El regreso del MacroFest a la Macroplaza en Monterrey, con la participación de artistas como Banda MS y Los 2 de la S, ha generado un gran revuelo tanto por el impacto que tiene sobre el erario como por la falta de transparencia en los contratos relacionados con el evento. Aunque la administración estatal encabezada por Samuel García se ha comprometido a mantener altos estándares de transparencia, lo cierto es que, a pesar de la obligación legal, no ha difundido detalles clave, como los contratos millonarios con los artistas que participaron en este evento masivo.
El costo de la falta de transparencia
El evento masivo, que se lleva a cabo en la emblemática Macroplaza de Monterrey, requirió una inversión significativa, tanto en el montaje del escenario como en otros gastos relacionados. Solo la instalación del escenario costó alrededor de 2.6 millones de pesos, una cifra considerable que no fue acompañada de la publicación de los contratos de los artistas, como Carin León, Danna Paola, Los Tigres del Norte y Los Fabulosos Cadillacs. A pesar de la obligación legal de hacer públicos estos contratos, la administración de Movimiento Ciudadano ha mantenido su opacidad al respecto.
Para el evento de ayer, el gobierno estatal adjudicó un contrato adicional cercano a un millón de pesos para la instalación de vallas de seguridad. Este gasto adicional se justifica por las medidas de seguridad implementadas tras el trágico colapso de un escenario durante un evento similar en 2024, en el que murieron 10 personas. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos recursos públicos sigue siendo un tema de debate y preocupación para los ciudadanos.
Comparación con otros gobiernos
A pesar de la falta de transparencia del gobierno estatal, la situación en otras partes del país muestra una actitud completamente diferente. Un claro ejemplo de esto es el Gobierno de la Ciudad de México, que sí publicó el contrato relacionado con el evento de la Banda MS en el Zócalo de la Ciudad en septiembre de 2024. El costo total del evento, que incluyó el escenario, el equipo de sonido, la iluminación y una banda filarmónica mixe que abrió el espectáculo, alcanzó los 32.2 millones de pesos. La diferencia en la actitud hacia la transparencia entre los gobiernos es evidente, lo que ha generado una mayor desconfianza en la administración de Samuel García.
La falta de publicación de contratos por parte de la administración de Nuevo León contrasta con el esfuerzo por hacer públicos los gastos de la Ciudad de México, lo que refuerza las críticas sobre la opacidad en la gestión pública en el estado.
Medidas de seguridad y justificación de los gastos del MacroFest
Una de las justificaciones presentadas por el gobierno estatal para el aumento en el costo del evento es la implementación de medidas de seguridad adicionales. Después de la tragedia ocurrida en 2024, donde un escenario colapsó en un evento de cierre de campaña en San Pedro Garza García, se decidieron agregar nuevas medidas para evitar cualquier incidente similar. Una de las innovaciones fue la instalación de una estación meteorológica portátil para medir las ráfagas de viento y así anticipar condiciones climáticas que pudieran poner en riesgo la seguridad de los asistentes.
Asimismo, se modificó la estructura del escenario y se contrató un seguro de responsabilidad civil, lo que también contribuyó a un aumento en el costo del evento. Estas medidas fueron anunciadas como necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes, pero las críticas no se hicieron esperar. Aunque la seguridad es una prioridad, muchos se cuestionan si la falta de transparencia y el elevado costo de las medidas justifican el gasto de dinero público en un evento que, para muchos, parece ser más una estrategia de imagen política que una verdadera preocupación por el bienestar de la ciudadanía.
Protestas durante el evento
El MacroFest también estuvo marcado por protestas en contra del aumento de tarifas del transporte público en el estado. Un grupo de manifestantes irrumpió en el evento mientras Banda MS y Los 2 de la S se presentaban en la Macroplaza. Los manifestantes, convocados por el colectivo La Voz de los Usuarios, criticaron la falta de transparencia en los contratos y la mala gestión de los recursos públicos. La protesta fue pacífica, pero los manifestantes lograron acercarse al escenario a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno estatal.
Este tipo de manifestaciones reflejan el descontento de los ciudadanos con el manejo de los recursos públicos y la creciente desconexión entre las autoridades y la población. Los manifestantes expresaron su frustración tanto con el gobierno estatal como con las políticas que consideran que no benefician a la mayoría de los ciudadanos, como el alza en las tarifas del transporte público.
