El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2025, cumpliendo con los plazos constitucionales tras dos años de no entregar el paquete fiscal en tiempo y forma. Sin embargo, la propuesta generó controversia al incluir un endeudamiento histórico de 17,561 millones de pesos, desatendiendo las demandas previas de los legisladores locales y los compromisos con los municipios.
La iniciativa enfrenta críticas por el bajo incremento de recursos asignados a los municipios y el rechazo a ampliar su porcentaje de participaciones federales, mientras se priorizan proyectos de infraestructura.
Endeudamiento récord y pocas concesiones
La solicitud del Gobierno estatal plantea 13,334 millones de pesos en nueva deuda, la recontratación de 327 millones de deuda actual y el refinanciamiento a 20 años de 3,900 millones de pesos en pasivos de corto plazo. Este monto supera significativamente la reducción a 14,500 millones de pesos que los diputados habían recomendado.
En cuanto a los municipios, la propuesta contempla un aumento del 8.1% en recursos, muy por debajo de los 1,700 millones de pesos que los legisladores exigieron para saldar deudas pendientes de 2023. Además, el gobernador desestimó la solicitud de aumentar el porcentaje de participaciones federales del 20% al 30%, una reforma ya en proceso de análisis legislativo.
El Tesorero estatal, Carlos Garza, justificó el endeudamiento señalando la necesidad de continuar con proyectos como las líneas 4 y 6 del Metro, la ampliación de vías al Aeropuerto y la Carretera a Colombia. Sin embargo, estas obras ya han sido financiadas en gran medida, lo que despierta dudas sobre la urgencia de los recursos solicitados.
Críticas del Congreso y panorama incierto
El Congreso de Nuevo León recibió el paquete fiscal con escepticismo. Las bancadas de oposición cuestionaron la falta de atención a las demandas de los municipios y calificaron como poco probable la aprobación del endeudamiento propuesto.
El diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas, quien preside la Comisión de Presupuesto, señaló que “el Gobierno estatal está priorizando obras que no tienen un impacto directo en los municipios más necesitados”. Añadió que el bajo incremento en las asignaciones municipales profundiza las brechas de desigualdad en el estado.
Aunque los diputados tienen facultades para modificar el presupuesto, cualquier cambio significativo podría enfrentarse a controversias constitucionales promovidas por el Ejecutivo estatal. Esto anticipa un escenario de tensiones políticas que podría prolongar la discusión hasta finales de diciembre.
Desafíos para los municipios
Los alcaldes de diferentes municipios, principalmente de las zonas rurales, han expresado su preocupación ante la falta de apoyo financiero en el presupuesto propuesto. “No podemos seguir operando con los recursos limitados que recibimos actualmente. Esta propuesta no nos permite responder a las necesidades de nuestras comunidades”, declaró un alcalde anónimo.
Por su parte, el gobernador Samuel García argumentó que “los proyectos de infraestructura son clave para el desarrollo del estado” y pidió al Congreso “altura de miras” para aprobar el presupuesto. Sin embargo, las críticas sobre la distribución desigual de recursos persisten, especialmente en un contexto donde los municipios enfrentan crecientes desafíos en materia de seguridad y servicios públicos.
El Fondo del PRIAN, destinado a municipios en 2023, sigue siendo un punto de fricción. A pesar de estar incluido en la Ley de Egresos, los 1,700 millones pendientes no se reflejan en la propuesta actual, lo que agudiza las tensiones entre el Ejecutivo y los legisladores.
