotesco que se utilicen las necesidades de las organizaciones civiles como moneda de cambio en un conflicto político”, declaró Clouthier, quien lamentó que miles de beneficiarios estén siendo afectados por esta disputa.
El presidente del Instituto Nuevo Amanecer, Marco Antonio Amaya, también expresó su preocupación, destacando que los apoyos sociales son fundamentales para mantener la operación de las organizaciones y el bienestar de las comunidades que atienden. “Los recursos asignados a estas instituciones deben estar blindados de cualquier conflicto político”, afirmó.
Organizaciones exigen acción inmediata
Ante la crisis, representantes de diversas organizaciones han solicitado al Gobierno estatal y al Congreso que prioricen el bienestar de los ciudadanos y encuentren una solución inmediata al conflicto presupuestal. Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, subrayó que, mientras el Gobierno gasta millones en publicidad, las organizaciones enfrentan el riesgo de cierre por falta de recursos: “Si el Gobernador redujera su gasto en publicidad, podría cubrir fácilmente los 100 millones de pesos que necesitan estas instituciones”.
A pesar de la suspensión, la Secretaría de Igualdad e Inclusión aseguró que buscará opciones junto con la Tesorería estatal para garantizar que las organizaciones reciban apoyo, aunque no se ha especificado cómo ni cuándo podría resolverse la situación.
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