El cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes para el mundo, y en Nuevo León la falta de acciones concretas refleja un panorama preocupante. A más de cinco años de que venciera el plazo para que los municipios cumplieran con la Ley de Cambio Climático, solo 12 de los 51 municipios han emitido su reglamento correspondiente. Esta omisión no solo muestra la falta de compromiso de los gobiernos locales, sino también la ausencia de liderazgo del gobernador Samuel García, quien ha dejado pasar la crisis ambiental sin exigir cuentas ni encabezar un esfuerzo serio de coordinación.
La ley, aprobada en octubre de 2019, establecía como fecha límite el 1 de abril de 2020 para que cada municipio aprobara su reglamento, instrumento clave para enfrentar fenómenos como la contaminación, las olas de calor y la escasez de agua. Sin embargo, más de la mitad de los ayuntamientos continúan sin cumplir, y desde el Ejecutivo estatal no se han tomado medidas para corregir este vacío.
Cambio climático sin atención por Samuel García
En la práctica, esto significa que 39 municipios no cuentan con una base legal para desarrollar estrategias de mitigación, programas de educación ambiental o sanciones a quienes incumplan con la normativa. Entre los pocos que sí han cumplido se encuentran San Nicolás, Guadalupe, San Pedro, Santa Catarina, Apodaca, Monterrey, Juárez, El Carmen, Hidalgo, Salinas Victoria, Abasolo y Zuazua, este último incorporado recientemente bajo la administración de la alcaldesa Elva Deyanira Martínez.
El rezago no es menor. Los reglamentos municipales deberían contemplar la elaboración de inventarios de emisiones contaminantes, planes de adaptación, inspecciones, medidas de seguridad y sanciones a particulares o empresas. Sin ellos, los municipios carecen de herramientas para responder a la crisis climática.
A pesar de este incumplimiento masivo, el Gobierno de Samuel García no ha impulsado mecanismos para acelerar el proceso ni ha mostrado interés en presionar a los municipios rezagados. Para activistas y especialistas, la omisión revela que el medio ambiente no es prioridad en la agenda estatal.
A cinco años y medio de que venció el plazo, sólo 12 de los 51 municipios del Estado han emitido su Reglamento de Cambio Climático.#ElNorteLocalhttps://t.co/TkCkqbhxUa
— elnortelocal (@elnortelocal) September 30, 2025
Un patrón de negligencia
La crisis por la osa Mina en el zoológico La Pastora es un ejemplo de cómo se maneja la agenda ambiental en el estado: con indiferencia y reacciones tardías. El caso del animal, que debió ser rescatado por la Profepa y trasladado a una fundación en Hidalgo tras comprobarse graves problemas de salud por negligencia, dejó en evidencia que el discurso oficial está muy lejos de traducirse en acciones concretas.
Este episodio no puede desvincularse de la falta de avances en materia de cambio climático. Ambos hechos son parte de un mismo patrón: un gobierno que privilegia la imagen y los anuncios espectaculares, mientras en la realidad los problemas ambientales se acumulan sin resolverse.
Consecuencias para la población
Las omisiones del Ejecutivo y de los municipios no son un asunto menor. La falta de reglamentos significa que gran parte del estado está desprotegido frente a fenómenos que ya se sienten en la vida diaria de los regiomontanos:
- Altas temperaturas récord, que este año han afectado la salud pública y disparado la demanda de electricidad y agua.
- Sequías prolongadas, que comprometen el abasto de agua para la población y la industria.
- Contaminación atmosférica recurrente, que coloca a Monterrey entre las ciudades con peor calidad del aire en América Latina.
- Eventos extremos, como tormentas e inundaciones, que encuentran a las autoridades sin protocolos claros de prevención.
La ausencia de políticas firmes agrava la vulnerabilidad de la ciudadanía y limita la capacidad de respuesta del estado.
Falta de liderazgo estatal de Samuel García
Aunque los municipios son responsables directos de emitir los reglamentos, corresponde al gobernador Samuel García asumir el papel de coordinador y garantizar que la ley se cumpla. Hasta ahora, esa conducción ha sido inexistente. No se han establecido sanciones para los ayuntamientos omisos ni campañas de acompañamiento que permitan acelerar la implementación de las medidas.
Para críticos y ambientalistas, esto confirma que la actual administración ha optado por relegar el cambio climático a un segundo plano, en lugar de asumirlo como un eje central de gobierno. Se privilegian proyectos de infraestructura o campañas de promoción internacional, mientras que los temas ambientales se atienden solo cuando estallan en escándalos mediáticos.
En contraste, otros estados del país han mostrado avances más significativos en la implementación de políticas locales para combatir el cambio climático, lo que evidencia que el retraso en Nuevo León responde más a decisiones políticas que a dificultades técnicas.
Un llamado pendiente
El cumplimiento de la Ley de Cambio Climático no es opcional. La legislación exige a cada municipio diseñar políticas locales de mitigación y adaptación, y le otorga facultades para aplicar sanciones y ordenar medidas de seguridad. Sin embargo, mientras 39 municipios sigan sin emitir sus reglamentos, el estado permanecerá con un marco legal incompleto e incapaz de dar respuestas efectivas.
El reto es mayor si se considera que Nuevo León es un polo industrial y urbano de gran peso en México, lo que multiplica los impactos ambientales. La omisión, tanto municipal como estatal, no solo incumple la ley, también compromete el futuro de millones de habitantes.
Array
