Legisladores del Congreso de Nuevo León solicitaron una investigación federal al consorcio Ego Móvil por la licitación de arrendamiento de 600 camiones chinos adjudicado por el gobierno estatal y el Instituto de Movilidad.
Este contrato, valorado en 3 mil 307 millones de pesos y asignado a la empresa Ego Móvil, presuntamente involucra el uso de empresas pantalla y posibles delitos fiscales. Se pidió la intervención de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y otras instituciones para esclarecer los hechos.
Legiladores Piden Investigación Federal Ante Posible Delito Fiscal
El arrendamiento de 600 camiones chinos ha generado polémica en Nuevo León. El contrato, asignado por el Instituto de Movilidad del Estado a Ego Móvil, está bajo sospecha debido a que los pagos se realizaron a empresas con características de factureras señaladas por el SAT. Estas compañías, conocidas por emitir comprobantes fiscales sin sustento real, han sido señaladas en múltiples investigaciones como un método común para desviar recursos públicos.
Ante esta situación, el legisladores del Congreso local aprobó por mayoría solicitar una investigación federal. El acuerdo, impulsado por la diputada priista Armida Serrato, obtuvo 24 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. La investigación federal que piden abarca a varias instituciones, incluidas la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República.
Además, se demandó que las fiscalías estatal y anticorrupción también revisen el caso. Los diputados enfatizaron la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y de sancionar a los responsables en caso de confirmarse irregularidades.
Legisladores Exigen Informe a Abraham Vargas, Titular del Instituto de Movilidad
El Congreso también aprobó la creación de una comisión especial para dar seguimiento al caso. Este grupo se encargará de inspeccionar las unidades arrendadas y verificar su localización física. Adicionalmente, se exigió al titular del Instituto de Movilidad, Abraham Vargas, un informe detallado sobre la ubicación y estado de los 600 camiones arrendados.
Estas medidas buscan aclarar si las unidades realmente cumplen con los requisitos establecidos en el contrato y si están en operación. Legisladores como Serrato señalaron que es vital garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, especialmente en un tema tan sensible como el transporte público.
La polémica también ha provocado cuestionamientos sobre la gestión del Instituto de Movilidad. La oposición política acusa a la dependencia de falta de transparencia y de no priorizar las necesidades de los ciudadanos. Por su parte, representantes del Instituto han defendido el contrato, argumentando que este responde a las necesidades de modernización del transporte público en el estado.
Reacciones en el Congreso
El caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito político de Nuevo León. Por un lado, la mayoría de los legisladores del PRI y el PAN han respaldado la solicitud de indagatoria federal, argumentando que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Por otro lado, diputados de Movimiento Ciudadano y Morena han cuestionado el alcance de las investigaciones y las motivaciones detrás de las mismas.
Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones civiles han expresado preocupación por el impacto de este escándalo en el ya precario sistema de transporte público. Muchos temen que los recursos destinados al arrendamiento de los camiones no hayan sido utilizados de manera eficiente y que las irregularidades retrasen aún más la mejora del servicio.
En este contexto, expertos en transparencia señalan que el caso de los camiones es solo uno de muchos ejemplos de cómo la falta de supervisión y controles adecuados permite que los recursos públicos sean vulnerables a mal manejo. Este tipo de situaciones no solo afectan las finanzas públicas, sino que también minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.
La investigación federal en el caso de Ego Móvil será crucial para determinar si hubo irregularidades y, de ser así, quiénes son los responsables. Las instituciones federales y locales tienen la tarea de colaborar para garantizar que el proceso sea transparente y que se rindan cuentas a la ciudadanía.
Además, este caso podría sentar un precedente importante en cuanto a la supervisión de contratos gubernamentales en el estado. Si se logran esclarecer las irregularidades y sancionar a los responsables, se enviará un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia en el uso de recursos públicos.
