El Gobierno de Nuevo León ha encendido el debate público con la propuesta de aumentar las tarifas del transporte urbano a 17 pesos, un incremento del 41.7% que se implementaría en enero de 2025. Este planteamiento, liderado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), busca actualizar los costos después de 12 años de rezago, pero ha generado cuestionamientos debido a la falta de subsidios y medidas que mitiguen el impacto en los sectores más vulnerables.
La situación se complica aún más con el anuncio de la cancelación de la Línea 5 del Metro, que habría pasado por la avenida Eugenio Garza Sada. Según fuentes oficiales, el proyecto fue descartado debido a la oposición de los vecinos y la falta de consenso sobre su impacto en la zona. Esta decisión, junto con los retrasos en otras líneas del metro, subraya los retos de movilidad que enfrenta el estado.
Una propuesta controvertida: ¿necesaria o injusta?
La tarifa de 17 pesos, justificada por el gobierno estatal como un intento de reducir el déficit operativo, ha sido objeto de críticas por parte de usuarios y organizaciones civiles. Actualmente, el costo estimado por el IMA para mantener el servicio es de 22.88 pesos por pasajero, pero la ausencia de subsidios plantea serias preocupaciones. Este incremento podría traducirse en mayores dificultades económicas para estudiantes, adultos mayores y trabajadores de bajos ingresos, quienes dependen del transporte público diariamente.
Especialistas señalan que el alza no considera diferencias entre los camiones estatales recién adquiridos y las unidades tradicionales, muchas de las cuales operan con sistemas obsoletos y ofrecen un servicio deficiente. Además, no se han anunciado esquemas de apoyo como descuentos en transbordos o tarifas preferenciales para sectores vulnerables. Esto, según críticos, evidencia una falta de sensibilidad social en la propuesta.
“Es necesario que el gobierno evalúe otras opciones antes de trasladar la carga económica a los usuarios. Implementar subsidios o incentivos sería una medida más equitativa”, comentó un experto en movilidad urbana.
Cancelación de la Línea 5: ¿un retroceso en movilidad de Nuevo León?
Paralelamente, la cancelación de la Línea 5 del Metro representa un golpe significativo para los planes de expansión del sistema de transporte en Monterrey. Este proyecto había sido planteado como una solución para descongestionar una de las avenidas más transitadas de la ciudad y mejorar la conectividad en el sur del área metropolitana. Sin embargo, la oposición de residentes de la zona y la falta de consenso entre las partes involucradas llevaron al gobierno a desistir del plan.
Vecinos argumentaron que la construcción afectaría la dinámica urbana y provocaría problemas como el incremento del tráfico y la pérdida de áreas verdes. Aunque las autoridades intentaron negociar, el desacuerdo terminó por frenar un proyecto que habría beneficiado a miles de usuarios.
Esta cancelación se suma a los atrasos en la construcción y operación de otras líneas del metro. Actualmente, el desarrollo de nuevas rutas enfrenta limitaciones presupuestarias, retrasos en obras y poca claridad sobre los plazos de entrega. Para muchos, estos problemas reflejan una falta de visión integral en la política de movilidad estatal.
Un panorama complicado para los usuarios
En este contexto, los usuarios del transporte público en Nuevo León enfrentan un panorama cada vez más incierto. El incremento tarifario y la cancelación de proyectos como la Línea 5 dificultan aún más la movilidad en una ciudad donde ya existen carencias significativas en infraestructura y servicio. Actualmente, Monterrey cuenta con solo 6.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, muy por debajo de los 9 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto subraya la necesidad de políticas más inclusivas y sustentables.
Además, la falta de avances en proyectos clave, como las nuevas líneas del metro, pone en duda la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas de mejorar la movilidad. Los regiomontanos no solo exigen tarifas justas, sino también un servicio de calidad que responda a las necesidades de una población creciente y en constante movimiento.
Array
