Un nuevo reporte fiscalizador sacude el panorama político en el norte del país tras detectarse movimientos financieros multimillonarios. La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó una posible denuncia a Samuel García y papá por el presunto desvío de recursos Nuevo León. Este informe involucra a Mariana Rodríguez Cantú, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Fiscalía Nuevo León, tras revisar el manejo de fondos públicos estatales.
El esquema de triangulaciones en la denuncia a Samuel García y papá
De acuerdo con los reportes presentados por el auditor Alejandro Reynoso Gil ante diputados locales, el organismo fiscalizador detectó 786 depósitos dirigidos hacia un despacho jurídico y fiscal. Estos movimientos suman 1,696.6 millones de pesos provenientes de contratistas estatales que prestaron servicios a la administración de Samuel García durante el ejercicio fiscal 2025.
Según los datos expuestos en el informe estatal, cuatro empresas principales funcionaron como puente desde la Tesorería hacia la firma legal vinculada al mandatario y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Una constructora recibió 5,851 millones de pesos del gobierno y transfirió más de 5,154 millones a una filial, la cual finalmente envió 385.3 millones al bufete familiar.
Por otro lado, la defensa política dentro del Poder Legislativo calificó estas observaciones como una acción ociosa con tintes partidistas y fines electorales. Legisladores afines al gobierno argumentan que los señalamientos carecen de sustento técnico y buscan golpear la imagen pública de la administración estatal frente a los próximos procesos comiciales en la entidad.
El papel del DIF estatal y los sobreprecios en alimentos
El informe de fiscalización también señala presuntas irregularidades en el sistema DIF, institución encabezada políticamente por Mariana Rodríguez Cantú. La auditoría documentó pagos por 1,953 millones de pesos a un proveedor de alimentos que dispersó los recursos entre cinco filiales, logrando transferir 23.3 millones de pesos al despacho jurídico en apenas ocho días.
La revisión detalló diferencias notables en los precios de productos básicos adquiridos por la dependencia estatal en comparación con los costos del mercado mayorista. Por ejemplo, se reportó la facturación del kilo de chayote en 300 pesos frente a su valor regular de 18 pesos, además de compras de aguacate en 250 pesos y tomate en 200 pesos por kilo.
Asimismo, el organismo fiscalizador indicó que la nómina del DIF cubrió pagos privados por 3.15 millones de pesos para cuatro empleados de una empresa de cosméticos vinculada a familiares directos de Mariana Rodríguez Cantú. El documento añade que también se pagaron sueldos de personal adscrito al mismo despacho jurídico investigado por las autoridades estatales.

Medicamentos oncológicos y otras dependencias observadas
La investigación financiera abarca adquisiciones realizadas por el Isssteleón y la Universidad Autónoma de Nuevo León para la compra de tratamientos contra el cáncer. Ambas instituciones depositaron 420.6 millones de pesos a una empresa distribuidora, de los cuales 74.1 millones terminaron en firmas relacionadas con familiares de altos funcionarios del gabinete estatal.
El auditor señaló que, además de detectarse un sobrecosto en estos fármacos oncológicos, no existe evidencia documental suficiente que compruebe su entrega física a las instituciones. Adicionalmente, se observó que la corporación Codefront facturó 537.4 millones de pesos a una empresa sancionada en el extranjero, superando ampliamente los contratos originales de 120 millones.
En contraste, representantes del oficialismo local insisten en que todas las adquisiciones contaron con los procesos administrativos correspondientes y responden a necesidades operativas urgentes. Sostienen que la interpretación de los auditores sobre las cadenas de suministro privadas intenta criminalizar operaciones comerciales habituales entre empresas proveedoras y sus propios asesores legales.
Plazos legales ante la Fiscalía Nuevo León y la FGR
El titular de la auditoría estatal informó a los legisladores que cuentan con un plazo máximo de dos semanas para formalizar la denuncia a Samuel García y papá. Estos expedientes serán turnados tanto a la Fiscalía Nuevo León como a la FGR para que ambas instancias determinen las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
Este proceso local se suma a los hallazgos previos presentados por la ASF ante la Cámara de Diputados durante el mes de octubre. En aquella ocasión, el organismo federal denunció ante la FGR una presunta triangulación superior a los 7,200 millones de pesos, señalando que por cada 100 pesos investigados, 17.60 pesos llegaban al despacho familiar.
Mientras los diputados locales exigen celeridad en la integración de las carpetas de investigación, el entorno del gobernador sostiene que la duplicidad de señalamientos confirma una persecución política. Aseguran que la mezcla de cifras estatales y federales busca confundir a la opinión pública sobre el manejo real de las finanzas en Nuevo León.

El futuro político tras la denuncia a Samuel García y papá
La presentación de casi ocho mil observaciones no solventadas por un monto global de 61 mil millones de pesos ocurre en un momento de alta tensión política. Diversos actores nacionales han utilizado el caso del presunto desvío de recursos Nuevo León para cuestionar la gestión de Samuel García de cara a la sucesión gubernamental de 2027.
Operadores políticos de fuerzas opositoras a nivel federal presentaron recientemente denuncias adicionales ante la FGR contra el mandatario y su entorno familiar por estos mismos hechos. Argumentan que el uso de despachos privados para captar comisiones de contratistas públicos representa un esquema sistemático de simulación fiscal y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, el equipo gubernamental mantiene su postura de que las observaciones de la Cuenta Pública 2025 se encuentran dentro de los plazos legales para ser aclaradas. Afirman que entregarán la documentación comprobatoria necesaria para desvirtuar cada uno de los señalamientos antes de que concluyan los procesos judiciales en curso.
Te podría interesar:
Array





