- Un Río Declarado Protegido Solo En El Discurso
- Nuevas Obras, Viejos Desmontes Sin Restauración
- Colectivos Señalan Omisiones Y Falta De Transparencia
- Permisos Que Llegan Tarde Y Un Modelo De Obras Agresivo
- Una Agenda Ambiental Que Se Queda En El Papel
La reciente reactivación de maquinaria en el cauce del Río Santa Catarina volvió a encender las alarmas sobre la incongruencia entre el discurso oficial y las acciones del gobierno estatal. Aunque Samuel García presume haber impulsado la declaratoria para convertir el río en Área Natural Protegida, los hechos evidencian que su administración continúa ejecutando obras que dañan el ecosistema, sin atender desmontes previos ni cumplir con procesos de restauración ambiental.
Un Río Declarado Protegido Solo En El Discurso
Cuando el gobernador anunció su intención de blindar legalmente el Río Santa Catarina, lo presentó como un compromiso histórico con el medio ambiente. Sin embargo, la falta de avance real en la declaratoria, sumada a nuevas intervenciones dentro del cauce, ha generado una percepción pública de engaño y oportunismo político.
Mientras la administración estatal asegura que protege el ecosistema, retroexcavadoras, camiones y maquinaria pesada regresaron a las zonas que habían sido desmontadas meses antes. La contradicción es tan evidente que colectivos ambientales consideran que la supuesta protección del río quedó reducida a propaganda.
Nuevas Obras, Viejos Desmontes Sin Restauración
Las recientes autorizaciones de la Semarnat permitieron al Estado reiniciar la construcción de dos puentes peatonales. Sin embargo, estas obras continúan sobre áreas donde previamente se retiró vegetación sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente.
En el tramo cercano a Morones Prieto, la maquinaria volvió a remover suelo y material vegetal para habilitar el punto donde se construirá el puente hacia la Torre Rise. En otro sector, frente al nuevo edificio de Fuerza Civil, la presencia de varillas y castillos muestra que el avance de obra nunca se detuvo por completo, a pesar de las denuncias ciudadanas.
Lo más grave es que ninguno de los desmontes previos ha sido remediado. Los árboles derribados permanecen tirados, las superficies degradadas siguen expuestas y no existe un programa visible de reforestación o restauración ecológica. Todo ello contradice el compromiso ambiental que el propio mandatario afirma defender.
Colectivos Señalan Omisiones Y Falta De Transparencia
Organizaciones como Un Río en el Río han documentado afectaciones desde octubre. Denunciaron desmontes en puntos clave del cauce y revelaron que, pese a la supuesta suspensión, las obras retomaron ritmo una vez obtenida la autorización federal.
El colectivo también subrayó que han pasado meses desde que Samuel García anunció la protección del río, pero la Secretaría de Medio Ambiente estatal no ha publicado la declaratoria. La ausencia de transparencia sobre el proceso alimenta la sospecha de que el anuncio tuvo fines mediáticos más que ambientales.
Para los activistas, la preocupación no radica solo en la obra actual, sino en la postura del gobierno estatal: una administración que se define como “verde”, pero avanza con infraestructura gris sin garantizar restauración ni manejo ecológico adecuado.
Permisos Que Llegan Tarde Y Un Modelo De Obras Agresivo
La Semarnat finalmente otorgó las autorizaciones ambientales, pero estas llegaron después de que los desmontes ya habían ocurrido. Esta secuencia refuerza la idea de que el Estado opera bajo la lógica de hechos consumados: intervenir primero, regular después.
La administración estatal defiende estos proyectos como soluciones de movilidad. Sin embargo, especialistas han advertido que intervenir el cauce con obras pesadas altera la dinámica natural del río, incrementa el riesgo de erosión y compromete su capacidad de respuesta ante lluvias intensas.
Mientras tanto, el gobierno destinó más de 800 millones de pesos para dos puentes que, aunque funcionales para la conectividad urbana, representan un retroceso ambiental al ejecutarse en uno de los pocos corredores ecológicos que quedan en la zona metropolitana.
El Río Santa Catarina, Otra Víctima De La Contradicción De Samuel García
La narrativa ambiental del gobernador no coincide con sus acciones. De un lado, promueve la idea de proteger el río; del otro, permite desmontes sin restauración y arranca obras que profundizan el daño ecológico. La ciudadanía señala que esta doble moral vuelve a mostrarse como un sello de su administración.
Aunque el gobierno afirma tener buenas intenciones, la evidencia en el terreno muestra abandono, árboles caídos y zonas degradadas sin atención. Nada de esto sugiere un manejo responsable del río como un ecosistema vivo.
Para especialistas y colectivos, el problema es estructural: se impulsa un modelo de desarrollo urbano que privilegia obras visibles y de alto presupuesto, incluso si ello implica sacrificar espacios naturales o retrasar su restauración. La supuesta Área Natural Protegida existe en discursos, pero no en políticas efectivas.
Crece La Presión Ciudadana
Ante la falta de avances reales, organizaciones ambientales han reiterado sus exigencias al Estado:
- Publicar la declaratoria oficial del Río Santa Catarina como Área Natural Protegida.
- Garantizar la restauración inmediata de los desmontes previos.
- Transparentar los permisos y estudios ambientales de cada obra.
- Detener intervenciones hasta asegurar que no habrá impactos irreversibles.
La ciudadanía también cuestiona la urgencia de las obras actuales cuando no se han atendido daños anteriores. La falta de reforestación es uno de los reclamos más repetidos, pues los desmontes se realizaron con la promesa de restauración, pero esas acciones nunca llegaron.
Una Agenda Ambiental Que Se Queda En El Papel
La controversia en torno al río evidencia una constante en la administración de Samuel García: la distancia entre el mensaje público y la ejecución real. En este caso, la afectación a un ecosistema clave y la falta de cumplimiento de compromisos ambientales no solo representan un retroceso ecológico, sino un golpe a la confianza ciudadana.
El Río Santa Catarina enfrenta un futuro incierto. Mientras los trabajos continúan, la restauración sigue pendiente y la declaratoria permanece en pausa. La contradicción entre proteger y destruir se vuelve cada vez más difícil de ocultar.
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