En uno de los mayores golpes al robo de combustible en Nuevo León, las autoridades federales realizaron un impresionante decomiso de 1.2 millones de litros de diésel robado en el municipio de Allende. La operación, encabezada por instancias federales, deja en evidencia la preocupante capacidad de operación del huachicol en el estado, a escasos kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey.
El aseguramiento se realizó tras un cateo a un predio que funcionaba como bodega clandestina de combustible, donde además de los hidrocarburos fueron localizados tractocamiones, pipas, tanques de almacenamiento y equipo especializado. El despliegue de las fuerzas federales volvió a poner sobre la mesa el cuestionamiento sobre la efectividad de las autoridades estatales en el combate al crimen organizado dentro de su propio territorio.
Operativo federal sin participación estatal
La intervención fue llevada a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Fuerza Civil. Según informes oficiales, el cateo se ejecutó tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar el centro de operaciones clandestino en la colonia El Maguey, en Allende, una zona cercana a las principales carreteras estatales.
A pesar de la magnitud del decomiso, el operativo concluyó sin detenidos. Las autoridades no han detallado si existen órdenes de aprehensión pendientes o investigaciones adicionales en curso para ubicar a los responsables de operar la bodega ilegal.
Durante la intervención, realizada el pasado martes, además del combustible se aseguraron tres tractocamiones, diez pipas, diez contenedores móviles, seis tanques de almacenamiento, dos bidones de mil litros y un tambo de 200 litros, así como cuatro bombas despachadoras que presuntamente servían para abastecer vehículos directamente en el sitio.
En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, elementos del Gabinete de Seguridad @SSPCMexico @Defensamx1,@SEMAR_mx @FGRMexico @FiscaliaNL y @FuerzaCivil_NL cumplimentaron una orden de cateo en el municipio de Allende, Nuevo León, donde aseguraron… pic.twitter.com/bxKHfCP8ho
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 19, 2025
El crimen operaba sin ser detectado
El hallazgo de esta bodega de huachicol expone la capacidad operativa del crimen organizado en Nuevo León, que logró almacenar y movilizar cantidades industriales de combustible robado durante un periodo indeterminado sin ser detectado por las autoridades estatales.
El predio se localiza a escasos metros de la Carretera Cadereyta-Allende, un corredor estratégico por donde diariamente circulan decenas de tráileres y unidades de transporte de carga. La cercanía con los principales accesos carreteros del estado facilitaba la distribución del combustible robado, tanto para el mercado local como posiblemente para rutas de trasiego más amplias.
De acuerdo con el Gobierno Federal, estas instalaciones clandestinas representan un riesgo adicional para la población, no solo por la actividad criminal en sí, sino por las condiciones de almacenamiento precarias, que podrían generar explosiones o fugas contaminantes.
Sin resultados estatales ante el huachicol
Este golpe federal vuelve a poner en tela de juicio el discurso del gobernador Samuel García, quien insiste en presentar cifras positivas en materia de seguridad. Mientras la administración estatal presume mejoras, es la Federación la que ha tenido que intervenir directamente para contener el crecimiento de las redes de robo de hidrocarburos en el estado.
Las cifras oficiales demuestran la magnitud del problema: en lo que va de 2024, la Fiscalía General de la República ha asegurado un total de 2.46 millones de litros de combustible robado en Nuevo León, casi duplicando los decomisos del año anterior, cuando se incautaron 1.9 millones de litros.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, destacó la relevancia del operativo como parte del Plan Nacional contra el Robo de Combustible, que busca desmantelar las células criminales dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos en diversas entidades del país.
Aunque las investigaciones continúan, hasta el momento no hay reportes de presuntos responsables detenidos, ni pronunciamientos oficiales por parte del gobierno estatal de Nuevo León sobre el hallazgo. La ausencia de reacción por parte de las autoridades locales alimenta aún más el debate sobre el papel pasivo que ha asumido el Estado en la vigilancia de estas zonas.
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