La Policía Estatal de Nuevo León volvió a colocarse en el centro de la polémica tras un caso que indignó a la ciudadanía. Un joven de 25 años, identificado como Dilan Alexander, fue brutalmente golpeado por cuatro policías durante una detención en el municipio de Juárez. El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa cómo los uniformados excedieron el uso de la fuerza con patadas y puñetazos, a pesar de que el detenido ya se encontraba sometido.
Las imágenes causaron indignación no solo por la violencia de la agresión, sino también por la respuesta de la corporación estatal, que se limitó a suspender a los elementos implicados sin presentarlos ante el Ministerio Público. La situación, que mantiene al joven hospitalizado e intubado en estado grave, reavivó el debate sobre la crisis que atraviesa la Fuerza Civil, el papel del Gobierno estatal en su administración y la falta de confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.
Cuatro policías de Fuerza Civil son detenidos tras ser captado agrediendo a golpes a un hombre para detenerlo, en Juárez.#ElNorteLocal
— elnortelocal (@elnortelocal) September 16, 2025
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Golpiza en Juárez captada en video
El hecho ocurrió la tarde del lunes en la colonia Vistas del Río, en Juárez. Según testigos, los cuatro policías intentaron detener a Dilan Alexander por el presunto consumo de sustancias en la vía pública. En medio del forcejeo, los oficiales recurrieron a la violencia extrema, propinándole golpes que lo dejaron semiinconsciente.
En uno de los videos, grabado por personas que presenciaron la escena, se aprecia cómo un oficial le da una patada en la cabeza cuando el joven ya estaba en el suelo e inmovilizado. Los testigos les pedían que no se excedieran, pero los policías continuaron con la agresión. Finalmente, lo subieron a la patrulla en estado crítico y lo trasladaron.
Horas después se supo que Dilan había sido llevado primero al Hospital General de Juárez y posteriormente al Hospital Metropolitano, donde permanece intubado y bajo vigilancia médica. Su madre, Yadira Jazmín Torres, denunció que en un inicio ninguna autoridad le informaba sobre el paradero de su hijo y que fue en el hospital donde le confirmaron la gravedad de sus lesiones.
Respuesta oficial de la Policía Estatal
La reacción de la Fuerza Civil fue inmediata pero insuficiente para la opinión pública. A través de un comunicado, la corporación informó que los cuatro elementos involucrados fueron suspendidos de sus funciones y que se abrió una investigación interna por el uso excesivo de la fuerza.
El documento señalaba que, gracias al monitoreo de redes sociales, se detectaron imágenes que mostraban cómo los uniformados incumplieron los protocolos de uso legítimo y proporcional de la fuerza. Sin embargo, la corporación no dio a conocer los nombres de los oficiales ni los puso a disposición del Ministerio Público, lo que generó críticas por presunta protección a los responsables.
La explicación oficial también incluyó que el joven fue detenido por consumo de sustancias ilegales en la vía pública, aunque esta justificación no convenció a quienes consideran que ningún escenario puede justificar los niveles de violencia observados en el video.
Crisis en Fuerza Civil y desconfianza
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de una serie de episodios que han golpeado la credibilidad de la Fuerza Civil en los últimos años. La corporación, que en sus inicios fue presentada como un modelo de seguridad para Nuevo León, hoy enfrenta críticas por abusos, falta de disciplina y escándalos de corrupción interna.
La brutal agresión a Dilan Alexander se convirtió en símbolo de un problema más amplio: la descomposición de una institución que debería proteger a los ciudadanos. Para muchos, el incidente refleja la falta de control del Gobierno estatal sobre sus propias corporaciones de seguridad.
Activistas y especialistas en derechos humanos han reiterado que la violencia institucional genera miedo en la población y debilita la confianza en las autoridades. Además, recuerdan que casos como el de Juárez no solo afectan a la víctima directa, sino que envían un mensaje de impunidad y abuso de poder que lastima a toda la sociedad.
Exigen justicia y cambios estructurales
La familia de Dilan Alexander exige justicia y asegura que no permitirá que el caso quede en la impunidad. Organizaciones de la sociedad civil han pedido que la investigación sea llevada por instancias independientes y que los policías sean procesados penalmente por lesiones graves y abuso de autoridad.
La ciudadanía también ha expresado su indignación en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente, acompañado de mensajes de condena hacia los uniformados y críticas hacia el Gobierno estatal por no garantizar un control efectivo de la Fuerza Civil.
En paralelo, expertos señalan que no basta con suspender a los elementos implicados. La situación exige una revisión profunda de los protocolos de actuación, una capacitación más estricta en derechos humanos y un compromiso real de las autoridades para erradicar la impunidad.
El caso abre nuevamente la discusión sobre la necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad desde la transparencia y la rendición de cuentas. De lo contrario, episodios como el de Juárez seguirán repitiéndose y debilitando aún más el vínculo entre sociedad y policía.
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