En lugar de presentar una solución integral al problema de la movilidad urbana en Nuevo León, el gobierno del estado, encabezado por Samuel García, ha optado por una estrategia que ha generado fuerte rechazo: trasladar la responsabilidad del transporte escolar a los planteles educativos y a los propios padres de familia. Esta propuesta, impulsada por la Secretaría de Movilidad estatal, plantea una reforma a la Ley de Educación para que las escuelas —especialmente las privadas— asuman la obligación de proveer medios de transporte para sus alumnos como una medida para aliviar el tráfico vehicular en las horas pico.
La iniciativa fue presentada por Hernán Villarreal, titular de la Secretaría, y ha sido vista por múltiples legisladores como una manera de eludir la responsabilidad del gobierno estatal frente a la crisis de transporte que vive el estado. Para los diputados, esta propuesta es una maniobra más de un gobierno que, lejos de diseñar soluciones estructurales, endosa sus funciones a terceros, ya sea al Congreso, a los municipios o, en este caso, a los centros educativos y las familias.
Reforma improvisada y sin sustento
Durante la presentación de la iniciativa, Villarreal señaló que cada escuela tendría que asumir los costos y la implementación del sistema de transporte, lo que generó una ola de críticas desde el Congreso local. Legisladores de todas las bancadas, con excepción de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que se trata de una reforma apresurada, sin estudios de viabilidad y sin coordinación con el sistema educativo.
Legisladores acusaron directamente al gobierno estatal de “lavarse las manos” en materia de movilidad. “Ahora resulta que Hernán quiere que el Congreso y los planteles escolares hagamos su trabajo. ¡No señor! Póngase a trabajar y deje de ver dónde endosa sus atribuciones”, afirmó.
Omisiones del gobierno estatal
El problema no solo radica en el contenido de la reforma, sino en el abandono sistemático del sistema de transporte público, que en los últimos años ha quedado evidenciado por su ineficiencia, falta de unidades y saturación constante. Actualmente, sólo alrededor del 7% de los viajes se hacen en transporte proporcionado por la Iniciativa Privada, una cifra que refleja cómo ciudadanos, empresas e instituciones han tenido que buscar soluciones propias ante la falta de atención por parte del gobierno.
A la par, municipios como Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Apodaca y Santa Catarina han implementado rutas locales o alimentadoras para aliviar en parte la situación, asumiendo así una responsabilidad que no les corresponde del todo, pero que el estado ha sido incapaz de manejar.
A pesar de que el gobernador Samuel García ha asegurado que la movilidad es una prioridad, hasta ahora no se ha concretado un plan integral que articule a los distintos actores y niveles de gobierno, y que al mismo tiempo tenga un presupuesto claro, cronograma definido y evaluación de resultados. En cambio, se han hecho anuncios parciales, como la idea de crear carriles de alta ocupación (HOV), cuya implementación también recaería en los municipios, sin que se garantice una estrategia coordinada.
🚫 Sin un plan y solo desviando la atención, el gobierno de Samuel propuso que las escuelas y familias asuman el transporte escolar, lo que generó críticas por la informalidad. Acusan al Ejecutivo de delegar su deber de mejorar la movilidad.
— Código Regio (@CodigoRegio) July 23, 2025
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Reacciones divididas en el Congreso
Durante las discusiones legislativas, todas las bancadas rechazaron la propuesta de transporte escolar obligatorio, argumentando que no puede ponerse sobre los hombros de las escuelas una responsabilidad que compete al gobierno. Consideraron que la reforma fue hecha al vapor, sin consultar a expertos, a las instituciones educativas ni a los sectores involucrados.
Mario Soto, coordinador de Morena, señaló que es inviable aplicar este tipo de medidas sin infraestructura, presupuesto ni acuerdos interinstitucionales. Además, otra diputada agregó que la propuesta se quedó corta, pues se limitó a reformar la Ley de Educación sin tocar otras leyes complementarias necesarias para su viabilidad.
La única voz a favor fue la de Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano, quien argumentó que “hay colegios con matrículas muy costosas, donde sabemos que los padres pueden pagar el tema del transporte”, lo que generó aún más críticas por parte de quienes consideran que este razonamiento segmenta y discrimina a las escuelas por su nivel socioeconómico.
Aun si algunos colegios pudieran asumir este gasto, la mayoría de las escuelas públicas y muchas privadas de bajo costo no cuentan con recursos suficientes ni estructura operativa para implementar una flotilla de transporte escolar. Según datos oficiales, en el área metropolitana de Monterrey había hasta 2024 más de 4 mil 100 escuelas de educación básica, de las cuales mil 182 son privadas. Obligar a cada una de ellas a resolver el transporte, sin ayuda gubernamental, es considerado inviable por los especialistas.
Samuel se deslinda del problema
Más allá del debate legislativo, el fondo del problema refleja una ausencia de liderazgo del gobernador Samuel García frente a uno de los temas más sensibles para la ciudadanía: la movilidad. La propuesta de obligar a las escuelas a resolver parte del tráfico que se genera durante las horas de entrada y salida escolar no sustituye la necesidad de invertir en un sistema público eficiente, con cobertura amplia, unidades modernas y operadores capacitados.
Hasta ahora, no se han implementado soluciones reales, como la ampliación efectiva de líneas de metro, el rediseño de rutas de camiones urbanos o el uso de nuevas tecnologías de semaforización inteligente. Incluso proyectos como el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram) han quedado estancados o sin resultados visibles.
La administración estatal parece más enfocada en transferir responsabilidades que en asumir los retos que implica gobernar un estado con creciente población, alta demanda de transporte y una infraestructura insuficiente para atender la demanda actual.
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