El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, se encuentra en el centro de una tormenta política y mediática luego de que la Auditoría Superior del Estado detectara graves irregularidades en la cuenta pública de 2022, mismas que ascienden a 500 millones de pesos. La magnitud de estas observaciones ha generado que en el Congreso local se hable abiertamente de iniciar un juicio político en su contra, lo que podría marcar un precedente en la política municipal de Nuevo León.
Entre los señalamientos más delicados aparecen pagos realizados a empresas sin contratos localizables, obras inconclusas o hechas con materiales de mala calidad, así como servicios contratados que carecen de bitácoras o comprobaciones técnicas. Esta situación ha levantado serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos y sobre la capacidad administrativa del edil morenista.
Irregularidades en la cuenta pública
La polémica comenzó cuando la Auditoría Superior del Estado entregó las observaciones a la cuenta pública 2022 del municipio de Santa Catarina. Según el informe, existen múltiples inconsistencias que juntas suman un faltante de 500 millones de pesos.
Uno de los ejemplos más llamativos es el contrato por arrendamiento de ambulancias, servicios de laboratorio y pruebas antialcohólicas, cuyo monto asciende a más de seis millones de pesos. Las observaciones señalan que el capital social de las empresas involucradas no coincide con el valor de los contratos y que no se presentaron bitácoras de servicio que comprobaran la prestación real de los mismos.
Otro caso que ha generado polémica es el pago de ocho millones de pesos por un servicio de cartografía que, según el informe, carecía de un contrato vigente. Para los legisladores y actores políticos que siguen el caso, estas anomalías reflejan un patrón de opacidad y falta de control en el uso de recursos públicos.
Congreso analiza juicio político
El diputado Miguel Lechuga, integrante del PAN, fue quien dio a conocer públicamente que solicitará al Congreso local rechazar la cuenta pública de Jesús Nava y avanzar en un proceso de juicio político.
Durante una rueda de prensa, el legislador explicó que pedirá a la Comisión Quinta de Hacienda que rechace el informe presentado por el municipio y que la Auditoría Superior del Estado interponga las denuncias correspondientes contra el alcalde y los servidores públicos involucrados.
“Vamos a solicitar al Pleno y a la Comisión Quinta de Hacienda que se rechace la cuenta pública 2022. Posteriormente, exigiremos que la Auditoría Superior presente las denuncias contra los responsables, empezando por el alcalde Jesús Nava. Y finalmente pediremos el juicio político para que explique a los ciudadanos dónde están esos 500 millones de pesos”, declaró Lechuga.
La declaración encendió aún más el debate en la opinión pública, pues Santa Catarina ha sido un municipio marcado en los últimos años por acusaciones relacionadas con la gestión de sus recursos y el uso de terrenos destinados a espacios públicos.
Obras inconclusas y servicios dudosos
Las observaciones no se limitan a servicios administrativos, también involucran obras públicas inconclusas o realizadas con materiales de baja calidad, lo que ha generado inconformidad entre la ciudadanía.
En varios sectores de Santa Catarina se reporta que proyectos anunciados con recursos municipales no fueron concluidos, o bien, presentaron deficiencias poco tiempo después de su inauguración. Esta situación refuerza la percepción de que el dinero público no ha sido utilizado con transparencia ni eficiencia.
Además, los señalamientos de la Auditoría apuntan a que se habrían simulado contratos o pagos a proveedores sin que existiera la prestación real de los servicios, lo cual constituye un foco rojo en materia de fiscalización.
Contexto político y reacciones de Jesús Nava
Jesús Nava, quien llegó a la alcaldía bajo las siglas de Morena, enfrenta ahora uno de los momentos más complicados de su administración. No es la primera vez que su gestión queda bajo la lupa, ya que en meses recientes fue cuestionado por la venta de terrenos que estaban destinados a parques públicos, lo que generó descontento entre vecinos y colectivos ciudadanos.
La posibilidad de un juicio político coloca al alcalde en una situación vulnerable, no solo por lo que representa en términos legales, sino también por el impacto en su credibilidad de cara a la opinión pública. Para sus críticos, este caso confirma una falta de transparencia y de compromiso con el manejo responsable de los recursos municipales.
Mientras tanto, ciudadanos y grupos opositores exigen respuestas claras. Consideran que la magnitud del monto observado, equivalente a medio millar de millones de pesos, no puede pasar desapercibida ni justificarse con simples errores administrativos.
La presión política va en aumento y será en los próximos días cuando el Congreso de Nuevo León determine los pasos a seguir en este proceso que podría tener repercusiones históricas para el municipio de Santa Catarina.
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