Detrás del despliegue publicitario y las campañas digitales que caracterizan a la cúpula de Movimiento Ciudadano en el norte, la realidad presupuestal acaba de asestar un golpe demoledor. La Auditoría Superior de la Federación dio un paso sin retorno al judicializar formalmente ante la Fiscalía General de la República el expediente de fiscalización contra el gobernador Samuel García, señalando un esquema sistemático de ordeña presupuestal por más de 7 mil 200 millones de pesos.
La acusación no queda en meras observaciones de auditoría: se trata de una denuncia penal con pruebas de transferencias bancarias que terminaron engrosando el patrimonio de la firma jurídica que el mandatario comparte con su padre, Samuel Orlando García.
El dictamen remitido a la Cámara de Diputados derriba cualquier justificación técnica. Según expuso el auditor Aureliano Hernández, los peritajes financieros detectaron patrones inequívocos de simulación mercantil diseñados para lavar la salida de recursos públicos. Las arcas estatales fungieron como fuente de financiamiento para contratistas pantalla, quienes fragmentaron el capital mediante giros sucesivos hasta depositar sumas millonarias en las cuentas privadas del círculo consanguíneo de García.
Los cuatro embudos que inflaron el despacho de los García
La investigación de la ASF desglosa con absoluta precisión la arquitectura financiera orquestada desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León. De la bolsa total triangulada, un monto consolidado de 928.13 millones de pesos fue canalizado de forma directa a la cuenta del despacho familiar a través de cuatro maniobras específicas:
- La vía de la megaobra: La administración estatal dispersó inicialmente 5 mil 851 millones de pesos a una empresa del ramo constructor. Acto seguido, este corporativo traspasó 5 mil 154.6 millones a una firma intermediaria, la cual terminó transfiriendo 385.3 millones de pesos al negocio particular del clan García.
- La pantalla comercial y alimentaria: Un segundo desembolso oficial extrajo 964 millones de pesos destinados a una comercializadora. Desde ahí, 237 millones se movieron hacia una compañía procesadora de alimentos, encargada de transferir 202.9 millones al bufete del mandatario, dispersando el resto del saldo entre tres particulares.
- El mecanismo de consultorías fantasma: El erario de Nuevo León liberó 243 millones de pesos para saldar supuestos servicios. La proveedora turnó 65.5 millones a una consultora que, tras retener un margen operativo de apenas 2.6 millones, envió 62.9 millones de pesos al despacho de Samuel García y su padre.
- El circuito de equipamiento: En un cuarto movimiento, el gobierno emitió 154.2 millones de pesos a un proveedor que canalizó 144.4 millones a un consorcio de suministros, concluyendo la cadena con un depósito final de 77.03 millones a la firma jurídica.
El informe concluye que este vertiginoso trasvase de dinero estatal coincidió temporalmente con la consolidación de un patrimonio opulento que incluye la compra de un terreno millonario valorado en mil millones de pesos, exhibiendo una disparidad patrimonial imposible de sostener con sus ingresos de servidor público.
Mismo manual de operación en Sinaloa
El reporte técnico de la federación subraya que esta metodología de saqueo no es aislada, exhibiendo una trama análoga en Sinaloa ligada a Rubén Rocha Moya. En aquel estado, asignaciones de obra pública favorecieron a una compañía constructora ligada jurídicamente a los hijos del exmandatario. La firma no solo infló captaciones de recursos muy superiores a los proyectos que realmente construyó, sino que transfirió fondos millonarios a las cuentas de los descendientes del exgobernador e incluso pagó supuestas deudas a mandos de la secretaría de finanzas estatal.
En resumen, la denuncia penal de la ASF exhibe sin atenuantes el modus operandi de Samuel García para desviar miles de millones del presupuesto de Nuevo León mediante una red de empresas intermediarias y facturas simuladas que inyectaron casi mil millones de pesos a su despacho familiar, sepultando su discurso de nueva política y colocándolo frente a responsabilidades criminales ineludibles.
Quizás te pueda interesar:
Array
