El escándalo por el sobrecosto en la compra de válvulas por parte de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) no deja de crecer. Legisladores locales y ciudadanos han exigido a la paraestatal, dirigida por Juan Ignacio Barragán, que rinda cuentas sobre la adquisición de casi 2 mil piezas con precios inflados hasta en un 306 por ciento respecto al valor real de mercado.
En total, la operación significó un desembolso de más de 75 millones de pesos, de los cuales alrededor de 51 millones corresponden únicamente al sobreprecio. La compra, realizada en octubre de 2022 bajo la figura de adjudicación directa, fue justificada con el argumento de la emergencia por sequía, pero los críticos aseguran que se trata de un nuevo ejemplo de opacidad y posible corrupción en el manejo de recursos públicos.
▶️ Auto cae en una zanja ocasionada por trabajos que Agua y Drenaje llevan sin terminar desde hace dos meses. 🚧
— Milenio Monterrey (@MilenioMty) June 29, 2025
📹 Especial pic.twitter.com/0JIBQCaYaN
Diputados cuestionan el sobrecosto
El tema llegó al Congreso local, donde legisladores demandaron que se esclarezca el motivo por el cual se pagaron cifras tan elevadas por las válvulas adquiridas a la empresa Bermad Control de Flujo. La exigencia incluye un llamado a transparentar cada paso del proceso de adjudicación, ya que la falta de licitación impidió comparar precios con otros proveedores.
Las cifras reveladas muestran que AyD pagó 54 mil 509 pesos por cada válvula de seis pulgadas, cuando en el mercado estas piezas se ofrecían en apenas 13 mil 440 pesos. En el caso de las válvulas de cuatro pulgadas, el organismo desembolsó más de 34 mil pesos por unidad, pese a que el precio real rondaba los 12 mil.
De haberse respetado los precios de mercado, la paraestatal habría gastado menos de la mitad de lo que terminó pagando, lo que ha provocado indignación entre legisladores y ciudadanos que cuestionan si realmente hubo una necesidad urgente que justificara este gasto.
Argumentos de la paraestatal
Ante los señalamientos, AyD defendió la operación asegurando que las válvulas eran indispensables para garantizar la presión en la red de distribución y que su compra se realizó en el marco de la declaratoria de emergencia por la sequía en Nuevo León.
En un comunicado, el organismo negó haber pagado precios inflados, pero no presentó pruebas sólidas que respaldaran sus dichos. Además, puso en duda la validez de las cotizaciones utilizadas para comparar los precios, aun cuando fueron solicitadas directamente al mismo proveedor que les surtió las piezas.
La defensa de la institución no convenció ni a los legisladores ni al Consejo de AyD, integrado por empresarios, ciudadanos y representantes municipales, quienes también pidieron mayor transparencia en el uso de los recursos y en la planeación de proyectos estratégicos.
Relación con otros proyectos cuestionados
El caso del sobrecosto en las válvulas no es un hecho aislado. La Administración estatal de Samuel García ya había sido señalada por decisiones financieras poco claras en el ámbito del agua. En abril pasado, se documentó que el Gobierno estatal terminará pagando casi 15 mil millones de pesos en un plazo de 9 años por su parte del costo del Acueducto El Cuchillo 2, un monto que prácticamente triplica el valor original de la obra.
Más recientemente, el Consejo de AyD frenó un financiamiento por 26 mil 485 millones de pesos para el programa de Reuso Potable Indirecto, cuyo costo real era de poco más de 8 mil millones. La decisión se tomó porque el esquema financiero presentado resultaba excesivamente caro y poco transparente, repitiendo patrones que ahora se reflejan en la compra de las válvulas.
Estas situaciones han alimentado la percepción de que la gestión de proyectos hídricos en Nuevo León carece de una estrategia sólida y prioriza mecanismos de contratación que terminan elevando innecesariamente los costos.
Riesgos para la ciudadanía
El sobrecosto en las válvulas no solo representa un problema administrativo, sino que también impacta directamente en los ciudadanos. Cada peso destinado a operaciones con precios inflados es dinero que deja de invertirse en la reparación de fugas, la modernización de la red hidráulica o la atención a comunidades que aún enfrentan cortes constantes en el suministro de agua.
Vecinos de distintos municipios metropolitanos han denunciado desde hace años obras inconclusas, drenajes en mal estado y deficiencias en el servicio. El hecho de que la paraestatal destine recursos a compras tan cuestionadas incrementa la desconfianza hacia su gestión y refuerza la percepción de que el organismo opera con discrecionalidad.
Además, la falta de transparencia debilita la confianza en los mecanismos de emergencia. Si cada declaratoria de sequía se convierte en un pretexto para evitar licitaciones y realizar compras directas, el riesgo de abuso en el manejo de recursos se mantiene latente.
Array
