Durante el tercer fin de semana de junio, la violencia en Nuevo León alcanzó un nuevo pico. En solo tres días —del viernes 13 al domingo 15— se cometieron 16 homicidios, lo que convierte a este periodo en el más letal del 2025 hasta el momento. Las cifras alarman no solo por su volumen, sino porque reflejan el incremento sostenido de crímenes en distintas regiones del estado, particularmente en zonas urbanas y la región citrícola, donde la presencia del crimen organizado parece consolidarse.
Con estos 16 asesinatos, junio ya suma 34 homicidios y el conteo anual alcanza los 453 casos, de los cuales más del 90 % están vinculados a actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el control territorial. La escalada de violencia ocurre en medio de un discurso oficial que insiste en que el estado está “blindado” y que los índices de seguridad están “bajo control”, lo cual ha generado fuertes críticas por parte de la ciudadanía y de distintos actores políticos.
Escalada criminal durante tres días
El recuento oficial detalla una cronología de hechos violentos concentrados entre el 13 y el 15 de junio, donde múltiples homicidios ocurrieron en municipios densamente poblados y otros en zonas rurales marcadas por el conflicto entre bandas criminales.
El viernes 13, la violencia inició con el asesinato de dos personas dentro de un taller de hojalatería ubicado en la Colonia Valle de Santo Domingo, en San Nicolás. Los responsables, según reportes, llegaron en motocicleta y dispararon directamente a las víctimas. Ese mismo día, en Escobedo, otro hombre fue asesinado en una zona cercana a Paseo de la Amistad y Libramiento Noreste, lugar conocido por haber sido escenario del hallazgo de más de una decena de fosas clandestinas en años recientes.
El sábado 14, un hombre de 28 años fue apuñalado al menos 17 veces afuera de su vivienda en Apodaca. La saña del ataque conmocionó a los vecinos, quienes alertaron a las autoridades, pero poco se pudo hacer por salvarle la vida.
Para el domingo 15, la situación no mejoró. En la zona norte de Monterrey, un joven fue perseguido y abatido a balazos por un grupo armado. Según testigos, uno de los agresores era su propio hermano, quien ya se encuentra detenido como presunto responsable del crimen.
Estos episodios no solo aumentan la estadística, sino que revelan la gravedad de la inseguridad cotidiana en Nuevo León, donde cada vez más personas son víctimas de ejecuciones, ajustes de cuentas o ataques relacionados con conflictos familiares y criminales.
Nuevo León registra 16 asesinatos en tan sólo tres días el pasado fin de semana, superando niveles de crímenes presentados en marzo y mayo. #ElNorteSeguridadhttps://t.co/8O5PzcjHJZ
— elnortelocal (@elnortelocal) June 17, 2025
Crece la violencia en el sur del estado
Paralelamente a los hechos ocurridos en la zona metropolitana, la región sur de Nuevo León enfrenta una crisis de violencia que se ha intensificado en las últimas semanas. Municipios como Rayones, Linares, General Terán, Allende y Montemorelos han sido escenario de enfrentamientos armados, persecuciones y asesinatos que involucran tanto a delincuentes como a funcionarios públicos.
Uno de los casos más recientes fue la ejecución del Secretario del Ayuntamiento de Linares, un crimen que ha generado gran preocupación entre las autoridades municipales. Además, se han registrado balaceras entre elementos de seguridad y grupos delictivos, lo que pone en riesgo a la población civil y refleja la incapacidad del Estado para contener la violencia en estos territorios.
Pese a esta situación, la estrategia de seguridad del gobierno estatal ha sido fuertemente cuestionada, pues mientras se presume que Nuevo León está “blindado”, las cifras muestran una realidad muy distinta. La sensación de inseguridad persiste y crece entre la ciudadanía, que exige acciones concretas, prevención del delito y una mayor presencia de autoridades en puntos críticos.
Ciudadanía de Nuevo León exige respuestas y resultados
Los homicidios acumulados durante junio —34 hasta el día 15—, y los 453 registrados en lo que va del 2025, han puesto en tela de juicio la política de seguridad del gobierno estatal encabezado por Samuel García. Más allá de los números, la principal crítica es que no hay una estrategia visible, eficaz ni transparente, lo que deja a la población vulnerable y sin alternativas claras de protección.
Colectivos ciudadanos, activistas y familiares de víctimas insisten en que no basta con desplegar elementos armados o publicar cifras parciales. Lo que se necesita, dicen, es una revisión profunda del modelo de seguridad, inversión en inteligencia, coordinación real entre fuerzas locales y federales, así como atención social en comunidades donde la violencia se reproduce con facilidad.
El aumento de la violencia también pone presión sobre las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Con más de 400 homicidios ligados al crimen organizado en poco más de seis meses, es evidente que la impunidad sigue siendo la regla en muchos de estos casos. Las detenciones son escasas, las investigaciones se alargan, y los responsables rara vez enfrentan consecuencias.
A pesar de ello, el discurso oficial continúa enfocándose en la percepción, más que en los hechos. Por ello, la ciudadanía empieza a movilizarse en distintas plataformas para exigir resultados tangibles, transparencia en las cifras y un enfoque integral para atender esta crisis.
Array
