El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado una investigación formal contra el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, así como contra el partido Movimiento Ciudadano (MC), por presuntas irregularidades cometidas durante el reciente proceso de elección judicial. Las acusaciones giran en torno a un esquema conocido como “Operativo Acordeón”, mediante el cual se habría buscado influir ilegalmente en los resultados electorales. A pesar de la existencia de testimonios, videos y múltiples denuncias, tanto el gobierno estatal como el partido involucrado niegan su participación.
La controversia ha generado preocupación entre observadores electorales y ciudadanos, al considerar que este caso podría marcar un precedente grave en la relación entre el poder Ejecutivo estatal y los procesos de selección de jueces, considerados clave para la impartición de justicia en el país.
El “Operativo Acordeón”, bajo la lupa
De acuerdo con lo informado por el INE, la investigación surge a partir de 29 denuncias formales que apuntan a la existencia de un esquema de inducción del voto mediante la distribución de “acordeones”, es decir, listas con nombres de los candidatos que los votantes —en este caso, trabajadores del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García— debían marcar en las boletas. Dichos candidatos estaban identificados como afines a Morena y Movimiento Ciudadano, en una estrategia que presuntamente tuvo el respaldo de autoridades estatales.
Una de las denuncias más graves refiere que empleados públicos fueron presionados para asistir a juntas de capacitación, en las cuales se les instruía sobre cómo votar y a quién apoyar. Algunas de estas reuniones, incluso, habrían tenido lugar en instalaciones vinculadas al partido MC.
El contenido de estas reuniones fue expuesto por una periodista infiltrada, quien logró documentar parte del proceso y confirmar que los asistentes recibieron hojas impresas con los nombres de los candidatos recomendados. El material obtenido fue difundido por medios nacionales y se convirtió en parte del expediente que actualmente analiza el instituto electoral.
Berrinche y devastación.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 4, 2025
A Samuel García le falló Operación Acordeón, no pudo colar favoritos a SCJN y no votó en elección PJ porque regios la desairaron.
Mientras trae asuntos anti ecológicos en Guadalupe.
Parque del Agua y 13 torres junto a Estadio de Rayados y Río La Silla. pic.twitter.com/63OC0lARq7
Samuel García lo niega, pero las pruebas existen
Durante una sesión informativa, Hugo Patlán, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, confirmó que tanto Movimiento Ciudadano como funcionarios del gobierno estatal negaron haber participado en cualquier operativo de inducción del voto. Sin embargo, el funcionario también aclaró que la investigación no ha concluido, y que aún se están recopilando elementos para determinar si existió una falta administrativa o, incluso, la posible comisión de delitos electorales.
“La investigación sigue en curso y será turnada a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será la instancia encargada de determinar si existió alguna ilegalidad y qué sanción corresponde”, explicó Patlán.
Aunque no se dio un plazo específico para la resolución del caso, el funcionario indicó que las denuncias incluyen videos, testimonios, documentos y otros indicios que respaldan las acusaciones. Entre las personas señaladas se encuentran servidores públicos activos y legisladores vinculados a Movimiento Ciudadano.
El caso no se limita a Nuevo León. Patlán reveló que también se investigan situaciones similares en la Ciudad de México, lo que sugiere que el fenómeno podría tener una dimensión más amplia de lo inicialmente previsto.
Posibles consecuencias y reacción ciudadana
La gravedad de las acusaciones ha provocado una respuesta en diversos sectores sociales y políticos. Para organizaciones civiles y activistas por la transparencia electoral, el uso de presión política e institucional para manipular un proceso de designación judicial representa una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, sectores de la oposición han cuestionado la postura del gobernador Samuel García, quien ha evitado emitir declaraciones claras sobre el tema. En redes sociales, usuarios han exigido rendición de cuentas y han denunciado lo que consideran una utilización del aparato estatal con fines partidistas.
Por su parte, el INE confirmó que todos los casos relacionados con el “Operativo Acordeón” también fueron turnados a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que podría determinar si existen elementos para abrir carpetas de investigación penal contra los responsables.
Mientras tanto, los ciudadanos de Nuevo León esperan que el caso avance con transparencia y que, de confirmarse las irregularidades, se apliquen sanciones ejemplares para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a repetirse.
La investigación se ha convertido en uno de los temas más comentados en el ámbito político local, al coincidir con un contexto nacional en el que crece la preocupación por el uso indebido de recursos públicos en procesos electorales. La confianza en las instituciones democráticas está en juego, y el desenlace de este caso podría convertirse en un parteaguas para el futuro de la vida pública en Nuevo León.
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