El proyecto de modernización del transporte público de Samuel García en Nuevo León ha terminado generando más problemas que soluciones. Lejos de representar un avance real en la movilidad, la eliminación del pago en efectivo en camiones y la implementación forzada de pagos digitales ha puesto en evidencia una profunda falta de planeación y sensibilidad social por parte del gobierno estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha sido clara: este esquema atenta contra el derecho a la movilidad y deja fuera a miles de personas, especialmente a quienes más dependen del transporte público.
Tecnología que excluye a los más vulnerables
La intención inicial de migrar hacia un sistema de cobro electrónico buscaba, en teoría, agilizar el acceso al transporte y reducir el manejo de efectivo. Para ello, el gobierno introdujo la tarjeta “Me muevo” y la aplicación “Urbani” como métodos exclusivos de pago en los camiones verdes. Sin embargo, esta medida ha terminado excluyendo a sectores que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para adaptarse.
Según la CEDHNL, existen más de 24 millones de personas en México que no tienen un teléfono móvil. En el caso particular de Nuevo León, esta realidad se vuelve aún más evidente en comunidades rurales y en zonas con población mayor. Para muchos adultos mayores, las herramientas digitales no son solo inaccesibles, sino incomprensibles.
Lydia Reyna, una usuaria de edad avanzada, señaló que la eliminación de la tarifa preferencial y la imposición del pago digital le han arrebatado un derecho básico. “Antes podía pagar en efectivo y tenía un descuento. Ahora no solo pago completo, sino que a veces ni siquiera puedo subir porque no hay unidades que acepten efectivo”, lamentó.
A la problemática tecnológica se suman las dificultades físicas. María Mercedes, usuaria de silla de ruedas, relató cómo las rampas mal diseñadas y la falta de apoyo de los choferes complican su acceso al transporte. “No siempre tengo internet ni saldo en el celular, y si voy sola es imposible. El pago en efectivo era mi única forma de viajar con algo de independencia”, explicó.
Estudiantes y personas con discapacidad, los grandes afectados por Samuel García
El impacto de esta política no termina con los adultos mayores. Los estudiantes, especialmente aquellos que no forman parte de la UANL, también han visto afectada su capacidad para moverse por la ciudad. La falta de una tarifa preferencial para la mayoría del estudiantado universitario y de nivel medio superior ha significado un incremento considerable en sus gastos mensuales.
Asimismo, las personas con discapacidad, en especial aquellas con discapacidad visual, encuentran en el dinero físico un recurso esencial para mantener el control sobre sus finanzas. Los billetes y monedas poseen características táctiles y de tamaño que permiten su identificación sin necesidad de verlos. Al forzar el uso de aplicaciones que muchas veces presentan fallas y no cuentan con accesibilidad sonora adecuada, se vulnera gravemente su autonomía.
Además, las constantes fallas en la aplicación “Urbani” —que van desde errores de lectura de códigos hasta problemas de conexión— han dejado a varios usuarios varados. Las pocas opciones para recargar la tarjeta “Me muevo” empeoran la situación. Muchas veces, los puntos de recarga no están disponibles en barrios alejados o carecen de terminales funcionales, lo que convierte el acto básico de tomar un camión en una odisea para los ciudadanos.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) refleja un panorama preocupante: una parte considerable de la población mexicana no tiene acceso constante a dispositivos móviles ni a internet. Esto significa que la política del pago electrónico obligatorio no solo es insensible, sino que también refuerza las desigualdades existentes.
Transportistas de NL acusan al Estado de destrozar el sistema de transporte con esquema de pago por kilómetro recorrido, que fue un fracaso.#Entérate https://t.co/CMBlqxt4nT
— EL NORTE (@elnorte) June 25, 2025
Iniciativas legales y denuncias públicas contra Samuel García
Ante la creciente ola de inconformidad, la CEDHNL decidió actuar. En junio pasado presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa para modificar artículos clave de la Ley de Movilidad. Su objetivo principal es devolver la posibilidad de pagar en efectivo, garantizando así el derecho a la movilidad para todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos tecnológicos.
En mayo de 2024, la CEDHNL emitió la recomendación 09VG/2024, donde denunció la violación de al menos 15 derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la salud, educación, vida digna, movilidad y trabajo. Esta recomendación fue una respuesta directa al creciente número de quejas y al testimonio de decenas de usuarios que se vieron forzados a abandonar el transporte público por no poder cumplir con las nuevas exigencias.
Las medidas impuestas también fueron objeto de acciones legales. Organizaciones y colectivos ciudadanos interpusieron amparos en diciembre de 2024 y enero de 2025, buscando frenar la obligatoriedad del pago digital y exigir una revisión profunda del aumento en las tarifas. Dichos amparos permanecen en curso y podrían representar un parteaguas para la política de movilidad en el estado.
Uno de los puntos más polémicos fue la falta de consultas públicas antes de implementar la medida. Diversas voces señalaron que no se tomó en cuenta la opinión de los principales afectados ni se realizaron estudios de impacto social suficientes. Además, la figura de Abraham Vargas Molina, quien ocupa simultáneamente el cargo de director del Instituto de Movilidad y el de Metrorrey, ha sido duramente criticada. Aunque el gobierno insiste en que su cargo es honorario, muchos consideran que esta acumulación de funciones refleja una falta de transparencia y un manejo inadecuado de los recursos públicos.
El argumento oficial de que “los activistas no utilizan el transporte público” ha generado aún más molestia entre los ciudadanos. Para muchos, esta declaración demuestra una falta de empatía y comprensión de la realidad cotidiana de miles de neoleoneses.
Un debate urgente sobre inclusión
La imposición del pago electrónico en el transporte público de Nuevo León plantea una cuestión fundamental: ¿hasta dónde se puede priorizar la tecnología sin sacrificar la equidad? Para la CEDHNL, la respuesta es clara: la digitalización no puede reemplazar el derecho universal a la movilidad.
Si bien los avances tecnológicos pueden ofrecer soluciones útiles y eficientes, su implementación debe ser progresiva y considerar a todos los sectores de la población. La exclusión de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes representa no solo una injusticia social, sino también una violación a los derechos humanos.
El retorno del pago en efectivo no significa un retroceso tecnológico. Por el contrario, es una medida necesaria para garantizar la accesibilidad y proteger a los grupos más vulnerables. Se trata de asegurar que el transporte público siga siendo un servicio universal y no un privilegio exclusivo para quienes pueden adaptarse a las nuevas tecnologías.
Actualmente, la presión social y legal sigue creciendo. Las demandas ciudadanas se multiplican y los debates en el Congreso local se intensifican. Mientras tanto, la administración estatal enfrenta el desafío de mostrar voluntad política y sensibilidad social para corregir una medida que ha resultado excluyente y polémica.
El futuro de la movilidad en Nuevo León está en juego. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán si el estado apuesta por una movilidad inclusiva o si profundiza una brecha que ya afecta a miles de ciudadanos.
Array
