El número de extorsiones registradas en Nuevo León continúa en aumento, generando preocupación entre el sector empresarial. De acuerdo con datos presentados por la Coparmex Nuevo León, este la extorsión creció un 15 por ciento durante el primer semestre del año, situación que coloca al estado entre los que más denuncias registran a nivel nacional.
El organismo patronal hizo un llamado urgente a las autoridades para actuar con firmeza ante lo que calificaron como una amenaza directa contra el desarrollo económico. En un pronunciamiento emitido el 9 de julio, la Coparmex exigió coordinación interinstitucional, leyes más efectivas y protección real para las víctimas.
Con base en cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reportaron 480 carpetas de investigación por extorsión en los primeros seis meses del año. Esta cifra pone en evidencia que el delito no solo persiste, sino que está creciendo, afectando tanto a negocios como a ciudadanos.
Empresarios Exigen Medidas Concretas Contra La Extorsión
Durante la presentación del informe, Roberto Cantú Alanís, presidente estatal de la Coparmex, señaló que la extorsión representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico de la región. Afirmó que muchos negocios se enfrentan a amenazas constantes, ya sea mediante llamadas intimidatorias o cobros ilegales conocidos como “derecho de piso”.
“El daño no es sólo económico. Es emocional, legal y social”, apuntó el líder empresarial. Por ello, pidió que se implementen políticas públicas que protejan realmente a las víctimas, sin ponerlas en riesgo al obligarlas a denunciar sin garantías.
La Coparmex criticó que aún existan vacíos legales y falta de claridad en los protocolos de atención, lo cual desalienta a las personas extorsionadas a presentar denuncias. En muchos casos, señaló, los afectados optan por pagar para evitar represalias, lo que fortalece a las redes criminales.
Nuevo León Entre Los Estados Con Más Casos
Según los datos difundidos, Nuevo León acumuló 480 denuncias por extorsión en el primer semestre de 2024. Esta cifra coloca a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a incidencia de este delito.
El informe detalla que los casos se presentan tanto en zonas urbanas como rurales, afectando a pequeños comerciantes, emprendedores y empresas consolidadas. El cobro de cuotas y las amenazas vía telefónica son las formas más comunes en que se presenta este delito.
Para la Coparmex, esta situación requiere una respuesta urgente de los tres niveles de gobierno. Insistieron en que no basta con declaraciones, sino que se necesitan acciones sostenidas, con recursos y capacidad operativa real para frenar la extorsión.
¿Qué Propone Coparmex Para Combatir La Extorsión?
Ante el panorama, la Coparmex propuso un paquete de seis acciones concretas para combatir el avance de la extorsión en el estado. Las medidas buscan atacar el problema desde lo legal, lo preventivo y lo operativo.
- Homologar la legislación local con la Ley General contra la Extorsión.
- Diseñar protocolos específicos para extorsión telefónica y cobro de piso.
- Impulsar las denuncias, protegiendo a las víctimas.
- Establecer mecanismos de apoyo legal y psicológico.
- Crear estrategias tecnológicas para rastrear redes, congelar cuentas y bloquear líneas.
- Revisar el control al interior de los centros penitenciarios, de donde en muchos casos provienen las llamadas.
Estas medidas, señalaron, deben formar parte de un plan de seguridad estatal que incluya a la iniciativa privada, al Poder Legislativo y a las autoridades municipales y federales. Solo con una estrategia coordinada será posible contener el crecimiento de este delito.
La Impunidad Como Factor De Riesgo
La Coparmex también advirtió que la impunidad sigue siendo un incentivo para que estos delitos se sigan cometiendo. Al no existir consecuencias claras para los responsables, las redes criminales se sienten con libertad para seguir operando.
Además, señalaron que muchos de los casos tienen origen en centros penitenciarios, lo que demuestra fallas en los sistemas de control y vigilancia. Aseguraron que sin una intervención directa del Estado en estos puntos, será difícil contener el problema.
El organismo finalizó su pronunciamiento llamando a construir un frente común entre autoridades, ciudadanía y sector privado. Aseguraron que si no se actúa con determinación, el problema seguirá creciendo y afectando la economía, la seguridad y la confianza social.
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