Las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre el viaducto elevado proyectado en Morones Prieto, han encendido un debate sobre la falta de claridad y congruencia en la planeación de infraestructura estatal. Lo que comenzó como un proyecto ampliamente difundido desde la oficina del Ejecutivo hoy es presentado como una propuesta “privada” que, según el mandatario, “nunca fue del Estado”.
El viraje en el discurso ha sorprendido tanto a la ciudadanía como a expertos en urbanismo y movilidad. Más allá del fondo técnico de la obra, el tema de fondo es la contradicción entre los hechos documentados y el nuevo relato oficial, una situación que ha dejado en entredicho la consistencia con la que el gobierno toma decisiones de alto impacto público.
De promoción abierta a deslinde total
A mediados de 2023, Samuel García presentó el viaducto como parte de su paquete de proyectos estratégicos ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En esa ocasión, el mandatario estatal lo incluyó explícitamente en su programa de obra pública y lo defendió con firmeza frente a las críticas ciudadanas.
Incluso, en octubre del mismo año, respondió de manera despectiva a los cuestionamientos de activistas y expertos, llamándolos “loquitos y loquitas”, y prometiendo que no escucharía a quienes se oponían al segundo piso de cuota en Morones Prieto. El 3 de septiembre realizó un recorrido para anunciar el inicio de estudios técnicos y sondeos necesarios para gestionar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para el arranque legal de cualquier proyecto de ese tipo.
El trámite fue presentado de manera formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la Red Estatal de Autopistas, un organismo público. Esto confirma que no solo hubo intención, sino que el proceso se encontraba en una fase activa de preparación y validación.
Sin embargo, durante una reciente reunión de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), Samuel García aseguró que el proyecto nunca fue impulsado por su administración y que en realidad se trataba de una propuesta privada que no continuará por razones logísticas. “Lo más probable es que no vaya”, dijo. “Es un proyecto privado, no es del Estado”.
El Mundial, la nueva excusa de Samuel Garcia
Uno de los argumentos que el gobernador dio para rechazar la ejecución del viaducto fue su preocupación por el tráfico que provocaría durante el Mundial 2026. Afirmó que mantener cerrada una arteria como Morones Prieto durante un evento internacional sería un “colapso” para la movilidad de la ciudad.
Si bien es cierto que una obra de gran magnitud en un eje vial estratégico generaría afectaciones, el motivo de cancelación resulta poco convincente para muchos ciudadanos, que recuerdan que los estudios y anuncios comenzaron hace más de un año, y en plena conciencia de que el Mundial se celebraría en ese mismo periodo.
Para críticos del proyecto, esta justificación no hace más que reforzar la percepción de improvisación e inconsistencia, ya que el análisis del impacto vial debió haberse contemplado desde la etapa inicial. También cuestionan por qué se habrían iniciado trámites formales ante la Semarnat si realmente no era un proyecto estatal.
Tras promover durante dos años el viaducto elevado de Morones Prieto, ahora Samuel García dice que es un proyecto particular y se deslinda.#ElNorteLocalhttps://t.co/ZqfsJEoxkS
— elnortelocal (@elnortelocal) June 10, 2025
Declaratoria ambiental y contradicción institucional
La controversia se intensificó cuando, apenas días antes de que Samuel García anunciara que el viaducto “no va”, su propio gobierno declaró que el Río Santa Catarina se convertiría en Área Natural Protegida, lo que impediría cualquier tipo de obra o intervención dentro de su cauce.
Esta decisión fue celebrada por colectivos ambientales, pero también generó confusión, ya que el trazado del viaducto contemplaba precisamente cruzar parte del cauce del río. La incongruencia entre declarar una zona protegida y, al mismo tiempo, promover una obra que la afectaría directamente, reforzó las críticas hacia el doble discurso de la administración estatal.
Aunque ahora el mandatario asegura que nunca se planteó oficialmente el viaducto, las acciones previas del gobierno estatal lo contradicen, y sugieren que la cancelación obedece más a razones políticas que técnicas. Colectivos como Pueblo Bicicletero, así como especialistas en urbanismo, han señalado que el gobierno ha manejado el proyecto con opacidad y sin suficiente respaldo técnico.
El fondo: política de obras sin rumbo
El caso del viaducto en Morones Prieto es un ejemplo claro de cómo las grandes obras públicas en Nuevo León siguen estando sujetas más al cálculo político que a una visión de ciudad. La cancelación repentina, justificada con un argumento circunstancial, revela la ausencia de un plan maestro de movilidad metropolitana que priorice la sostenibilidad, la transparencia y la participación ciudadana.
El cambio de discurso también ha tenido un costo en términos de confianza pública. La ciudadanía no solo exige obras funcionales, sino coherencia institucional, claridad en las decisiones y rendición de cuentas. Si el viaducto era un proyecto privado, como ahora asegura el gobernador, ¿por qué fue presentado como parte del plan de obra pública y se iniciaron trámites oficiales?
Esta falta de claridad daña la credibilidad de las instituciones y deja un precedente preocupante: que un proyecto puede ser impulsado, promovido y defendido por el gobierno… hasta que deja de convenir políticamente.
Para urbanistas y organizaciones civiles, el verdadero reto no es solo frenar obras controversiales, sino cambiar la forma en que se conciben, planifican y comunican los proyectos urbanos. La movilidad en la zona metropolitana requiere de respuestas integrales, sostenidas y con visión de largo plazo, no de proyectos improvisados que se abandonan cuando ya no son políticamente rentables.
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