El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García, ha generado controversia al adjudicar un contrato millonario a Cas Vic, una empresa poblana con un historial cuestionable. Este hecho ha levantado serias dudas sobre la transparencia y la ética en los procesos de contratación pública del estado.
Detalles del contrato y su adjudicación
El pasado 3 de abril, los Servicios de Salud de Nuevo León anunciaron que el contrato para el mantenimiento de camas y camillas de diversas unidades médicas se otorgó a Cas Vic, una empresa de Puebla. El valor del contrato es de 9 millones 253 mil 839 pesos, incluyendo el IVA. Cabe destacar que Cas Vic fue la única empresa participante en este concurso, a pesar de que en Nuevo León existen otras compañías que ofrecen servicios similares.
Cas Vic, cuyo propietario es Genaro Castillo Gómez, fue fundada en el año 2000. Sin embargo, sólo recientemente, en 2018, la empresa amplió su campo de acción para incluir la compra y venta de equipo médico y hospitalario. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta es la primera vez que la administración actual de Nuevo León adjudica un contrato a Cas Vic.
Controversias alrededor de Cas Vic
El propietario de Cas Vic, Genaro Castillo Gómez, ha sido objeto de numerosas críticas en Puebla. Reportes periodísticos han señalado que Castillo Gómez recibió adjudicaciones millonarias de la Secretaría de Salud de Puebla bajo condiciones presuntamente irregulares. Además, se le ha vinculado con una red que obtenía contratos de manera directa y realizaba compras de equipo médico a precios inflados durante el gobierno del exgobernador priista Mario Marín.
Estas acusaciones han arrojado una sombra de duda sobre la integridad de los procesos de contratación en Puebla y ahora en Nuevo León. La decisión de otorgar este contrato a una empresa con un historial tan controvertido ha provocado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la adjudicación y la transparencia del gobierno estatal.
Otras contrataciones polémicas del gobierno
No es la primera vez que la administración estatal de Nuevo León adjudica contratos a empresas controvertidas. El pasado 21 de abril, se reveló que el estado, a través de Fideurb, adquirió mil toneladas de carpeta asfáltica a la empresa poblana Constructora Ahucatlán. Esta empresa, al igual que Cas Vic, fue la única participante en el concurso y no tiene historial como proveedora de dependencias públicas. Además, presenta características que la asemejan a una empresa facturera.
Este patrón de adjudicación ha intensificado las críticas hacia la administración estatal, que ahora enfrenta un mayor escrutinio público. Diversas organizaciones y ciudadanos demandan mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, especialmente en la adjudicación de contratos.
