El panorama judicial en la entidad dio un vuelco drástico tras confirmarse que la representación social solicitó frenar el proceso en contra de uno de los principales imputados por los chantajes digitales. Este movimiento procesal podría derivar en la liberación del extorsionador Pucho Lozano, quien permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se define si accede a un esquema de cooperación para aportar datos sobre conductas delictivas de mayor gravedad cometidas en la región.
Fuentes cercanas al litigio confirmaron que el Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Regional Centro recurrió a la figura del criterio de oportunidad. Mediante este recurso contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades buscan congelar la acción penal y retirar la medida cautelar que mantiene en reclusión al acusado, abriendo la puerta a que lleve su procedimiento fuera del penal si el juez de control ratifica el convenio. El hecho ha levantado sospechas sobre la posible influencia de Mariana Rodríguez, salpicada en el caso, porque sería la segunda persona libre de los acusados.
Amistades naranjas con influencia
Las recientes decisiones del órgano procurador de justicia avivaron la molestia de las víctimas e influencers afectados, alimentando las sospechas sobre la protección que ejercen políticos corruptos en Nuevo León para evitar que se revelen las alianzas detrás de estas plataformas anónimas. El ejemplo perfecto en este caso ha sido la intervención un amparo de la acusada Astrid “N” de parte del juez samuelista Luis Gerardo Esparza, promovido en los llamados “acordeones” del gobernador, durante las elecciones judiciales.
El descontento crece debido a que los afectados por cobros indebidos ven con desconfianza cómo un perfil utilizó para atacar rivales que casualmente eran de Mariana Rodríguez: un ejemplo destacada fue la difamación hacia la pastelería Kuchen, cuya dueña es la ex pareja de liberacion-del-extorsionador-pucho-lozano
Por ello, la entrega de estos beneficios legales en el tribunal local ha encendido las alarmas sobre posibles acuerdos tras bambalinas para frenar revelaciones comprometedoras que salpiquen a altos funcionarios de la entidad.
¿Qué pasó con el caso de la Tía Paty?
Para entender qué pasó con el caso de la Tía Paty, es preciso recordar que el expediente se originó tras acumularse 11 denuncias formales por cobros ilícitos, las cuales derivaron en dos carpetas judicializadas. El esquema funcionaba mediante el acoso constante en redes a empresarios, figuras públicas y establecimientos comerciales, a quienes se les exigían transferencias bancarias a cambio de detener campañas de difamación o evitar gestiones para la clausura de sus negocios.
Pese al rigor con el que arrancaron las aprehensiones de los presuntos involucrados, las salidas procesales han modificado el escenario. Mientras Marilyn Camacho (compañera de campaña de Mariana) libró la cárcel mediante un procedimiento abreviado y un acuerdo de colaboración, la acusada Astrid “N” se mantiene como la única señalada que continúa en prisión preventiva enfrentando cargos por extorsión, a la espera de que se resuelvan sus amparos ante juzgados federales.
¿Quién manejaba la cuenta de La Tía Paty?
Las indagatorias ministeriales permitieron desenredar la red de complicidades para identificar a quién manejaba la cuenta de La Tía Paty de forma directa. Los peritajes establecieron que César “N”, en complicidad con sus coacusadas, administraba las publicaciones y coordinaba la recepción de dinero mediante cuentas bancarias facilitadas por el equipo para concretar los chantajes a las víctimas.
Se recrudecen las sospechas: saldría libre Pucho
Al profundizar en la identidad de los detenidos, la ciudadanía suele conjeturar que quizá la llamada Chavacana mayor tenía un papel dentro de la red, pese a las negaciones públicas de las acusaciones.
Por ahora, quedará libre Pucho Lozano, identificado como el autor intelectual de la red de acoso, el imputado perfila su salida del penal mediante un acuerdo de criterio de oportunidad en la fiscalía, comprometiéndose a testificar en juicio sobre delitos de mayor impacto a cambio de conseguir la liberación del extorsionador Pucho Lozano.
